La Abogacía de Sánchez (antes del Estado) arremete contra la juez del 8-M

Es sencillamente insólito y de una gravedad superlativa que la Abogacía del Estado pueda acusar a una juez de convertir una instrucción en una «causa general» contra el Gobierno, porque esa consideración supone atribuir a la magistrada del 8-M la comisión de un delito. El hecho de que el recurso de la Abogacía lo firme la misma abogada del Estado -Rosa María Seoane-, que redactó y firmó el escrito dirigido al Tribunal Supremo en el que se solicitó la libertad de Oriol Junqueras, demuestra hasta qué punto la Abogacía del Estado ha abandonado su función y su misión de prestar asistencia jurídica a la Administración General y a sus organismos autónomos para convertirse en una institución al servicio de los intereses particulares del Gobierno socialcomunista.

Es decir, la Abogacía del Estado, con el dinero de todos los españoles, funciona como un despacho de abogados de pago en defensa del PSOE y Podemos. Y lo hace, además, con una impunidad tan descomunal que se permite cuestionar la independencia de una magistrada a la que acusa poco menos que de prevaricación.

Que el Gobierno ha triturado una institución que atesoraba un merecido prestigio es una obviedad, tanto como que hay abogados del Estado que se han dejado triturar y se han erigido en letrados de partido, mancillando de manera vergonzosa su papel y haciendo un enorme daño a la Abogacía del Estado, sometida a los criterios discrecionales de un Ejecutivo empeñado en controlar a toda costa al Poder Judicial. La ofensiva socialcomunista contra los jueces se intensifica día tras día y para ello se ha servido de una Abogacía del Estado que no es ni sombra de lo que era.

Que la Abogacía del Estado sostenga que la juez del 8-M ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno en Madrid a un proceso con garantías es  discutible, pero jurídicamente aceptable. Lo que no es de recibo, en ningún caso, es que pueda acusar a la juez de convertir la instrucción en una «causa general»,  porque ello supone atribuir a la juez un comportamiento prevaricador.

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿No tiene nada que decir el Consejo General del Poder Judicial?