Almeida promete abrir en 2 años el macrocentro para funcionarios que Carmena cedió a okupas en Legazpi

El antiguo Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, escenario de disputas políticas en los últimos años, por fin tiene un horizonte definitivo. La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, acompañada de la concejala de Arganzuela, Lola Navarro, han visitado esta semana las obras de rehabilitación de este emblemático edificio que se convertirá en un complejo municipal para 2.500 funcionarios a partir de la primavera de 2027.
El proyecto, con una inversión de 77,8 millones de euros, permitirá el ahorro de 14,7 millones anuales en alquileres municipales, amortizándose en aproximadamente cinco años, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid. Este anuncio pone fin a años de controversia sobre el destino del histórico inmueble, construido entre 1926 y 1935 y sin uso desde 1983.
Este espacio ha sido objeto de intenso debate político desde el mandato de Manuela Carmena. En 2016, el entonces gobierno municipal decidió ceder parte del edificio al Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), un colectivo que agrupaba a varias asociaciones del barrio y a los okupas de La Traba, rechazando una oferta de inversión de 75 millones de euros del fondo americano Stam Europe, que prometía la creación de 1.200 puestos de trabajo en un complejo de ocio y restauración como consiguió Ana Botella.
El pasado gobierno municipal abandonó una oportunidad de inversión millonaria para ceder este espacio «a colectivos afines», tal como denunció el Partido Popular. Ahora, este proyecto demuestra una apuesta por la eficiencia y la optimización de recursos públicos enfocado al bienestar de los trabajadores municipales.
La delegada García Romero ha destacado que, desde 2019, el Ayuntamiento ha invertido 24,5 millones de euros en subsanar patologías estructurales del edificio tras paralizar las obras iniciadas en el mandato anterior por riesgo de colapso.
Según el proyecto presentado, el nuevo complejo consistirá en un edificio triangular articulado alrededor de una gran plaza central, con dos sótanos. La superficie total construida superará los 46.100 m², a los que se suman más de 8.400 m² de plaza. El edificio sobre rasante tendrá dos plantas y entreplanta, albergando oficinas, despachos y salas de reuniones.
El primer nivel bajo la plaza central contará con aulas de formación, archivos y una sala polivalente, mientras que el segundo nivel estará dedicado a aparcamiento. La plaza funcionará como zona de distribución hacia los distintos accesos.
Los funcionarios trasladados al nuevo complejo son los que actualmente trabajan en edificios alquilados, como los de calle Antracita (Agencia Tributaria), paseo del Molino (Oficina de Objetos Perdidos), Ribera del Sena (Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad) y calle Bustamante.
El proyecto respetará la estructura de hormigón del edificio, elemento protegido, mientras que los acabados seguirán los dictámenes de la Comisión de Patrimonio manteniendo la estética original.
En 2021, la administración de José Luis Martínez-Almeida no renovó la concesión al EVA, que había utilizado parte del espacio desde 2017. En aquel momento, el Ayuntamiento argumentó la necesidad de instalar una base del Samur, generando protestas vecinales que reunieron más de 19.000 firmas. Sin embargo, los servicios de emergencia ya están operativos en esa parte del complejo con éxito.

Con esta rehabilitación, el Ayuntamiento busca recuperar un emblemático edificio municipal, completar la actuación de Madrid Río en su extremo sureste y rematar el eje norte-sur de la ciudad como culminación de Castellana, Prado y Delicias. El proyecto también pretende reactivar el entorno, aumentar la seguridad, promover el comercio local y consolidar un polo de centralidad para el barrio de los Metales.
Los concejales han indicado que, aunque la finalización completa del proyecto está prevista para principios del próximo mandato, se espera una recepción parcial en la segunda mitad de 2026, permitiendo que los primeros funcionarios puedan instalarse en el nuevo edificio en la primavera de 2027, en aproximadamente dos años. Esta actuación pone fin a años de incertidumbre y conflicto sobre el uso de este espacio, apostando por un proyecto sostenible.