Ayuntamiento de Madrid

Carmena y tres ediles de Podemos falsearon sus declaraciones de bienes

Manuela Carmena
Manuela Carmena. Foto: Europa Press

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y otros tres ediles de Podemos falsearon sus declaraciones de bienes. La alcaldesa ha recurrido una sentencia judicial para no decir de qué empresas es accionista. Es imposible saber si cae en conflicto de intereses al hacer adjudicaciones.

Cuando fueron cazados empezaron a parchear y maquillar los engaños. Carmena, Nacho Murgui, Guillermo Zapata y Pablo Soto corrigieron a toda velocidad las irregularidades en los documentos oficiales que debían colgarse en el portal de transparencia.

Ciudadanos ha reclamado a Manuela Carmena el informe con el que investigó la situación profesional de Begoña Villacís y el Consistorio madrileño se ha negado a entregárselo. Y tiene una explicación que no quieran darlo: explicación muy criticable, pero explicación: porque varios de los miembros del equipo de gobierno de Podemos no salen muy bien parados en asuntos de declaración de ingresos o actividades: hasta cuatro de ellos, contando a la alcaldesa, han mentido en sus distintas declaraciones oficiales, dando como resultado un abundante historial de engaños parcheados a medida que iban siendo conscientes de que estaban siendo cazados.

Un historial que afecta desde a la propia alcaldesa Carmena hasta tres de sus ediles estrella y en los registros del Consistorio no consta que se pidieran informes sobre dichas irregularidades, como sí se ha hecho en el caso de Begoña Villacís.

Este es el detalle de las irregularidades de los ediles de Ahora Madrid y Podemos. En primer lugar, en la declaración inicial de Nacho Murgui, en el año 2015, sólo aparecieron dos préstamos. En la realizada el 19 de julio de 2016, surge una cuenta corriente. No consta su base imponible del impuesto sobre la renta pese a reconocer su trabajo como técnico en la FRAVM en años anteriores. Murgui reconoció en Twitter tener una cuenta corriente a finales del año 2015, pero no rectificó su declaración, sino que esperó a la del año siguiente (verano de 2016) para incluirla.

Tampoco consta en absoluto que desde el Ayuntamiento se requiriera formalmente a Murgui la rectificación de su declaración, ni que se realizara informe, propuesta de sanción u otro instrumento en relación con este asunto.

El segundo caso es el del polémico Guillermo Zapata. En la declaración inicial de Guillermo Zapata, en el año 2015, no indica nada. En diciembre de 2015, reconoce públicamente que no indicó una cuenta corriente “por olvido”, pero no es hasta el 19 de julio de 2016, que la incluye en su declaración. No consta que desde el Ayuntamiento se requiriera formalmente a Zapata la rectificación de su declaración, ni que se realizara informe, propuesta de sanción u otro instrumento en relación con este asunto.

El tercero de los casos es el del Concejal de Transparencia Pablo Soto: él señaló que era socio (o propietario único) de 5 sociedades en su declaración inicial. Optisoft, S.L., Torrent Software, S.L, Blubster Publishing, S.L., MP2P (Mi Punto 2 Punto) Technologies, S.L. y Piolet Networks, S.L.. En su currículum indicó haber sido fundador y Consejero Delegado de dos de ellas, indicando que ha cesado en 2014 (Torrent Software, S.L) y 2015 (Grupo MP2P).

En ninguna de sus declaraciones de actividades indica Soto que haya administrado sociedades en el pasado o que las siga administrando siendo ya Concejal del Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, Pablo Soto fue administrador único de hasta 3 sociedades hasta el 19 de febrero de 2016, y de 1 sociedad hasta el 23 de noviembre de 2016:

– En Piolet Networks, S.L. Soto fue Administrador Único hasta el 19 de febrero de 2016 (251 días después de ser concejal).

– En MP2P (Mi Punto 2 Punto) Technologies, S.L. Soto fue Administrador Único hasta la extinción de la empresa el 19 de febrero de 2016 (251 días después de ser concejal).

– En Foofind Labs, S.L. Soto fue Administrador Único hasta la extinción de la empresa el 19 de febrero de 2016 (251 días después de ser concejal). Esta empresa no se menciona en su declaración de bienes en ningún momento.

– Y en Torrent Software, S.L. Soto fue Administrador Único hasta la extinción de la empresa el 23 de noviembre de 2016 (529 días, casi año y medio, después de ser concejal).

Pero de nuevo, no consta que desde el Ayuntamiento se requiriera formalmente a Soto la rectificación de su declaración, ni que se realizara informe, propuesta de sanción u otro instrumento en relación con las presuntas omisiones de estas actividades en su declaración.

Las fincas de Carmena

El cuarto y más sangrante caso es el de la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena: al menos desde el año 2011, era propietaria de 2 fincas urbanas en Madrid, así como de 2 fincas rústicas en El Espinar (Segovia). Sin embargo en su declaración inicial solamente constan 2 de ellas.

Posteriormente, en julio de 2016, la alcaldesa rectifica su declaración e incluye detalle de las 4 fincas incluyendo una prolija explicación de por qué las mencionó de forma distinta en su primera declaración.

Para no variar, no consta que desde el Ayuntamiento se realizara informe, propuesta de sanción u otro instrumento en relación con las inexactitudes u omisiones de la declaración inicial de Carmena, sino que simplemente se le permitió su rectificación incluyendo las explicaciones que ha considerado oportunas.

Empresas fantasma

La alcaldesa, además, declaró poseer 430.000 euros (la cifra ha ido variando en diferentes declaraciones anuales) en “acciones y participaciones de todo tipo en sociedades e instituciones de inversión colectiva”, si bien no se detallan las mismas, puesto que en la descripción solo se indica que las tiene depositadas en una “cartera de valores en Bankinter”. Diversos particulares han solicitado por escrito desde 2016 que se detalle esta información, incluso por la vía judicial, si bien la alcaldesa no ha detallado qué acciones, participaciones o fondos conforman su cartera. Carmena ha recurrido la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para no desvelar de qué empresas es accionista.

Y, por supuesto, no consta que desde el Ayuntamiento se haya realizado informe, propuesta de sanción u otro instrumento en relación con el posible incumplimiento de la Ley de Transparencia que pueda suponer la falta de descripción u ocultamiento de estas inversiones.

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