Opinión

¿A quién beneficia la impunidad de Podemos?

¿A quién beneficia la impunidad de Podemos?
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Podemos ha anunciado que se querellará contra Eduardo Inda y el empresario y antiguo socio de Pablo Iglesias, Enrique Riobóo, por sus palabras del lunes ante la comisión del Senado que estudia la financiación de los partidos políticos, donde también declaró Juan Carlos Monedero, como fundador de Podemos. Riobóo aseguró que “Iglesias y Monedero tenían los bolsillos dopados de Irán y Venezuela para pagar su actividad política”. Por su parte Inda mostró los documentos publicados por OKDIARIO con los que se demuestra que los líderes de Podemos han cobrado al menos 7,7 millones del Gobierno de Venezuela. La formación considera que todo ello es “falso” y que al decirlo en el Senado podría constituir un delito de falso testimonio.

El único argumento con el que los podemitas justifican esta querella es que los tribunales españoles ya han archivado o inadmitido más de diez denuncias contra Podemos y sus dirigentes por financiación ilegal. Lo que no dicen es que todos estos hechos ocurrieron antes de 2015, fecha en la que el PP introdujo una modificación en la ley sobre financiación de los partidos políticos para prohibir su financiación por parte de Gobiernos, entidades o empresas públicas extranjeras e introdujo en el Código Penal el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. O sea, que cuando los tribunales han archivado las denuncias contra Podemos no ha sido porque los hechos denunciados fueran falsos, sino porque presuntamente se cometieron antes de la entrada en vigor de las normas que los convertirían en ilegales.

Resulta incontrovertible que Monedero cobró 425.000 € por un informe que jamás ha visto la luz, pagado a un precio desorbitado y sobre un asunto sobre el que él es un completo ignorante. No cabe la menor duda de que el que fuera Ministro de Finanzas con Chávez, Rafael Isea, ha hecho unas declaraciones juradas y documentadas según las cuales el propio Hugo Chávez ordenó que entre 2008 y 2015 se pagasen 6 millones de euros a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero para  “crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales propiciando —en España— cambios políticos aún más afines al Gobierno bolivariano”. Ha quedo probada en los tribunales la veracidad de la información publicada por Eduardo Inda según la cual el Gobierno de Maduro ordenó en febrero de 2014 pagar 272.325 dólares a Pablo Iglesias en una cuenta bancaria ubicada en un paraíso fiscal. Y así hasta los 7,7 millones entregados al entorno de Podemos, de los que, por otro lado, tan sólo han declarado 3,7 ante Hacienda.

La querella anunciada por Podemos, si es que finalmente llegan a interponerla, se quedará en nada, como ya ha ocurrido antes. Pero con la lentitud con la que actúa nuestra justicia, eso ocurrirá dentro de muchos meses, durante los cuales su aparato propagandístico la usará como si con ella ciertamente descreditaran las verdades dichas ante el Senado. Lo que todos debemos preguntarnos es por qué ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria han sido más diligentes en sus acciones, pese a la cantidad de pruebas que acreditan pagos a Podemos, su fundación y sus dirigentes, procedentes de las dictaduras de Venezuela e Irán, aunque no puedan ser condenados por financiación ilegal. Es posible que el Partido Popular se haya visto beneficiado por la aparición de la formación morada que dividía el voto de izquierdas. Es muy probable que el trato dado a Podemos en distintas cadenas también les haya hecho crecer desproporcionadamente. Es seguro que nos tratan como a idiotas, pero como no lo somos, es necesario que les digamos que nos damos cuenta de a quién beneficia la impunidad de Podemos.

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