Independencia a crédito: Junts suma votos a mano

En los últimos cuatro años la trayectoria de Junts per Catalunya ha sido como un reacomodo entre Madrid y Cataluña, contradicciones y búsqueda de relevancia política en un escenario de fragmentación creciente tanto en su comunidad autónoma como en el conjunto de España. Tras el 13 de noviembre de 2023, Junts apoyó la investidura de Pedro Sánchez como presidente gracias a un acuerdo que incluía compromisos como la Ley de Amnistía para los implicados en el proceso independentista y la creación de una mesa de diálogo con mediación internacional. Ese pacto representó, en su momento, una señal de pragmatismo táctico: cinco décadas de nacionalismo catalán tomaron un rumbo institucional que los situaba como pieza clave para la estabilidad del Gobierno central.

Sin embargo, aquel apoyo no fue incondicional ni consolidado. Junts siempre lo condicionó a avances concretos en sus demandas de autogobierno y reconocimiento, en particular la amnistía y los pasos hacia un referéndum acordado, algo que frustró a buena parte de su base cuando esos compromisos no se materializaron con la rapidez o profundidad deseadas. Esa tensión interna se agravó con el debilitamiento del independentismo tradicional —hasta tal punto que encuestas apuntan a que la formación Aliança Catalana rivalizaba con Junts por escaños— y el PSC consolidándose como la fuerza dominante en Cataluña.

Esa dinámica llevó a Junts a romper —con un amplio respaldo interno— su pacto de investidura con el Gobierno en otoño de 2025. La dirección del partido, liderada en torno a figuras como Carles Puigdemont, justificó la ruptura por incumplimientos de lo acordado, especialmente en torno a la amnistía y otros compromisos políticos. Para ellos, quedaban claras las limitaciones del diálogo con Madrid y la necesidad de replantear su estrategia, marcando lo que calificaron como «fin de un ciclo político».

A partir de esa ruptura, Junts ha intensificado su oposición al Ejecutivo central votando en contra de proyectos de ley y decretos del Gobierno, y anunciando veto prácticamente a todas las iniciativas que afecten al plano nacional —una posición que deja al Ejecutivo en una situación de mayor fragilidad parlamentaria debido a su minoría.

Esa estrategia de confrontación, no obstante, ha tenido costes y paradojas. La formación ha sido crítica con actuaciones del Gobierno —como en materia de transporte ferroviario en Cataluña— pero también ha mostrado disposición a apoyar medidas puntuales cuando éstas benefician directamente a la comunidad catalana, como la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), siempre que se tramiten de forma diferenciada. Esa ambivalencia evidencia que Junts no ha abandonado completamente la lógica pragmática cuando cree que puede conseguir réditos tangibles para su electorado.

Además, la presión del resto de fuerzas políticas catalanas ha sido clave en el replanteamiento de Junts. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha consolidado su posición como socio parlamentario más confiable para el Gobierno en Madrid y como polo dominante dentro del independentismo. Su papel en acuerdos de financiación o reformas, en colaboración con PSOE y otras fuerzas como Euskal Herria Bildu o el Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha reforzado el peso de ERC frente a Junts y ha dejado a este último en una especie de limbo estratégico entre la oposición frontal y la posibilidad de volver a negociar acuerdos puntuales.

La evolución de Junts en los últimos meses no se lo cree nadie. Ha derivado hacia un relato duro con Sánchez, para escapar de Aliança Catalana, cosa que no ha ocurrido y por eso ahora vuelve al redil. Y, en ese  reacomodo, en un ecosistema político cada vez más fragmentado y temeroso de que salgan a la luz todas las porciones de la tarta sanchista que les han ofrecido, apuran su sostenibilidad a pesar de los casos de corrupción, desgobierno nacional —que poco nada les preocupa— e, incluso, hasta mirar para otro lado con Adamuz; hasta que toparon con Rodalíes.

Hoy por hoy, Junts actúa con la calculadora de costes electorales en la mano, consciente de que sus siete escaños pueden ser tanto arma de negociación como espada de Damocles en un parlamento sin mayorías claras —y que la presión de ERC, PNV y Bildu sigue marcando el ritmo de la política estatal, casi más que ellos; el por qué, es cuestión de Estado, pero del estado sanchista.