Bruselas no respira: después de Trump, Mercosur

A la oligarquía europea se le acumulan las malas noticias. Cuando en el Foro de Davos, Donald Trump retiraba sus amenazas sobre imposición de aranceles a las naciones que respalden a Dinamarca en su defensa de Groenlandia y anunciaba que no tomaría la isla por la fuerza, el Parlamento Europeo aprobaba la suspensión de la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea redacte un dictamen sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios.

Este trámite puede retrasar hasta dos años la entrada en vigor del acuerdo, que se ha negociado durante un cuarto de siglo entre técnicos y en unas condiciones pasmosas, sorprendido por su secretismo. El objetivo principal es la reducción en el 91% de los aranceles a los productos que la UE exporta a Mercosur (Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela), mientras que la UE rebajaría los suyos en el 92%. Las principales exportaciones de Mercosur a la UE consistirían en carnes, azúcar, soja y otros alimentos, así como servicios de bajo valor añadido.

Las protestas de los maltratados agricultores europeos y el miedo de los políticos franceses y polacos a perder votos han llevado a Macron y Tusk, caracterizados por su adhesión al globalismo y todos sus tópicos, incluidas las bondades del libre comercio, a oponerse a este tratado. Además, 43 de los casi 190 eurodiputados del Partido Popular Europeo se unieron a la moción, con lo que ésta se aprobó, a pesar del enfado de los alemanes de la CDU.

Otra barrera que se ha roto es la separación entre izquierda y derecha. La moción, presentada por las extremas izquierdas, recibió el respaldo no sólo de esos parlamentarios del PPE, sino también de Patriots (donde se encuentra VOX) y de ECR. Esta victoria responde a un apoyo transversal. La unidad en el núcleo duro del Parlamento, que reeligió a Ursula von der Leyen, formado por populares, socialistas, liberales y verdes, se resquebraja, y el más dañado es el PPE, sobre todo sus secciones francesa, alemana y austriaca, porque los partidos identitarios están atrayendo parte de su electorado.

Respecto a los españoles, votaron en contra los eurodiputados del PP, el PSOE, PNV, Junts y dos de los tres elegidos en la lista de Se Acabó la Fiesta. A favor lo hicieron los de VOX, Sumar, ERC y BNG. Y no emitieron su voto por ausencia Irene Montero, Isabel Serra y Jaume Assens (los tres de Podemos), Alvise Pérez y Pernando Barrena, de EH Bildu.

El canciller alemán, Friedrich Merz, cuyo partido está integrado en el PPE, junto con el PP español, mostró en Davos su desprecio a los diputados y, por tanto, a sus electores: «La decisión del Parlamento Europeo sobre el acuerdo del Mercosur es lamentable. No interpreta correctamente la situación geopolítica. Estamos convencidos de la legalidad del acuerdo. Basta de demoras. El acuerdo debe aplicarse ahora de forma provisional».

Y es que la casta europeísta pretende usar el acuerdo UE-Mercosur como un arma para rivalizar con Estados Unidos y hasta con China. Primero, porque vincularía Europa y Sudamérica mediante el comercio, bloqueando la penetración de chinos y norteamericanos en esta última, dadas las ventajas concedidas a las empresas y los bancos de la UE. Y, también, porque las empresas mineras de los 27 tendrían preferencia en la extracción de litio, silicio y grafito para la dichosa «transición energética».

Otro cálculo, que espolea a Merz, es el del mercado que se abriría a la industria alemana, en declive por, entre otros motivos, el intocable Plan Verde. Los ejecutivos de las empresas automovilísticas, farmacéuticas y químicas germanas suspiran por vender sus productos a brasileños y argentinos, y con trasladar las fábricas a lugares con menos requisitos medioambientales y sin sindicatos. Lo mismo que ya ocurrió con la apertura económica de la China comunista: fábricas y empleos para los chinos y pobreza y despidos para los europeos.

Si el escudo anti-Trump y las ventas de coches alemanes exigen el sacrificio de los agricultores, de la soberanía alimentaria (vital en una crisis mundial o en una pandemia) y de la salud de los europeos, ese precio lo pagarán con gusto los burócratas, los políticos y los directivos de las multinacionales. Como no se trata de sus vidas…

Pero al plan sin fisuras se le agrandan éstas. La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, afirmó que si Von der Leyen impusiera la aplicación provisional, se trataría de «una forma de violación democrática». Sin embargo, otros Gobiernos se han unido a Bruselas y a Berlín, como el español.

El Gobierno de Sánchez es uno de los principales fautores del acuerdo, aunque se desconoce qué ganará España con él, pues los barcos (muy contaminantes, por cierto) que traigan productos agrícolas y minerales atracarán en Rotterdam o Amberes antes que en Algeciras o Vigo, y apenas exportará productos industriales, pues éstos ya no se fabrican en el país.

Según declaró el ministro Carlos Cuerpo (9-XII-2024), se reducirían los costes para las empresas españolas en 4.000 millones de euros (la deuda pública acabó 2025 en 1,698 billones), subirían las exportaciones un 40% y, en el primer año, se podrían crear 20.000 empleos. Todo son especulaciones, porque la Comisión Europea no ha elaborado ningún informe de impacto.

Dos pueden ser las consecuencias principales de esta derrota para el establishment. Una, el desplome de legitimidad de la UE si el Consejo y la Comisión deciden pasar por encima del Parlamento (único órgano representativo de los ciudadanos de los 27) y aplicar el acuerdo. Es posible legalmente y se está haciendo con el tratado comercial con Marruecos, anulado por una sentencia del TJUE en 2024, ya que incluía los productos (tomates o pesca) del Sáhara Occidental ocupado.

Otro efecto, que se aprecia en las redes sociales y en el enfado de algunos políticos, es la persecución a los partidos que han promovido el recurso al TJUE, sobre todo a los identitarios, a los cuales los más exaltados califican de quinta columna de la Casa Blanca. El proyecto europeísta no permite disidencias. Como dijo Merz: «No hay alternativa».

¿De verdad pretenden en Bruselas enfrentarse con Putin y Trump, a la vez que desprecian, hostigan y censuran a la mitad de los ciudadanos de la UE?