Una amnistía contra la democracia

Puigdemont, prófugo de la Justicia, que encabezó un intento de golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017 y que huyó en el maletero de un coche, ha recibido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, para negociar el apoyo de Junts, el partido de Puigdemont, a Pedro Sánchez.
A las pocas horas, Puigdemont, en rueda de prensa, dejó bien claras sus exigencias, ninguna aceptable, pero siendo dos de ellas gravísimas: la amnistía y el referéndum de independencia.

Es obvio que un referéndum de independencia no se puede realizar o, dicho de otra forma, si se quiere cambiar la Constitución, en ella residen los mecanismos y procedimientos para dichos cambios, que son incompatibles con la vía unilateral de los independentistas y con que el resto de los españoles no puedan opinar al respecto. Es inaceptable y atenta contra la Constitución, por mucho que el Gobierno, llegado el momento, tratase de presentarlo como un referéndum no vinculante.

En cuanto a la amnistía, el simple hecho de que Puigdemont la exija y el Gobierno no diga de inmediato que es inasumible, es gravísimo. Una amnistía se concede cuando se transita de un régimen no democrático a otro democrático, porque se presume que en un régimen no democrático no hay las necesarias garantías de justicia, imparcialidad y transparencia y, por supuesto, de libertad. Es decir, en un régimen no democrático hay presos políticos, por sus ideas, cosa que es incompatible con una democracia. De ahí que se aplique, en esos casos, al pasar de un régimen no democrático a otro democrático, la amnistía.

Eso es lo que se hizo en España en 1977, que supuso un paso más en la magnífica y ejemplarizante Transición, donde los españoles hicieron tabla rasa, se abrazaron en la concordia y miraron al futuro construyendo la democracia, tras haber pasado por las tinieblas de la II República, la Guerra Civil y la Dictadura. Gracias a ello, España ha vivido, bajo gobiernos de distinto signo y siempre bajo el papel ejemplar de la Monarquía, los mayores años de desarrollo económico y social sin estar de espaldas al mundo. Ahí, con la amnistía de 1977, la Constitución de 1978 y la Transición en su conjunto, se forjó el régimen democrático de monarquía constitucional del que gozamos.

Vivimos, por tanto, en una democracia, donde no caben las amnistías, porque a nadie se le persigue por sus ideas y donde existen garantías. Aprobar una amnistía equivaldría a considerar que España no es democrática, que el Estado actúo como un régimen autoritario en octubre de 2017 y que los golpistas se rebelaban contra una dictadura. Equivale, yendo más lejos, a considerar que la Transición, la Constitución y la amnistía de 1977 son papel mojado, volándolos por los aires.

Puigdemont exige la amnistía y Sánchez necesita los votos de Puigdemont para gobernar tras haber perdido las elecciones. Su querencia por aferrarse al poder, por seguir en la cabecera del banco azul le empuja a aceptar lo que Puigdemont pide, aunque con ello pueda estar faltando a su mandato constitucional que ha prometido cumplir. Sánchez parece más el líder del horrible Frente Popular que convirtió la II República en un régimen tenebroso que en el presidente del Gobierno, ahora en funciones, equiparable a sus predecesores.

Si Sánchez, bajo el disfraz que sea, acepta otorgar la amnistía a Puigdemont y al resto de quienes intentaron llevar a cabo un golpe de Estado en Cataluña, empleando para ello toda la intromisión judicial que ha ido tejiendo con sus nombramientos en el Constitucional, estará atentando contra la esencia de nuestra democracia, contra la Constitución, contra la Transición, contra la Monarquía parlamentaria, contra la concordia y la convivencia entre los españoles. Estará tratando de volar por los aires una parte importante de nuestra Historia, una de las mejores, para comprar cuatro años más en La Moncloa, y todo el que vote una investidura de Sánchez con ese acuerdo de amnistía bajo el brazo, será cómplice de la destrucción que entonces se llevará a cabo. Es una amnistía contra la democracia.