Puigdemont malversó un millón el 1-O, Junqueras 1,8 millones y Romeva 446.000 €

La Guardia Civil ya ha comenzado a poner nombres y apellidos al dinero público utilizado ilegalmente por el Govern de Carles Puigdemont para organizar el referéndum de independencia del 1-O.

Según este recuento provisional, pues las pesquisas aún no han concluido, el ex presidente Carles Puigdemont malversó cerca de un millón de euros, el ex vicepresidente Oriol Junqueras 1,8 millones, el ex conseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva 446.000 y la ex consellera de Trabajo Dolors Bassa al menos 238.000 euros. En total, más de 3,3 millones de euros.

Todo ello, a pesar de que el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro declaró ante el juez que no tenía constancia de que se hubiera gastado ni un euro público en la organización del referéndum ilegal.

Bajo la responsabilidad directa del ex presidente Carles Puigdemont recaen todos los gastos de publicidad del referéndum y las aplicaciones informáticas encargadas por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para efectuar el recuento de votos del 1-O. Este apartado suma cerca de un millón de euros.

TV3 quiere cobrar el anuncio ilegal del 1-O

Por encargo de la Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales (que entonces dirigía Dolors Bassa), el CTTI gastó 161.315 euros en el diseño de la aplicación para captar voluntarios, que actuarían como miembros de las mesas electorales. La aplicación fue realizada por la firma DxC.

La aplicación informática para contabilizar el voto de los catalanes residentes en el extranjero costó 350.000 euros, pero esta cantidad no se ha incluido en el cómputo global porque el equipo de Puigdemont se limitó a aprovechar la inversión que había realizado en 2014 Artur Mas para su referéndum ilegal del 9-N.

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha intentado cobrar de la Generalitat, hasta ahora sin éxito, dos facturas que suman 277.800 euros por la emisión del anuncio que animaba a los catalanes a votar en el referéndum. Hasta ahora, la intervención de la Generalitat se ha negado a pagar estas facturas, ya que la consulta fue declarada ilegal por el TC.

La Guardia Civil recuerda en su informe dirigido al juez Juan Antonio Ramírez Sunyer que, aunque las facturas no hayan sido abonadas, el mero compromiso de gasto realizado por la Administración para un fin ilegal debe computarse a efectos del delito de malversación.

El Departamento de Presidencia de la Generalitat contrató otros servicios de publicidad que suman 270.000 euros, vinculados al referéndum: 210.000 euros por la difusión del registro de catalanes en el exterior y 61.879 por la impresión de carteles sobre el 1-O. Como en el caso de TV3, estos gastos no se han llegado a abonar, después de que el referéndum fuera declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

Al respecto, la Guardia Civil explica que Òmnium encargó a varias empresas la impresión de los carteles de publicidad del referéndum por importe de más de 61.000 euros, con el compromiso de la ex consellera Dolors Bassa de que serían abonados por la Generalitat.

La Guardia Civil ha detectado otro gasto de 105.628 euros, pagados por el Departamento de Presidencia para publicitar en medios internacionales (como el Financial Times) una conferencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva sobre el proceso de independencia, pronunciada el 24 de enero de 2017 en el Parlamento europeo. Algo que demuestra, una vez más, que el Govern de Puigdemont gastó dinero público del Diplocat para intentar comprar el apoyo de medios de comunicación internacionales al proceso de independencia.

El mayor gasto que asumió el entonces vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras fue una inversión de 1,6 millones de euros para habilitar una nave anexa a la sede del CTTI como call center destinado al recuento de votos del 1-O. Junqueras adjudicó la obra a la empresa de ingeniería Comsa, que está investigada por pagar comisiones ilegales del 3% al PDeCAT. Como ha informado OKDIARIO, para ocultar el rastro del dinero Junqueras tramitó todos los contratos a través del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), una empresa pública de la Generalitat que ofrece formación y talleres de empleo a presidiarios para facilitar su reinserción social.

En cuanto al entonces conseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva, gastó 446.462 euros públicos a través del Diplocat para comprar a los equipos de asesores y observadores internacionales del referéndum. El Gobierno de Rajoy cerró la carísima red de embajadas del Diplocat, en aplicación del artículo 155, pero el Govern de Quim Torra la ha vuelto a reactivar con el visto bueno del presidente Pedro Sánchez.

446.000€ para comprar a observadores

El Diplocat pagó 167.065 euros a la empresa The Hague Center for Strategic Studies en concepto de honorarios de los observadores internacionales que debían avalar los resultados del referéndum y otros 112.993 euros al grupo de expertos Helena Catt. Además, gastó otros 85.374 euros en los desplazamientos y alojamiento de ambos equipos. El Diplocat también abonó 54.030 euros a la sociedad MN2S Management Limited por el asesoramiento del ex primer ministro holandés Wim Kok que ha optado por devolver el dinero.

La Guardia Civil irrumpió el pasado 19 de septiembre en las instalaciones de la empresa de mensajería Unipost, en Hospitalet, para detener el envío de 5,3 millones de tarjetas censales del referéndum. La Generalitat había contratado este servicio por un importe próximo al millón de euros, distribuido en cinco facturas que debían ser abonadas por cinco departamentos distintos del Govern (Presidencia, Vicepresidencia, Trabajo, Salud y Cultura).

A pesar de que la Guardia Civil impidió que este servicio llegara a prestarse, el director general de Unipost Pablo Raventós intentó cobrar en dos ocasiones una de estas facturas, por importe de 238.965 euros al Departamento de Trabajo, que dirigía entonces Dolors Bassa. La Guardia Civil apunta en su informe dirigido al juez que Raventós podría haber incurrido en un delito de estafa, al intentar cobrar un servicio ilegal que su empresa no llegó a prestar.