Un informe lleno de datos incorrectos sirvió para ampliar en 396.564 € el coste de la reforma de la Embajada

El Consejo de Ministros acordó el pasado 9 de diciembre incrementar en 396.564 euros el presupuesto de la obra adjudicada en julio de 2019 a la constructora venezolana Inversiones YC CA para acondicionar el edificio de la nueva Embajada de España en Caracas. El coste del contrato se elevó así hasta un total de 3.026.309 euros.

El Gobierno de Pedro Sánchez adoptó esta decisión basándose en un informe, lleno de datos incorrectos, firmado por el subdirector general de Asuntos Patrimoniales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Eduardo Aragoneses Domínguez, y el jefe del área de Arquitectura del mismo Ministerio, Víctor Machota Barrientos.

El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, está fechado el 23 de octubre de 2020 y lleva por título «Informe técnico justificativo del incremento de presupuesto de obras de emergencia relativa a las obras de acondicionamiento y seguridad de la residencia y adecuación de la nueva sede de la Embajada de España en Caracas, República Bolivariana de Venezuela».

En el informe, ambos altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores exponen los motivos por los que la obra acarrea un severo retraso de varios meses (debido a la pandemia de coronavirus y a las dificultades en el suministro de materiales) y detallan los trabajos adicionales que hacen necesario elevar su presupuesto en 396.564 euros.

En su apartado de «antecedentes», el informe establece la siguiente cronología:

• 16 de julio de 2019: Se formaliza el contrato con la constructora Inversiones YC CA por un importe de 2.806.600 dólares, con un plazo de ejecución de 10 meses.
• 19 de julio de 2019: Se aprueba la declaración de emergencia para contratar las obras.
• 23 de julio de 2019: Acta de replanteo e inicio de la obra.
• 1 de agosto de 2019: Se firma el contrato con la firma CP Consultores CA para dirigir la obra (70.440 dólares) y con Seguridad Industrial 2020 CA (15.600 dólares) para desarrollar el plan de seguridad y salud laboral.
• 23 de agosto de 2019: El Consejo de Ministros toma en consideración la declaración de emergencia.
• 18 de noviembre de 2019: Se aprueba el plan de seguridad y salud de la obra.
• 17 de marzo de 2020: Se paralizan por primera vez los trabajos, debido a la pandemia de coronavirus.

Buena parte de estos datos, que luego quedaron recogidos en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 9 de diciembre, son incorrectos. Parece improbable que se firmara el contrato con la constructora (16 de julio de 2019) antes de aprobar la declaración de emergencia (19 de julio). De hecho, la Ley no lo permite. Tampoco resulta verosímil que los trabajos se iniciaran el 23 de julio de 2019, antes de contratar al director de obra (1 de agosto).

Los documentos a los que ha tenido acceso OKDIARIO permiten desmontar todos estos datos falsos incluidos en el informe oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. El embajador Jesús Silva hizo constar en todas las certificaciones de obra que la declaración de emergencia se había aprobado el 11 de julio de 2019, por lo que sería incorrecta la fecha del 19 de julio que aparece en el citado informe y en la resolución aprobada por el Consejo de Ministros. Esta fecha es clave para determinar si el Ministerio de Asuntos Exteriores incumplió el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público que le permitió adjudicar el contrato a dedo, sin publicidad y sin concurso.

El embajador Jesús Silva remitió el pasado 27 de octubre a la ministra Arancha González Laya una carta en la que el director de obra, el ingeniero Francisco Colet, respalda la petición de la constructora de ampliar en 396.564 euros el presupuesto de la obra. También en este caso, el embajador hizo constar que la declaración de emergencia se aprobó el 11 de julio de 2019, lo que de nuevo desmiente la fecha que aparece en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros.

Todo indica que tampoco es cierto que el contrato con la constructora Inversiones YC CA se firmara el 16 de julio de 2019, como sostiene el informe firmado por los dos altos cargos del ministerio de Asuntos Exteriores.

El arquitecto Eric Yáñez, como administrador de la constructora venezolana, remitió el 31 de octubre de 2019 una carta al embajador Jesús Yáñez para pedirle un anticipo de 527.437 dólares, con el fin de seguir adelante con los trabajos. En su carta señala que el contrato fue firmado el 16 de septiembre de 2019, es decir, dos meses después de lo que sostiene el Ministerio de Asuntos Exteriores.

En consecuencia, también parece falso que las obras se iniciaran el 23 de julio de 2019 (como sostiene el informe oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores), puesto que el contrato con la constructora no se firmó hasta dos meses después, el 16 de septiembre.

El embajador Jesús Silva y el director de obra, Francisco Colet Cedeño, firmaron el 30 de julio de 2019 la primera certificación de obra en la que señalan que el valor de los trabajos ejecutados hasta el momento asciende a «cero euros». Por tanto, en ese momento aún no se había comenzado a ejecutar la obra, en contra de lo que sostiene el informe oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El informe oficial firmado por el subdirector general de Asuntos Patrimoniales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Eduardo Aragoneses Domínguez, aún incluye otro dato incorrecto: sostiene que la constructora Inversiones YC CA solicitó el 22 de octubre de 2020 el incremento de 396.564 euros en el presupuesto de la obra. También es incorrecto.

En una carta dirigida a la Embajada de España en Venezuela, el director de la obra, Francisco Colet, hizo constar que la petición de incrementar el presupuesto fue cursada por la constructora el 12 de junio de 2020 (es decir, cuatro meses antes de lo que sostiene el Ministerio).

Todas estas fechas incorrectas o falsas, incluidas en el informe oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores y recogidas luego en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros pueden tener una grave consecuencia: demuestran que el Ministerio incumplió el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público que le permitió adjudicar la obra a dedo y sin publicidad. En consecuencia, Exteriores se vería obligado a paralizar los trabajos, rescindir el contrato adjudicado a la constructora venezolana Inversiones YC CA, y sacar a concurso la obra.