El vídeo de Begoña Gómez ante el juez: «No fui contratada por ser la mujer del presidente del Gobierno»

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, declaró en su tercera visita ante el juez Juan Carlos Peinado como investigada, que no fue contratada por el Instituto de Empresa por «ser la mujer del presidente del Gobierno». Como consta en el vídeo al que ha tenido acceso OKDIARIO y que desvela en exclusiva, durante más de media hora, Begoña Gómez respondió únicamente a las preguntas de su abogado, Antonio Camacho, negando categóricamente todas las acusaciones.

La investigada, preguntada sobre por qué registró la marca «Transformación Social Competitiva», asegura que «jamás hubo ningún tipo de ánimo de lucro» y que lo hizo «simplemente como una protección». Begoña Gómez esgrime que el concepto de Transformación Social Competitiva lo creó ella. «No existía antes de que yo la aportara», explicó la imputada sobre esta denominación. A pesar de que creó una sociedad limitada con ese nombre, la esposa de Pedro Sánchez esgrime paradójicamente que no buscaba lucrarse.

Dice que creó la sociedad mercantil Transforma TSC SL, argumentando que pretendía «desarrollar actividades completamente al margen de la cátedra extraordinaria» y que el nombre era «genérico», comparable a otras empresas del sector. «Yo no estoy contratada por la Universidad Complutense, es decir, que yo puedo desarrollar otras actividades profesionales al margen», defendió sin aclarar por qué usa exactamente el mismo nombre que tiene su cátedra extraordinaria.

«No soy catedrática»

Otro punto clave de su declaración fue desmentir su supuesta condición académica: «No soy catedrática de la Universidad Complutense», afirmó tajante, explicando que su posición como directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva no implica ser catedrática. «No estoy contratada por la Universidad Complutense», insistió, señalando que su colaboración «está adscrita a mi experiencia» desde 2012. No dice que no tiene titulación oficial.

Respecto a su remuneración, Gómez aclaró que existe «un techo de 15.000 euros» como retribución máxima anual para colaboradores externos, independientemente del número de títulos propios en los que participen. Además, subrayó que la dirección de la cátedra «no tiene ningún tipo de retribución» y se realiza «de manera altruista».

La esposa del presidente también desmintió haber intentado apropiarse de la plataforma tecnológica desarrollada bajo el amparo de la UCM. «Era un proyecto tecnológico sin ánimo de lucro, lo podían utilizar las empresas sin ningún tipo de coste», declaró, añadiendo que estaba diseñada para ser «100% propiedad de la Universidad Complutense».

Sobre el registro del dominio «transforma.org», Gómez explicó que siguió las indicaciones de la UCM: «Me escriben por email y me dicen que este tipo de dominio no se da en la Universidad Complutense y que tiene que ser a través de dominios .es». El dominio, inicialmente registrado a nombre de la coordinadora de la cátedra y posteriormente renovado por Gómez, no se renovó por tercera vez porque «la Universidad dice que no lo renueva».

«No sé de jurídico»

Respecto a su papel en la licitación de un contrato de 60.000 euros adjudicado a Deloitte para desarrollar la plataforma, Gómez explicó: «Yo soy de marketing, yo desde luego no sé de jurídico […] sigo las pautas, sigo las indicaciones que se me dan desde el órgano gestor». Según su testimonio, firmó el pliego de prescripciones técnicas porque «en la Universidad Complutense quien impulsa el proyecto es la persona que firma el pliego», una práctica que calificó como «habitual y normal».

Otro aspecto clave de la investigación es su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos. Gómez declaró conocerlo «en diferentes actos o eventos» del «ecosistema» de sostenibilidad e innovación, describiéndolo como «una autoridad en materia de innovación». Sin embargo, negó rotundamente haber intercedido en las licitaciones al firmar cartas de recomendación de su empresa: «No tengo ni idea […] Cuando se ha incorporado en esta causa ha sido cuando he tenido información».

La esposa del presidente admitió haber firmado «unas cartas tipo» de apoyo a proyectos, pero aclaró que lo hizo «para apoyar la importancia de un proyecto que se licitaba, en ningún caso para apoyar a la empresa». Según Gómez, estas cartas también fueron firmadas por «Microsoft, IBM, Orange y otras instituciones, incluido el Ayuntamiento».

Finalmente, sobre la plataforma tecnológica que centró gran parte de la investigación, Gómez afirmó que «jamás» estuvo operativa y se encontraba «en un periodo de pruebas» al «80% de su creación» cuando «por decisión de la Universidad Complutense, pues se da carpetazo a la cátedra y a todas sus actividades».

Declaraciones este miércoles

Este mismo miércoles está citada en el juzgado Cristina Álvarez como investigada, después de que inicialmente declarara como testigo. Álvarez, como reconoció ella misma, fue contratada directamente por Begoña Gómez sin pasar por ningún proceso selectivo para ser su persona de «confianza» en Moncloa. Ahora deberá responder ahora por su presunta participación en hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, los mismos que se le imputan a la esposa del presidente del Gobierno desde hace casi un año como desveló OKDIARIO.

Entre las pruebas que llevaron a Peinado a cambiar la condición procesal de Álvarez destacan varios correos electrónicos en los que aparece gestionando asuntos relacionados con las actividades privadas de Gómez. Particularmente relevante resulta un mensaje donde miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación de la UCM le proporcionan información sobre cómo registrar el dominio de la página web del máster, adjuntándole un «contrato de cesión de derechos» para que la titularidad fuera «100% UCM».

Además de Álvarez, el juez interrogará el miércoles a seis testigos clave, entre ellos Alfredo González, quien habría propuesto su nombramiento como asesora de Begoña Gómez cuando era vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2018. Esta información llegó al juzgado después de que Peinado solicitara a Moncloa un listado del organigrama de Presidencia y las funciones concretas de sus trabajadores, lo que podría arrojar luz sobre la naturaleza exacta de las responsabilidades de Álvarez.

En paralelo, las declaraciones de representantes de grandes empresas como Google, Indra y Telefónica, también citados como testigos, serán cruciales para esclarecer si existió algún tipo de trato preferencial hacia las compañías del grupo Barrabés, que resultaron adjudicatarias de contratos públicos tras recibir cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. La UCM también estará representada en esta jornada judicial por la interventora María Elvira Gutiérrez-Vierna y la entonces coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva, Blanca María de Juan.