La ‘fontanera’ del PSOE ofreció «abogados gratis» a 5 empresarios a cambio de datos para acabar con la UCO

El PSOE, a través de su militante Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, ha tejido una red de abogados afines colocados estratégicamente para tratar de controlar las causas judiciales sensibles que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso Koldo o las tramas de hidrocarburos de las operadoras Hafesa, Gaslow y Villafuel. El Ejecutivo sanchista dio las licencias a estas operadoras que les sirvieron para defraudar millones de euros en IVA.

Leire Díez y Javier Pérez Dolset están vinculados a las cloacas socialistas que maneja el secretario de Organización, Santos Cerdán. El cerco judicial sobre Pedro Sánchez se ha estrechado en los últimos meses y Santos Cerdán está intentando echar un cable al presidente y al partido con una chapucera maniobra judicial.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, su fontanera Leire Díez lleva meses reuniéndose con empresarios para ofrecer abogados de la confianza del PSOE que logren pactos con la Fiscalía, Abogacía del Estado e incluso indultos del Ejecutivo a cambio de no tirar de la manta contra el partido.

La fontanera socialista también pide datos para dañar a la UCO, a fiscales no controlados por el Gobierno y a jueces que acorralan a Pedro Sánchez. Todo ello para tratar de conseguir la nulidad de los procedimientos judiciales que salpican al PSOE. 

Su modus operandi es siempre similar: contacta con empresarios con problemas judiciales, les solicita información sensible sobre la UCO y, a cambio, les propone reuniones e incluso acuerdos con la Fiscalía que tiene que acusarles en los procesos judiciales.

La operación cuenta con el empresario Javier Pérez Dolset como colaborador clave. Dolset, imputado y abocado a una pena de prisión por fraude de subvenciones, lleva años moviéndose en la sombra para maniobrar en busca de la nulidad de los juicios, acusando a la UCO de irregularidades.

Fuentes consultadas aseguran que Dolset ha elaborado dosieres sobre miembros de la judicatura. Entre sus objetivos se encontraban el fiscal Anticorrupción José Grinda o Manuel Marchena, ex presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, entre otros.

Leire Díez se presenta como periodista de investigación y dice estar escribiendo un libro como coartada. Sin embargo, en la intimidad se ofrece a los imputados como correa de transmisión con el PSOE y con el Gobierno para beneficiar sus posibles condenas.

Reuniones documentadas

Entre los contactados figuran Alejandro Hamlyn, imputado en el caso Hafesa de hidrocarburos, y Rubén Villalba, guardia civil imputado en el caso Koldo. Ambos encuentros quedaron documentados, mostrando cómo se les ofrecían abogados de la confianza del PSOE, a pesar de que ya tuvieran otros letrados anteriormente.

Rubén Villalba se reunió una primera vez con la fontanera del PSOE y posteriormente hubo un segundo encuentro en un bar de Leganés que fue grabado. A la cita también iba a acudir el abogado de la red Ismael Oliver, sin embargo, finalmente no asistió, ya que, por seguridad, no quería reunirse fuera de su despacho. Oliver es el actual abogado de Koldo García, que cambió de defensa tras las labores de fontanería de Leire Díez.

Alejandro Hamlyn también fue contactado y grabó la videoconferencia que tuvo con los fontaneros y con el abogado de la red Jacobo Teijelo. El audio íntegro revela cómo daba pistas falsas sobre la actuación de la UCO para que los fontaneros del PSOE confesasen su interés por obtener información de la Guardia Civil. La reunión se produjo en el despacho de Teijelo por seguridad.

Fuentes conocedoras del caso aseguran que los fontaneros del PSOE ofrecieron a Hamlyn como abogado a Jacobo Teijelo. Este mismo letrado también le ha sido ofrecido a Joaquín Parra, otro investigado en el caso Hafesa. Parra ha sido el presidente del club de fútbol de Badajoz.

La operación de los fontaneros del PSOE ha logrado colocar letrados afines en defensas clave del caso Koldo. Koldo García pasó del abogado Javier Pimentel, a Ismael Oliver, mientras que José Luis Ábalos es defendido por José Aníbal, un histórico letrado que defendió a acusados con intereses coincidentes con el PSOE en la trama de los GAL.

Información y salvar al PSOE

El objetivo es mantener un férreo control sobre la información sensible antes de que trascienda públicamente. Los abogados colocados estratégicamente tienen toda la información sensible antes de que salga en la prensa de los sumarios y se aseguran de que no tiran de la manta contra el PSOE.

Esta operación se enmarca en un contexto de múltiples causas judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno. Los casos Koldo, Begoña Gómez, el hermano David Sánchez y las investigaciones al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz han creado un escenario de máxima tensión judicial para el PSOE.

La estrategia contrasta con las críticas históricas del PSOE a las supuestas maniobras de guerra sucia y de cloacas atribuidas al Partido Popular, mostrando ahora que no tienen rubor en tratar de controlar las causas judiciales e incluso proponer pactos con la Fiscalía. La fontanera del PSOE presume de tener buena relación con los miembros del Ministerio Público afines al Gobierno.

Favores judiciales

Un detalle especialmente llamativo es el de Alejandro Hamlyn, quien se ha quejado de su entorno porque información confidencial que compartió con Leire Díaz acabó en manos de la fiscal de su caso. Hamlyn había comentado que tenía un pasaporte británico, y ese dato acabó en la fiscal del caso hidrocarburos.

Esta filtración provocó que la fiscal abriera unas diligencias de investigación anexas y secretas para localizar al empresario, quien acabó en Dubái, donde se encuentra actualmente y de donde no puede regresar a España. El juicio del caso Hafesa comenzará en las próximas semanas, aunque no está claro si Hamlyn se personará.

Leire Díaz, la fontanera del PSOE, tiene fotografías con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y, entre otros muchos, Patxi López, y ha tejido una red desde posiciones clave del partido. Ex concejal y teniente de alcalde en un municipio de Cantabria, además de cargo en empresas públicas como Correos y Enusa, Díaz ha maniobrado durante los últimos meses para infiltrar las defensas de los principales imputados en casos que afectan al Gobierno.

La sofisticada operación del PSOE para controlar sus escándalos judiciales revela una maquinaria de influencia que trasciende los límites conocidos de la política española. Mientras el partido que gobierna España critica las supuestas cloacas ajenas, ha construido su propio sistema de control judicial que convierte la presunción de inocencia en una mercancía de intercambio político.