La Generalitat ha dado 4 millones al grupo que organiza los «escudos humanos» para proteger las urnas

Un golpe de Estado para destruir la Constitución, financiado con dinero público a través de los impuestos de todos los españoles. La Generalitat ha concedido desde 2012 subvenciones que suman más de cuatro millones de euros a la Plataforma per la Llengua, una de las asociaciones que están captando voluntarios para actuar como «escudos humanos» el 1-O, con el fin de evitar que la Policía retire las urnas del referéndum ilegal de independencia.

Se trata de la misma asociación que, junto a Omnium Cultural, puso en marcha en 2002 una campaña de boicot a las marcas que no etiquetan sus productos en catalán. Bajo el lema «Compreu i no compreu», ambas asociaciones difundían a través de una página web un listado de marcas que no debían comprar los catalanes, porque estaban etiquetadas sólo en castellano.

«Estamos en 2002 y todas las empresas que venden sus productos en el mercado de consumo configurado por los Països Catalans (Principado de Cataluña, País Valencià, Illes Baleares, Catalunya Nord, Andorra, Franja de Ponent y l’Alguer) ya empiezan a tener claro que no pueden continuar ignorando la existencia de la lengua catalana. Hay que considerar como un hecho muy grave y escandaloso actuar como si el catalán no existiera», señalaba la campaña, que actuaba bajo el paraguas de la denominada Organització de Consumidors i Usuaris en Llengua Catalana.

Y añadía: «A partir de ahora, fomentaremos la compra exclusiva de aquellos productos que incorporen el catalán en el etiquetado y la publicidad, y promoveremos un boicot activo a aquellas empresas que no cumplan con estos mínimos lingüísticos».

Tras la polémica que provocó aquella campaña, la Plataforma per la Llengua ha puesto en marcha ahora una iniciativa similar: una aplicación de teléfonos móviles para marcar a aquellos establecimientos comerciales que no atienden a sus clientes en catalán. La asociación presume de que ya tiene censados un millón y medio de comercios, en función de su grado de uso del catalán.

La Plataforma per la Llengua recibió en 2012 una subvención de medio millón de euros de la Generalitat y otro convenio le garantizó una inyección económica de 1,8 millones para el período 2013-2015. El Ejecutivo de Carles Puigdemont le ha adjudicado luego otro convenio para otorgarle ayudas que suman otros 1,8 millones hasta 2018. En total, más de 4 millones de euros públcios desde 2012.

Entre otras actividades, la asociación edita un informe periódico titulado «Balanzas lingüísticas», en el que realiza la habitual recapitulación de agravios: denuncia que el Gobierno español no usa la lengua catalana en el Congreso de los Diputados, ni en el nombre de sus empresas públicas, ni en las monedas, ni en los sellos, ni en la señalización de carreteras, ni en las comunicaciones del Banco de España, ni en los pasaportes, ni en el DNI, ni en los convenios bilaterales firmados con la Unión Europea, ni en los juzgados. Y así, hasta 130 motivos de agravio.

Ahora, la Plataforma per la Llengua y sus socios de Omnium Cultural han puesto en marcha la web www.escolesobertes.eu, en la que solicitan la inscripción de voluntarios para ocupar los colegios electorales desde el viernes, para evitar que la Policía y la Guardia Civil retiren las urnas del referéndum ilegal. Hasta el momento hay más de 50.000 voluntarios inscritos.

Omnium Cultural también se financia parcialmente con dinero público. El año pasado recibió 144.400 en subvenciones otorgadas por las Administraciones gobernadas por el PDeCAT y ERC (la Generalitat, diputaciones y ayuntamientos) y el año anterior recibió 221.000 euros por el mismo concepto.

Además, declara haber recibido 180.000 euros anuales en forma de patrocinios privados y un millón de euros como «donaciones» de empresas y particulares. En el mismo ejercicio 2016 dedicó 1,4 millones de euros a gastos de personal (tiene una plantilla de 57 personas) y 800.000 euros en publicidad a favor del proceso de independencia de Cataluña.

De su presupuesto global, que supera los 4 millones de euros, destinó 27.000 euros a la Plataforma Pro Seleccions Catalanes y otros 47.800 euros a la Asamblea Nacional Catalana (ANC), principal impulsora del referéndum ilegal de independencia junto al Ejecutivo de Carles Puigdemont.