¿Abrirá ahora el CGPJ una investigación?

¿Abrirá ahora el CGPJ una investigación?

Detrás de los empleos logrados en los últimos años por la abogada Beatriz Saura, esposa de Eloy Velasco, juez de los casos de corrupción Púnica y Lezo hasta junio de 2017, hay demasiada serendipia. Casualidad o no, lo cierto es que este miércoles José Luis Capita, el socio de David Marjaliza –cabecilla de la Púnica–, ha vinculado a la letrada con las empresas de la citada trama. Saura fichó en enero de 2016 como directora de penal de Legal y Económico, el despacho jurídico de Pedro Martín Molina, llamativamente, el bufete al que Carlos Nieto, titular del juzgado de lo Mercantil Número 1 de Madrid, adjudicó la administración concursal de una de las sociedades investigadas por orden de Velasco, concretamente Aldaban Iniciativas SL, empresa que pendía de Mistral INV, la compañía presuntamente usada para amañar contratos públicos en Murcia y Cartagena.

Ante tantos enlaces inesperados entre el magistrado Velasco, Saura y Púnica, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no puede mostrar indiferencia y debe abrir inmediatamente una investigación que arroje luz sobre las presuntas intrigas e intereses personales que puedan esconderse tras la vinculación de la ex letrada de Legal y Económico, que apenas un día antes de la declaración de Capita abandonó el despacho de manera repentina para, según ella, emprender nuevos negocios, y la operación corrupta que ha salpicado a gobiernos regionales y municipales de diversos puntos de España. El citado órgano de gobierno judicial, hoy presidido por Carlos Lesmes, debe cumplir con las competencias encomendadas y aplicar las normas disciplinarias judiciales a Velasco si, tras las indagaciones pertinentes, se demuestra que ha incumplido algunas de sus funciones como juez, entre las que figuran la imparcialidad, la honradez o la integridad, entre otras.

El CGPJ ya corrió un tupido velo en 2017 cuando se conoció, tal y como desveló OKDIARIO, que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena había pedido a Velasco que se inhibiera del proceso del caso Lezo porque su mujer había trabajado durante años en el Gobierno regional contratada por el ex presidente Ignacio González. Hace alrededor de dos años, cuando salió a la luz esta información, que el CGPJ tendría que haber hecho indagaciones sobre las múltiples conexiones entre Púnica y la esposa de Velasco. ¿O estaremos una vez más ante la madre de todas las casualidades?

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