Los dueños de BPA absueltos del blanqueo de capitales que les imputaba el Gobierno de Andorra

Los hermanos Higini y Ramón Cierco, accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA), han sido absueltos de las acusaciones por blanqueo de capitales en el caso BPA. Según un auto notificado a las partes esta mañana, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la jueza que instruye el caso, Canòlic Mingorance, no aprecia «elementos para dictar procesamiento contra los encausados».

El pasado mes de julio, el Gobierno de Andorra presentaba una querella contra 12 de los máximos directivos de la entidad, que fue intervenida por el estado en marzo de 2015, tras denunciar EE UU que facilitaba el blanqueo de capitales para redes internacionales del crimen. El ejecutivo andorrano pedía también la comparecencia de Higini y Ramón Cierco, como propietarios del banco.

El pasado jueves, los hermanos Cierco declararon ante la juez, que la entidad bancaria «actuó siempre siguiendo el marco legal andorrano vigente en cada momento» y que «se cooperó tanto con los organismos de control y supervisión estatales como con las empresas auditoras.

Ramon Cierco aseguró en sede judicial que “el control del día a día de la entidad estaba en manos de los ejecutivos y que los presidentes asumían aquellas funciones descritas y reconocidas en los estatutos de la entidad”. Además, destacó que el banco “siempre disponía de las medidas de control necesarias y que la operativa usada seguía los parámetros descritos por el departamento de cumplimiento normativo” que, a su vez, se ceñía a la normativa y a los comunicados técnicos emitidos por los supervisores.

En el auto, la instructora del caso BPA deja en manos de la instancia judicial superior de Andorra, el Tribunal de Cortes, el archivo definitivo sobre estas acusaciones contra los accionistas mayoritarios y otras 7 personas, entre ellas, Javier Campos, ex alto cargo de BPA.

«Amenazas y coacción» de Martín Blas

Durante su comparecencia ante la juez, Higini Cierco denunció que antes de que BPA fuera intervenida, en mayo de 2014 Martín Blas ordenó al agregado del Ministerio de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, que le trasladara la necesidad de reunirse con unas personas en Madrid, “o de lo contrario el banco morirá”.

Los Cierco decidieron entonces delegar este asunto al entonces consejero delegado del banco, Joan Pau Miquel, que se reunió con Barroso y éste le insistió en que si no se colaboraban dándoles información sobre las posibles cuentas de Jordi Pujol, Artur Mas y Oriol Junqueras en la entidad, “el banco desaparecerá”.

Posteriormente, según contó a la juez el accionista de BPA, Miquel y Martín Blas se reunieron en el Hotel Villamagna de Madrid y el comisario le reiteró las amenazas exigiéndole información bancaria de las familias Pujol, Mas y Junqueras. BPA facilitó unos datos a Martín Blas sobre los 5 millones que tenía la familia Pujol en la entidad.

Finalmente, según la versión de Cierco, Martín Blas cumplió con su “amenaza”: “Probablemente porque la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente por los indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra” los hechos derivaron con la nota del FinCEN construida a partir de información “errónea, parcial o incompleta”.

Según fuentes de caso, la juez instructora podría abrir una «pieza separada» para investigar las presuntas amenazas y coacciones del comisario Martín Blas.