Ayuso llevará al Tribunal Constitucional la Ley de Vivienda de Sánchez por invadir competencias

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que va a interponer un recurso de inconstitucionalidad sobre varios preceptos de la Ley de Vivienda aprobada este año por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con sus socios de Podemos, ERC y Bildu de por invadir competencias autonómicas.

La presidenta madrileña ya avanzó hace meses que no regularía el precio de los alquileres ni el Ayuntamiento de Madrid penalizaría a las viviendas vacías con una subida del IBI. El mismo día en el que el Ejecutivo socialcomunista de Sánchez dio a conocer su nueva Ley de Vivienda, en la que los socialistas se plegaron a las exigencias más extremas de los podemitas para lograr un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Ayuso y Almeida se apresuraron a aclarar que esa legislación quedaría sin efecto en Madrid, porque sus respectivas administraciones son las competentes para su aplicación.

Pero este miércoles el Gobierno de Ayuso ha decidido dar un paso más llevando al Tribunal Constitucional esta ley. Tal y como ha informado el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el Ejecutivo ha optado por la interposición de este recurso al entender que hay preceptos de la normativa, que entró en vigor el pasado mes de mayo, que invaden competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.

«Consideramos que la nueva Ley de Vivienda se extralimita en la interpretación a todos los efectos de las materias sobre las que el Estado, según el artículo 149 de la Constitución, tiene competencias», ha señalado el responsable del área de Vivienda del Gobierno de Ayuso.

En este sentido, ha detallado que son ocho apartados de un total de once artículos, así como una de las disposiciones finales relativa a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los que los servicios jurídicos madrileños consideran contrarios a la Carta Magna.

Los aspectos en los que se fundamenta el recurso inciden en la «excesiva regulación» por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado.

Ley de vivienda

También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.