Jupol exige a Marlaska que retire la orden «ilegal» de que la Policía vigile el chalet de Pablo Iglesias

El sindicato Jupol ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que retire la orden «completamente ilegal» de que sea la Policía Nacional y no la Guardia Civil quien desarrolle las labores de vigilancia del chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid).

En el escrito remitido al Ministerio, los representantes sindicales recuerdan que el casoplón del vicepresidente segundo del Gobierno y de la ministra de Igualdad está ubicado en un municipio en la sierra de Madrid que corresponde a una demarcación en la que tiene atribuidas las funciones de seguridad la Guardia Civil.

Los agentes han sido informados de que en los próximos días el Cuerpo Nacional de Policía se hará cargo de la seguridad perimetral del domicilio familiar de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar, en sustitución de la Guardia Civil. Se trata de una maniobra que no ha gustado nada entre los policías y guardias civiles.

Desde Jupol se ha denunciado que esta orden es «completamente ilegal» y choca de frente con la Ley Orgánica 2/1986, del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por este motivo, su secretario general, José María García, ha mostrado su «oposición frontal y absoluta a esta decisión».

José María García ha manifestado que «no entiende» los motivos que llevan al Ministerio a realizar ahora esta modificación en las funciones de vigilancia de la vivienda unifamiliar de Pablo Iglesias e Irene Montero, que antes custodiaba la Guardia Civil, «sin ni siquiera dignarse a relatar los motivos».

Para Jupol, «lo único que puede acarrear esta decisión es un perjuicio para la imagen pública que tiene actualmente la Policía Nacional, y que se había visto reforzada durante la pandemia sanitaria del Covid-19».

Polémicas en Galapagar

La situación de la seguridad en Galapagar está siendo objeto de polémica. Desde que se trasladaron el número uno de Podemos a la localidad se ha disparado la criminalidad según los datos oficiales de Interior.

Por ejemplo, a principios de mes agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto de Galapagar, lograron detener a una persona a quien se le imputan diez robos en la localidad, tanto en casas como en coches y viviendas en construcción,  según informó la Comandancia de Madrid en una nota de prensa. Todo ello porque los cacos se sienten libres para actuar porque Pablo Iglesias acapara a gran parte de los efectivos de seguridad que antes patrullaban el pueblo.

Otro suceso que tuvo que atajar la Benemérita en la localidad fue el hallazgo un domingo por la noche del cadáver de Youssef Arhray, un hombre de origen marroquí de 24 años cuya desaparición se denunció en agosto del año pasado. Según confirmó una portavoz de la Comandancia de Madrid el cuerpo estaba en un pozo de un chalé de Galapagar.

Multas y corte de calle

A esto se suma la conflictividad diaria en las inmediaciones del casoplón. A diario la Guardia Civil despliega decenas de efectivos desde hace tres meses para proteger a Iglesias y Montero. Por órdenes de Interior multan a quienes hagan ruido frente al chalet de los líderes de Podemos. Informan a los sancionados que debían haber comunicado la protesta a la Delegación del Gobierno para recabar la autorización antes de manifestarse. Las personas multadas esgrimen que simplemente pasean por las proximidades de su vivienda habitual y no son protestas organizadas.

El vicepresidente y la ministra están ciertamente enfadados con las manifestaciones hasta el punto de haber denunciado a varias personas. Una de ellas es Cristina Gómez Carvajal, concejal de Vox en la localidad. Irene Montero le llevó ante una juez por acoso. Tras la declaración de la titular de Igualdad por videconferencia y de la edil en persona, el caso está pendiente de fallo judicial.

Irene Montero aseguró que las protestas frente a su domicilio en las que participa una concejal de Vox en Galapagar no son escraches, sino acoso enmascarado en el que participan militantes de extrema derecha. En una entrevista en televisión defendió que «comparar a afectados por la hipoteca» con simpatizantes de este espectro político «no tiene nada que ver» y es, incluso, «osado».

«Los escraches son una forma legítima de reivindicación, y después está acudir a diario durante más de un mes a casa de un político, en este caso un vicepresidente y una ministra, a decir que no van a parar hasta que nos vayamos a vivir a Venezuela», aseguró para insistir que la dirigente de Vox y el resto de personas que acuden a su domicilio no se congregan porque tengan una reclamación política que quieran trasladarle, sino porque su intención es «no parar» hasta que abandonen la casa.

También Podemos ha emprendido acciones contra Miguel Frontera, un empresario que se manifiesta habitualmente en la zona. El diputado morado Enrique Santiago, líder del Partido Comunista Español (PCE), exigió a la Benemérita que detuviera a este hombre por, según decía, grabar la casa del matrimonio Iglesias-Montero desde la calle.