Llop gastó 1,8 millones en un destartalado juzgado que se parcheó sólo para que la ministra lo visitara

El Ministerio de Justicia compró una sede judicial que llevaba alquilando desde 2011 con goteras permanentes y derrumbamientos habituales. El día antes de la inauguración, que llevó a cabo Pilar Llop, un albañil tuvo que arreglar un derrumbamiento exclusivamente para la visita de la ministra.

«Es una vergüenza cómo nos tienen». Los más de 70 trabajadores de Justicia de Inca, en la isla de Mallorca, están hartos del edificio que acaba de comprar el Ministerio de Pilar Llop. Un inmueble con constantes goteras y derrumbamientos de los que los propios trabajadores han tomado imágenes.

El pasado 30 de noviembre, día previo a la visita de la ministra de Justicia al edificio, la Gerencia Territorial de Justicia de las Islas Baleares instó a la empresa encargada de los servicios de albañilería a que pusiese un remiendo a los derrumbamientos para salvaguardar la visita de Pilar Llop.

Una visita que se realizó el jueves, 1 de diciembre y de la que el Ministerio de Justicia dio cuenta a través de Twitter con una foto y destacando que la adquisición había costado 1,8 millones de euros.

La ministra Pilar Llop visita el edificio judicial adquirido por @justiciagob en el municipio de Inca, junto a la subsecretaria de #Justicia, Ana Sánchez, y autoridades locales.

➡️Llop ha destacado que su cartera ha hecho una inversión de aproximadamente 1,8M€. pic.twitter.com/iWPsodUDPR

— Ministerio Justicia (@justiciagob) December 1, 2022

Averías

Pero poco dura la alegría en la casa del pobre. Menos de dos semanas después de dejar impoluta la sede por la visita de la ministra Pilar Llop a la sede judicial de Inca, se produjeron más derrumbamientos producto de las humedades que permanecen en la estructura del edificio.

Una sede que, a pesar de haber sido adquirida en ese momento (diciembre de 2022), ya llevaba en uso por parte de la Administración de Justicia desde el año 2011 en régimen de alquiler. Es decir, al menos trabajadores y usuarios, los cuales se quejaron ante las instituciones del estado del edificio, ya sabían desde antes de la compra que ese recinto (destinado a viviendas), no estaba preparado para acoger una sede judicial.

Inspecciones

Tanto es así que, en algunas plantas del edificio, ni siquiera hay aire acondicionado y los trabajadores han tenido que llegar a soportar temperaturas de hasta 38 grados en verano. Según José Antonio Muñoz, delegado de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sólo se colocó un aire acondicionado portátil cuando se produjo alguna inspección de trabajo en el edificio.

En las dos terrazas del edificio han anidado un grupo de palomas que ensucian toda la terraza hasta el punto de que, según otra de las fuentes, «hace dos semanas vino por primera vez un camión a limpiar y se llevó dos sacos llenos hasta los topes de excrementos».

Sin remiendos

Lo que no visitó Pilar Llop fue el edificio contiguo, también parte de la sede judicial y también adquirido por el Ministerio de Justicia. Según los funcionarios de justicia «no había albañil que lo arreglase»: un edificio en el que los cortes de luz son constantes, con las pérdidas de tiempo y de trabajo que eso genera por el reinicio de ordenadores. Además, según afirman estas mismas fuentes, este edificio nunca ha tenido los estandartes preceptivos en un edificio oficial: la bandera del municipio de Inca, ni de las Islas Baleares, ni de España.

Otra de las quejas de los funcionarios es la falta de seguridad de los documentos: «En el archivo donde se guardan los expedientes antiguos, hay inundaciones cuando llueve mucho y los expedientes flotan en el agua».

Otra denuncia que se une a la huelga de funcionarios de justicia y a las irregularidades en las oposiciones a gestores procesales de la Administración de Justicia.