Un jubilado se la juega a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.126 € al mes: así lo hizo

El tema de las pensiones es siempre motivo de debate en España. Para muchos, el sistema de pensiones establecido es insostenible y con una hucha que parece cada vez más vacía, se hace cada vez más complicado que hayan un número de trabajadores necesario para pagar todas las pensiones o que estas sean cuanto menos dignas. Pero aún así, y con la revalorización a razón del IRPF, las pensiones llevan varios años subiendo. De todos modos, la media no es excesivamente alta, aunque todavía encontramos casos sorprendentes como el que ahora os contamos, en el que un Un jubilado se la juega a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3126 € al mes. Pero, ¿cómo lo hizo?.

El caso nos lleva hasta el País Vasco donde un hombre consiguió que la Justicia le reconociera una pensión mensual de 3.126 euros después de que la Seguridad Social le hubiera cerrado la puerta en primera instancia. Un pulso legal que demuestra que, a veces, insistir y recurrir a los tribunales puede marcar la diferencia. Tras varios intentos frustrados y con la Seguridad Social en contra, el jubilado decidió seguir adelante hasta lograr el fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y ahora no solo disfruta de una pensión muy por encima de la media nacional, sino que además recibirá una cantidad retroactiva cercana a los 113.000 euros. Pero, ¿qué pasos siguió para llegar hasta aquí?

Se la juega a la Seguridad Social y consigue pensión de 3.126 €

Según consta en la sentencia, este trabajador llevaba más de treinta años cotizados, en concreto algo más de 12.000 días. Pero desde niño arrastraba las secuelas de la polio, que le habían dejado problemas en una pierna, diferencias de longitud y una desviación de columna que nunca remitió. Ya en 1986 se le reconoció una discapacidad del 33% y, muchos años después, en 2013, esa valoración se revisó al 46%.

Con ese historial sobre la mesa, en 2020 decidió dar el paso y pedir la jubilación anticipada por discapacidad, amparándose en el Real Decreto 1851/2009. Pero la Seguridad Social no lo aceptó. La respuesta que le dieron es que le faltaban días de cotización y, además, entendían que el aumento de discapacidad reconocido en 2013 no se podía aplicar hacia atrás porque, según el organismo, respondía a «otras patologías».

En diciembre de ese mismo año le notificaron la negativa. Tenía 12.112 días de cotización, cuando le pedían 12.775, y eso bastaba para cerrarle el acceso. A eso añadieron la idea de que su caso no entraba en el grupo de enfermedades que permiten rebajar la edad de jubilación. Dicho de otra forma: el INSS le daba la puerta en las narices y lo dejaba fuera de la pensión que reclamaba.

La vía judicial y el giro en los tribunales

Tras el portazo de la Seguridad Social, no se rindió y decidió llevar el caso a los tribunales. El primer paso fue el Juzgado de lo Social nº 1 de Donostia-San Sebastián, que ya le dio la razón en su día. Aun así, el INSS no se conformó y recurrió, de modo que el asunto terminó en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

En ese fallo se deja claro un punto fundamental: la poliomielitis figura en el listado de enfermedades del Real Decreto 1851/2009, lo que abre la puerta a jubilarse antes siempre que el grado de discapacidad sea igual o superior al 45%. Y en este caso no había duda. El tribunal también recalcó que las secuelas estaban ahí desde la infancia, sin cambios sustanciales a lo largo de la vida laboral, de manera que no podía discutirse su derecho a beneficiarse de esa norma.

La pensión reconocida y un pago retroactivo 

Al final, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco fue claro: este trabajador tenía derecho a jubilarse de forma anticipada y a cobrar la pensión íntegra, calculada sobre su base reguladora, que ascendía a 3.126,83 euros al mes en 14 pagas. Y no sólo eso. El fallo añadía un detalle clave: la pensión debía reconocerse desde la fecha en la que hizo la solicitud inicial, allá por 2020. Eso obliga a la Seguridad Social a ponerse al día y abonarle cerca de 113.000 euros de golpe por los casi tres años que han pasado desde entonces.

El contraste no puede ser mayor. Lo que en un principio parecía una jubilación recortada y sin el beneficio del coeficiente por discapacidad, terminó convirtiéndose en una pensión completa y con un pago retroactivo que marca la diferencia.

Más allá de la victoria personal, este caso reabre de nuevo el debate sobre el funcionamiento del sistema de pensiones en España. Mientras la mayoría de jubilados sobrevive con una pensión modesta, otros logran sentencias que les garantizan pensiones muy superiores a la media.

La sentencia demuestra que, en determinadas circunstancias, la insistencia y la vía judicial pueden marcar la diferencia. También plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos trabajadores con discapacidad en situaciones similares no reclaman por desconocimiento o por miedo a un proceso largo y complejo?

Lo que queda claro, tal y como recoge la sentencia, es que la ley reconoce derechos que a veces la administración niega en primera instancia. Y para quien se atreve a pelearlo, el resultado puede ser tan sorprendente como ejemplar.