El Canal pagaba a sus socios en Colombia el colegio de los hijos, viajes y dietas para toda la familia

Los socios españoles del Canal de Isabel II en Colombia, Francisco Olmos, presidente ejecutivo de Inassa, y Javier Villaplana, gerente general de AAA Servicios, percibían entre sus remuneraciones profesionales el pago de los colegios de sus hijos, seguro médico, dietas de desplazamiento para ellos y sus familias, vehículos de empresa y otras prebendas.

Todos esos beneficios no estaban incluidos en los contratos profesionales de los directivos, sino dentro de los contratos de asistencia técnica contraídos con otras empresas.

El informe elaborado en 2009 por Cuatrecasas para la Gerencia del Canal recogía así mismo: “Dichas previsiones se encuentran también en el contrato suscrito entre IAA y AAA Servicios de Venezuela con fecha 22 de mayo de 2002″.

Esa situación ventajista, más propia de unos virreyes, entre otro tipo de infidelidades, generó a partir de 2003 una serie de problemas entre el Canal y Tecvasa en la gestión de Extensia, Inassa y el resto de sociedades del grupo en América. Las tensiones comenzaron en marzo de 2003 cuando Francisco Olmos Fernández- Corugedo fue cesado como presidente ejecutivo de Inassa. Se daba la circunstancia, algo inusual en una corporación medianamente seria, que Olmos aparecía en los negocios como vendedor, comprador y gestor, según los informes internos en poder de la Audiencia Nacional.

Como ya había sucedido con la salida de Agbar de la colombiana Inassa antes de la compra por parte del Canal, Olmos, según el informe de Cuatrecasas, puso en marcha una serie de maniobras contra la sociedad madrileña: “Nuevamente, se produce una situación similar con el señor Olmos de protagonista”, abunda el despacho de abogados.

Sin embargo, el empresario se topó con un nuevo equipo que acababa de desembarcar en la sede de la compañía de aguas de Madrid tras la llegada de Esperanza Aguirre a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en mayo de 2003. La nueva Gerencia acabó con los privilegios de los directivos en América y decidió atribuirle a Tecvasa el papel que le correspondía en Extensia e Inassa.

El accionista de Tecvasa asegura ahora a OKDIARIO que «no ha tenido intervención o participación alguna en las operaciones y hechos» relacionados con el Canal y que su protagonismo sólo responde a una “labor profesional que desempeñaba, técnicamente, en las empresas». Así mismo manifiesta: «Las operaciones a las que aluden insistentemente en sus noticias como pelotazo se realizaron con luz y taquígrafos…..y se formalizaron en términos de mercado», superando «todos los controles administrativos precisos”.

Ruptura entre el Canal y sus socios 

El 16 de diciembre de 2003, Francisco Olmos remitió una carta al entonces presidente de Extensia, Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, reivindicando una serie de actuaciones en la sociedad, según él, para “reforzar el proyecto común de empresa”. Al mismo tiempo se quejaba de que la gestión en la sociedad colombiana Triple A no se ejecutaba de manera eficiente. Olmos proponía la entrada de nuevos socios en el capital de Extensia y el nombramiento de un director general que representara los intereses de todos los socios”.

La tensión se recrudece y, el 12 de marzo, los representantes de Tecvasa en la junta directiva de Inassa (Charles de Ros Wallace, Javier Villaplana Oliva, Olallo Villoldo Bellón y Carlos Virosque Verdú) y en el Consejo de Administración de Extensia (Luis Ávila Baltuille y Francisco Olmos) comunican a Extensia su decisión de vender las acciones del 25% de la sociedad.

Durante el proceso de enfrentamiento entre el Canal y los propietarios de Tecvasa sale a relucir una serie de irregularidades en el proceso de compra de Inassa, que es silenciada por la Dirección de la empresa madrileña.

Entre las ya reseñadas por OKDIARIO en los últimos días, había que sumar una nueva: la compra de la sociedad dominicana Watco. Con la adquisición de Watco se produce una nueva irregularidad. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid no le correspondía aprobar la adquisición porque ese requisito sólo es exigible cuando las sociedades públicas de la CAM adquieren una posición mayoritaria, directa o indirecta, en las mercantiles anexionadas. Y ese no era el caso de Watco, que pasaba en 2002 a Extensia tras la disolución de la offshore panameña SAA, pero sin que el Canal se hiciera con la mayoría de las acciones.