Mónica García cree que Ayuso «criminaliza el aborto» por aumentar en un millón las ayudas a embarazadas

La líder de Más Madrid, Mónica García, opina que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «criminaliza el aborto» por aumentar en un millón de euros las ayudas a adolescentes embarazadas. Así se desprende de sus palabras tras conocer el pacto de la presidenta madrileña con Vox para aprobar los Presupuestos de la Comunidad de Madrid en 2022, en el que se incluye el aumento de la partida de ayudas para menores embarazadas.

Además, para la «médica y madre», Ayuso también criminaliza la eutanasia por incrementar en 5 millones de euros la dotación del Plan de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid.

«Es un acuerdo que refleja la materialización de la agenda ultra de la señora Ayuso. En todas las medidas hay un tufillo reaccionario. Se criminaliza a los menores extranjeros no acompañados, a las personas que abortan, a las personas que desean una muerte digna», ha señalado sobre el acuerdo que permitirá aprobar las cuentas de Madrid para el próximo año.

García se refiere a acuerdos como el mentado de aumento de un millón de euros para entidades que apoyan a mujeres adolescentes embarazadas «con el objetivo de facilitar su maternidad en condiciones sociales adecuadas, al mismo tiempo que puedan mantenerse activas en su trabajo o en sus estudios».

Así, para la líder del partido errejonista ayudar a estas madres en lugar de ampliar el aborto como ella propone forma parte de la «agenda ultra» de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Como, a su juicio, también lo hace el hecho de que PP y Vox hayan acordado el incremento en cinco millones de euros la dotación del Plan de Cuidados Paliativos «con el fin de ampliar significativamente el número de beneficiarios del mismo».

Una medida que para Mónica García supone «criminalizar a las personas que desean una muerte digna», es decir, que quieren la eutanasia, en la Comunidad de Madrid.

Respecto a la «criminalización de los menas», García hace referencia al punto del acuerdo, que incluye trece medidas -una por cada diputado de Vox-, que fija la realización de una auditoria específica de los costes de los servicios y de las subvenciones asociados a los centros de menores no acompañados (menas).

Se trata de una medida que se iniciará «a más tardar en los tres meses siguientes a la aprobación del presupuesto por la Asamblea de Madrid» y que tendrá un coste estimado de 50.000 euros.