40 años de Constitución: guardias civiles demócratas siguen expulsados por defenderla

Al cumplirse 40 años de la aprobación de la Constitución conviene recordar a quienes arriesgaron todo, y perdieron, por defenderla. Víctimas del terrorismo muertos y mutilados, pobres olvidados por el sistema, desahuciados, y también guardias civiles expulsados por defenderla. Cuatro guardias civiles fueron expulsados en la década de los 90 con expediente gubernativo y siguen en la calle hoy. Manuel Rosa, José Morata, José Piñeiro y Manuel Linde —ya fallecido— son los últimos vestigios de un tiempo de guerra sucia del Estado contra ETA, de GAL, robo de fondos reservados y contra guardias civiles demócratas.

A mediados de 1980 un grupo de guardias civiles decide organizarse en asociaciones profesionales porque así lo permitía la Constitución. Los policías ya habían recorrido ese camino y en 1984 la Policía Nacional, hasta entonces militar, ya pudo constituir organizaciones sindicales.  Los miembros de la Guardia Civil se encontraron con una persecución brutal de los mandos y los responsables políticos, con detenciones, juicios sumarísimos, encarcelamiento o tratamiento en psiquiátricos, que fue expulsándolos de la Guardia Civil con distintas fórmulas, la mayoría fueron bajas por reducción de las facultades psicofísicas, como si ser demócrata impidiera ser guardia civil. Aunque la mayoría de juicios por sedición se archivaron, algunos de ellos fueron víctimas de una expulsión administrativa que hoy los mantiene fuera de la Benemérita.

Hubo un antecedente, el de los militares de la UMD, que actuaron organizándose antes de que existiera Constitución y democracia y contra las leyes del momento. Aun así, fueron readmitidos, homenajeados en el año 2010 y su asunto quedó resuelto como corresponde en una democracia. No ha ocurrido lo mismo con los guardias civiles citados. Plantearon crear asociaciones profesionales cuando ya existía la Constitución, fueron perseguidos como terroristas, se llevaron a cabo prácticas ilegales investigando contra ellos —’Operación Columna’— y después expulsados con expediente gubernativo tras numerosas vicisitudes de pérdida de expedientes, aparición al límite de plazos… que evidencian la falta de garantías de todo el proceso. El Tribunal Constitucional se pronunció respecto a si los miembros de la Guardia tenían, a la luz del texto constitucional, derecho de asociarse y estableció que sí, que era un derecho reconocido, lo que no modifico nada la situación de los guardias civiles demócratas expulsados en la década de los 90.

En 2009, Rosa Diez como responsable de UPyD planteó una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso que fue aprobada por unanimidad. No obstante, el Gobierno no hizo nada. Volvió a plantear el asunto, siendo nuevamente apoyada la moción por unanimidad, y tampoco sirvió de nada. El pasado año fue Miguel Gutiérrez, de C’s, quien presentó la PNL y en esta ocasión el PP votó en contra —cuando está en la oposición lo hace a favor—, y hasta la fecha el Gobierno no ha movido ficha. Los tres afectados y otros compañeros de Guardia Civil y Policía decidieron crear una herramienta para defender que se haga justicia con ellos y crearon la organización Colectivo Democrático de Policías y Guardias civiles (GUCIPOL), en cuya dirección están dos de los tres expulsados, Morata y Piñeiro, y se han dirigido a los grupos parlamentarios y a los ministros de Interior y Defensa, la última vez en fecha reciente, planteando que se adopten las medidas legales necesarias para hacer justicia con estos guardias civiles. Las asociaciones de la Guardia Civil, representativas o no, excepto una, los apoyan. 14 de los 15 vocales del Consejo de la Guardia Civil demandan una solución a sus pioneros fundadores. El Gobierno del PSOE que ha votado a favor en tres ocasiones… ¿hará justicia?