Las cúpulas sindicales por fin se estabilizan

Con el plan de estabilización que convertía a miles de docentes interinos en nuevos funcionarios de carrera sin haber superado ninguna oposición, Martí March dejaba una bomba de relojería que acaba de explotar en la cara del actual conseller de Educación, Toni Vera. Con March a buen recaudo en la alcaldía de Pollença, quien se va a llevar la peor parte van a ser los sindicatos docentes, ya de por sí desacreditados y con una alarmante crisis de representatividad, como se demostró en los últimos comicios sindicales de diciembre de 2022 que dispararon la abstención hasta el 55%.

Los sindicatos, tan sumisos con la izquierda como levantiscos con la derecha, no se atrevieron a rechazar la propuesta de March que, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea y el ministro Iceta, generó desde el primer momento estupor entre los funcionarios de carrera. Con el objetivo último de reducir el número de interinos la Ley, en primera instancia, contemplaba dos vías distintas para acometer el plan estabilizador. La primera planteaba a los interinos un concurso-oposición más fácil donde suspender la parte teórica o práctica del examen no era ya eliminatorio. La segunda vía, considerada excepcional, consistía en un mero concurso de méritos. Como desgraciadamente ocurre en todos los terrenos de la política española, los socialistas optaron por hacer de la excepción la norma, dando paso a la funcionarización directa de 2.600 interinos en Baleares.

Ante la situación, los funcionarios de carrera tacharon la medida de arbitraria y de ataque a la meritocracia, una piedra miliar que, si en alguna parte está consagrada como principio, es en la Administración pública. A medida que se iba conociendo y desarrollando el plan, el estupor inicial fue dando paso a un profundo y creciente malestar.

Desde 2022 se ha ido incubando entre los funcionarios por oposición una mezcla de malestar y disconformidad que hasta hace unas semanas se traducía en algún que otro exabrupto o falta de respeto, o en algún ataque verbal en las reuniones de claustro contra los estabilizados. La reciente publicación de los resultados provisionales del concurso de traslados de 2024 ha abierto la caja de los truenos, dando paso a un descarnado enfrentamiento entre funcionarios estabilizados (los antiguos interinos) y los funcionarios por oposición, entre cuyas filas están alineados los todavía funcionarios en prácticas que aprobaron la oposición el verano pasado.

La nueva baremación nacional reconoce a los estabilizados todos los méritos acumulados durante su carrera docente como interinos como es la antigüedad, de modo que ahora mismo tendrían más puntaje que algunos funcionarios por oposición. No digamos ya frente a los opositores del 2023. El concurso de traslados ha alumbrado que los antiguos interinos estabilizados se lleven las plazas más cotizadas (las más cercanas a Palma o en la isla de Mallorca) a costa de los nuevos opositores que seguirán en prácticas hasta septiembre de 2024 cuando sean nombrados ya funcionarios de carrera. Es más, algunos interinos estabilizados tendrían incluso más puntos que algunos funcionarios de carrera ya veteranos. La mayoría de opositores de 2023 se han tenido y tendrán que desplazar a las islas menores con todo lo que ello supone, mientras los interinos estabilizados se han quedado con la parte del león.

Los funcionarios por oposición se quejan ahora de que ignoraban las «reglas del juego» cuando se dio el pistoletazo de salida al plan de estabilización, unas «reglas» que, critican, sólo conocían el conseller March y unos sindicatos silentes y obedientes que tampoco se opusieron, entre otras razones, porque sus propias cúpulas han salido muy beneficiadas de todo este plan. Los funcionarios por oposición dicen ahora que de haber conocido las reglas del juego se habrían movilizado contra el plan en su momento. Lo cierto es que nunca, pase lo que pase, los maestros se movilizan contra la izquierda gobernante, aunque caigan chuzos de punta, como hemos comprobado de nuevo durante el octenio de Martí March que se ha permitido ningunearles y machacarles sin piedad sin ninguna consecuencia política.

Hay otra razón de fondo por la que los sindicatos habrían aceptado sin rechistar el controvertido plan de estabilización y ha sido su estrecha relación con los interinos que nutren sus bases de afiliados. Históricamente, los sindicatos han sido los grandes defensores de los interinos docentes a quienes ofrecían protección -los planes de estabilización se remontan a la primera legislatura de Jaume Matas- a cambio de votos y adhesión inquebrantable. Frente a los aspirantes a ingresar al cuerpo de docente, estos planes de estabilización, que han bendecido automáticamente todos los consejeros, no hacían sino preservar los derechos adquiridos y los intereses creados de unos interinos que, en el caso de los más antiguos, tenían más ventajas que los propios funcionarios como la de elegir y cambiar de centro con mayor facilidad.

Nada de lo que es ahora la educación pública balear puede entenderse sin el concurso capital de los sindicatos a la hora de marcar las políticas educativas del Govern. Y nada del poder sindical puede entenderse sin el papel crucial de los interinos, ahora ya funcionarios en su mayor parte. Está por ver quién nutrirá la militancia de los sindicatos ahora que, si me permiten el símil marxista, el proletariado docente se ha aburguesado y ya tiene otras aspiraciones.

Los efectos retardados del plan de estabilización forman parte de la herencia envenenada de Martí March. Suma y sigue en el haber de March, lo que vuelve a demostrar que toda enseñanza es susceptible de empeorar en manos de un catedrático de pedagogía. Entretanto, la que estaba llamada a ser su sucesora, la diputada Amanda Fernández, sigue impasible en su propósito de recitarnos sus obras completas todos los martes.