El socio español del Canal fue denunciado al fiscal de Colombia por «robo» y «cobro de comisiones»

Un alto ejecutivo de las filiales colombianas del Canal de Isabel II denunció en 2004 ante la Fiscalía General de Colombia al entonces presidente ejecutivo de Inassa, el español Francisco Olmos Fernández-Corugedo, por percibir “una comisión del 8% en todos los contratos”, unos 3,8 millones de dólares. Según el colombiano Jorge Enrique Pizano, el empresario asturiano, que representaba los intereses de un grupo de profesionales españoles en Extensia, Inassa, Tecvasa, AAA Servicios y Lassa, entre otras sociedades, “se auto pagaba” esa comisión en los contratos de la construcción de la conducción de agua de Barranquilla, obras que ascendieron a 48 millones de dólares.

Pizano, ex gerente de AAA Servicios y ex presidente de Lassa, dos de las sociedades participadas del Canal, presentó un escrito en septiembre de 2004 ante el fiscal general de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, con copia a la Presidencia de la República y al Concejo Distrital de Barranquilla, en el que denunciaba las graves irregularidades que se habían cometido en el conglomerado de la empresa pública madrileña de aguas. Pizano afirmaba: “Los manejos realizados en las empresas por parte de Francisco Olmos Fernández-Corugedo ocasionaron un gran detrimento económico en AAA de Barranquilla y en el Distrito de Barranquilla. En estos actos se violaron normas legales, estatutarias y la ética española y colombiana”.

La acusación del alto ejecutivo colombiano acabó olvidada en un cajón de la Fiscalía, sin que el fiscal general ordenara, durante el año que le quedaba de ejercicio, la apertura de una investigación por la gravedad de los hechos. Fuentes colombianas declararon a OKDIARIO que aquella denuncia no podía prosperar porque los socios locales de Olmos (Nelson Polo Carbonell, Julio Luis Jacome, Luis Nicolella de Caro y Enrique Miguel Gerlein Navas) eran miembros destacados del Partido Conservador del departamento del Atlántico, en Barranquilla. Al entonces presidente Andrés Pastrana tampoco le interesaba remover el cieno de la operación de compra de Inassa por parte de la pública madrileña.

La reproducción de la denuncia en OKDIARIO, sin duda, puede servir para investigar dónde fueron a parar los más de 100 millones de euros que invirtió el Canal en una empresa que sólo valía siete. El presidente Juan Manuel Santos se halla ante una excelente ocasión para demostrar su política de transparencia, que se ha convertido en uno de los pilares de su administración.

Pizano confesaba en su nota al fiscal general que había sido engañado por Francisco Olmos, que en aquella época era el gerente general y presidente del Grupo AAA, y por su mano derecha, Francisco Javier Villaplana, subgerente general. Ambos fueron destituidos de sus cargos por el nuevo gerente del Canal, tras el desembarco de un nuevo equipo a la Gerencia de la empresa pública. Sin embargo, ni Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, organismo al que pertenece el Canal, ni Ignacio González, el vicepresidente del Gobierno y presidente del Canal, denunciaron ante la Fiscalía General el saqueo de las arcas durante el proceso de compra de Inassa. Todo lo contrario, muchos de los informes internos, auditorias y denuncias desaparecieron o pasaron por la trituradora.

Manejos, presiones y engaños

Según la denuncia del alto ejecutivo colombiano, el Canal de Isabel II pudo ser burlado gracias a los estudios de la empresa auditora y de la banca de inversión. Habían sido amañados y el Canal no tuvo acceso a ellos directamente hasta la salida de Olmos.

Pizano señalaba también que, bajo la administración de Luis Fernando Arboleda en AAA, desaparecieron cientos de miles de euros. Al ser descubierto el desfalco, según el denunciante, los hechos también fueron denunciados ante la Fiscalía colombiana.

El ejecutivo del grupo de empresas filiales al Canal señalaba a Olmos como el responsable directo de la pérdida de 5 millones de dólares en los negocios de Venezuela, según él, “debido a los manejos realizados”.

El denunciante se dirigía a la Fiscalía colombiana en nombre “de diez funcionarios directivos y de confianza de la Gerencia Técnica y la Gerencia Financiera de la empresa”, según él respaldados por el Canal y Agbar SA, “a fin de garantizar la depuración y moralización de la empresa para la cual pedimos respaldo de las autoridades de todo orden”.

Pizano hacía recaer toda la responsabilidad en Francisco Olmos, quien según denunciaba a la Fiscalía General de la República, había obtenido unos pingües beneficios en la operación de la compra a Agbar de las acciones de AAA Servicios e Inassa y, más tarde, las vendió al Canal por 83 millones de euros. Toda la operación se realizó a través de dos sociedades offshore constituidas en el paraíso fiscal de Panamá, una plaza que garantiza la opacidad de las gestiones y del movimiento del dinero.

El señor Francisco Olmos Fernández-Coruguedo ha solicitado dar su versión de los hechos:

En primer lugar, es preciso señalar que el Sr. Olmos se desempeñó como gerente general de Triple A desde octubre de 1996 hasta mayo de 2002 y que desde mayo de 2002 hasta marzo de 2003 se desempeñó como presidente Ejecutivo de Inassa por decisiñon del accionista mayoritario Canal de Isabel II.

En segundo lugar, el Sr. Olmos nunca percibió comisión alguna derivada de ningún contrato. Tan incierto este ilícito como que la denuncia, según corroboró posteriormente el presunto denunciante ante la Fiscalía, era completamente falsa.

En tercer lugar, es rigurosamente incierto que quedara olvidada la denuncia en ningún cajón. El día 22 de marzo de 2005 por la Fiscalía General de la Nación se dictó un auto de inhibición y archivo del asunto, en el que se constataba que la persona que supuestamente presentó la denuncia, Jorge Enrique Pizano, señalaba que la firma no era la suya al haber sido la misma suplantada, siendo completamente falsos los hechos que en ella se narraban.

A ello debe añadirse que dicha resolución constataba que Don Javier Malia Baró, que actuaba como subgerente general de Triple A nombrado por el Canal de Isabel II, declaró también que los hechos eran completamente falsos. En dicha resolución firmada por el fiscal competente se abundaba en señalar que la denuncia era anónima, gaseosa, completamente falsa y de mala fe. Avanzó la Fiscalía colombiana que se deben evitar malos usos de la Justicia como lo era el caso.