Junqueras tenía listo el decreto para convertirse en «ministro de la República» y expropiar las carreteras

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El ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, junto al borrador de uno de los decretos elaborados por su departamento.

La República catalana ya existe, al menos sobre el papel. Antes de entrar en prisión, el líder de ERC Oriol Junqueras ya tenía redactado el decreto por el que esperaba convertirse en «ministro de Vicepresidencia, Economía y Hacienda» de la República catalana. Su equipo también había elaborado los borradores para expropiar toda la red de carreteras de la región.

La Guardia Civil intervino estos documentos al que era número 2 de Junqueras en la Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Lluís Salvadó, y los ha remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que instruye la causa sobre los preparativos del referéndum del 1-O y la creación de «estructuras de Estado». Salvadó está imputado por los delitos de malversación, desobediencia, prevaricación y sedición.

El informe elaborado por la Policía Judicial explica que a Salvadó se le intervino «un pendrive que contenía tres archivos de julio de 2017 relativos al decreto de creación del Ministerio de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, y los organigramas de las futuras Secretarías de Economía y Hacienda de ese futuro Ministerio» de la hipotética República catalana.

Los agentes hallaron en el mismo pendrive «un estudio de los ingresos que supondría la recaudación de todos los impuestos competencia del Estado considerando que la puesta en marcha del proceso de cambio fiscal se llevaría a cabo en octubre de 2017 en un escenario de no acuerdo político con el Estado».

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La Guardia Civil explica que el equipo de Junqueras tenía listo el borrador del decreto para transformar su Conselleria en el «Ministerio de Vicepresidencia, Economía y Hacienda» de Cataluña.

Por tanto, Oriol Junqueras había dado a su equipo las instrucciones para hacer efectiva la independencia en el mismo mes de octubre de 2017, tras el referéndum ilegal. Y la primera decisión del futuro «ministro de Hacienda» era arrebatar a la Administración central las competencias fiscales y comenzar a recaudar desde la Generalitat todos los tributos para garantizar la transformación de Cataluña en un Estado independiente. Con este objetivo, la Generalitat ha gastado durante los últimos años cerca de 500 millones de euros en la creación y puesta en marcha de la Agencia Tributaria Catalana.

Según los documentos intervenidos a Josep Lluís Salvadó, el Govern de Puigdemont y Junqueras confiaba poder recaudar 5.000 millones de euros al mes desde el primer momento, al asumir todos los tributos estatales. Pero no era suficiente: habían estimado que necesitarían al menos 75.000 millones de euros anuales para garantizar la viabilidad de su república y la prestación de todos los servicios públicos.

De este modo, la Generalitat pasaría de gestionar 26.000 millones de euros al año en la actualidad, a 75.000 millones anuales. En eso se traduce el sueño de crear la República catalana: que los políticos independentistas puedan tener en sus manos el triple de dinero público que ahora.

En concreto, según los cálculos que realizó el equipo de Junqueras, la Generalitat confiaba pasar a recaudar 19.435 millones de euros anuales a través del IVA, 14.102 millones de euros al año por el IRPF (de 3,5 millones de contribuyentes que residen en Cataluña), 4.235 millones del Impuesto de Sociedades, 300 millones en impuestos medioambientales, 230 millones por los impuestos que gravan las bebidas alcohólicas, 752 millones por los tributos de hidrocarburos y otros 284 millones en impuestos sobre la factura de la luz. Es decir, la totalidad de los tributos que actualmente van a las arcas de la Administración central.

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Estimación, realizada por el equipo de Junqueras, de los impuestos estatales que pasaría a recaudar la Generalitat.

Oriol Junqueras había encargado al ex magistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer que elaborara todos los informes previos para negociar, tras la declaración de independencia,  «el reparto de activos y pasivos» entre el Estado y la nueva «república».

Viver cifró en 19.134 millones de euros todos los bienes del Estado de los que se apropiaría la Generalitat, incluyendo carreteras, aeropuertos, museos, sedes de instituciones, el Canal Segarra-Garrigues (que garantiza los regadíos en las comarcas de Lérida) y todos los bienes de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

El equipo de Junqueras elaboró los documentos mediante los cuales la Generalitat se incautaría de todas las infraestructuras del Estado en Cataluña tras la secesión. La Guardia Civil también intervino a Josep Lluís Salvadó el borrador del acuerdo que suscribirían el futuro «ministro del Teritorio y Sostenibilidad de la República catalana» y el ministro español de Fomento, para que la Generalitat asuma la titularidad de toda la red de carreteras de Cataluña.

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Borrador del acuerdo entre el «ministro de Territorio y Sostenibilidad de la República catalana» y el ministro español de Fomento.

En este caso, se trata de una propuesta de acuerdo amistoso, aunque si no se producía la secesión pactada la intención de Puigdemont y Junqueras era expropiar todos estos bienes unilaterlamente.

El líder de ERC había pensado en todo. La Policía Judicial también intervino al número 2 de Junqueras un curioso documento, que lleva por título «Convenio entre el Reino de España, la República catalana y Autopistas Concesionaria Española SA para la aplicación temporal del régimen de cogestión de la concesión de las autopistas Barcelona-La Junquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo».

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Borrador del convenio para que la futura «República catalana» asuma la gestión de las autopistas de Cataluña.

La Generalitat confiaba así garantizarse la gestión de las principales arterias Catalanas, y su conexión con Francia, durante el período transitorio desde la declaración de independencia hasta que, seis meses después, fuera efectiva la República catalana.

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