Las dudas del juez sobre la inmunidad de Juan Carlos I: «Ni un ex presidente de EEUU es inmune»

El magistrado del Tribunal Superior de Londres sigue exponiendo sus dudas sobre la inmunidad de Juan Carlos I en sus intervenciones durante la vista que ha arrancado este martes en Londres tras la denuncia de Corinna Sayn-Wittgenstein contra su ex compañero sentimental por acoso y vigilancia ilegal. El juez londinense se mostró irónico en algún momento de la vista, especialmente, cuando recordó a los letrados de Juan Carlos I que a un ex presidente de los Estados Unidos se le suele llamar públicamente “señor presidente” durante toda su vida, “pero eso no significa que sea inmune ante la ley”.

El juez británico pidió a la defensa de Juan Carlos, al menos en cinco ocasiones, la presentación de un certificado del Estado español que confirme que el Rey Emérito sigue conservando, a día de hoy, su inmunidad.

El representante del Tribunal Superior de Londres manifestó que la defensa de Juan Carlos le estaba exigiendo que tomara en consideración algo que ni el Estado español ni el Rey Felipe VI habían confirmado oficialmente. Según el magistrado, eso le pondría en una posición para poder “traspasar la jurisdicción de otro país” y “socavaría la manera en que se respeta la inmunidad soberana de los demás”.

El magistrado insistió bajo esa premisa que, antes de que se viera obligado a adoptar una decisión, tendría que disponer de una comunicación oficial de España. Según fuentes jurídicas españolas, esa respuesta oficial, posiblemente, no sólo debería implicar a la Casa del Rey sino también al Gobierno de Pedro Sánchez y al Parlamento español, como sucedió en Chile con el caso de Augusto Pinochet, que necesitó una modificación legal.

La defensa de Juan Carlos, en cambio, siguió con sus argumentos sobre la inoportunidad de presentar ese certificado ya que la Constitución española reconoce que el Rey Emérito posee un estatus especial “por estrechos vínculos y circunstancias especiales”.

El juez argumentó que la defensa necesitaba explicar mejor cuáles eran esos «vínculos especiales», ya que el Emérito ya no es un miembro activo de la Familia Real, no recibe un estipendio de la Casa del Rey, vive en Abu Dhabi en este momento y no parece ser una parte constitucional de la familia.

Protección especial

La defensa contestó que Juan Carlos I disfruta de “privilegios y protecciones especiales”, ya que es la personificación de la Democracia y la Constitución de España”. Pero el magistrado volvió a esgrimir sus argumentos con más fuerza sobre la necesidad de presentar un certificado.

Ante la posición inmutable del magistrado británico, los abogados del despacho de Clifford Chance se introdujeron en un campo de minas. Insistieron en que el hecho de que Juan Carlos pudiera instruir a Sanz Roldán para actuar contra Corinna Sayn-Wittgenstein era una prueba más de que sólo lo podía hacer en su condición de soberano y que, por lo tanto, todos los actos contra su ex compañera sentimental debían de ser considerados como “actos de Estado”.

Para los abogados, el estatus de Juan Carlos I como «soberano» no cambió con la abdicación. Sin embargo, para la legislación británica y los abogados de Corinna un monarca abdicado o un ex jefe de Estado cesado pierden su inmunidad disfrutada durante sus años de ejercicio constitucional. Y ese es el debate que tendrá que dirimir el magistrado de Londres antes de entrar en el contenido de la denuncia de Corinna sobre acoso extremo y vigilancia ilegal.

Lo que ya se ha avanzado, a partir del reconocimiento de los letrados de Juan Carlos, es que, si existió una alteración de las leyes y los derechos humanos contra Corinna, los agentes del CNI y otros funcionarios españoles actuaron en nombre del Estado español.

Resulta sorprendente el reconocimiento en una vista judicial de que los culpables del supuesto acoso a Corinna fueran el Estado español y los servicios secretos españoles. Según la denuncia de la ex compañera sentimental de Juan Carlos, los espías del CNI, siguiendo las órdenes de su director, Félix Sanz Roldán, participaron en un operativo en Mónaco para sustraer a la princesa alemana unos documentos comprometedores para el ex monarca.

Inviolabilidad constitucional

En la vista judicial de ayer, los abogados de Juan Carlos basaron toda su defensa en la incapacidad legal del Reino Unido para juzgar al Rey Emérito al estar protegido por su inviolabilidad constitucional y por ser miembro de la Familia Real española. Incluso se remontaron hasta el Tratado de Utrecht de comienzos del siglo XVIII, para señalar que el Reino Unido viene respetando la inmunidad de los monarcas españoles, tanto en sus actuaciones públicas como privadas.

Para la defensa de la princesa alemana, Juan Carlos I perdió su inmunidad en junio de 2014 cuando abdicó y fue sucedido en el trono por su hijo Felipe VI, existiendo desde entonces un solo Rey en España. El ex monarca, en junio de 2019 se retiró de la vida pública y, en agosto de 2020, se marchó de España y fijó su residencia en Abu Dhabi. Desde entonces, según los letrados de Corinna, vive familiar y económicamente al margen de Felipe VI.

También sostiene que para reclamar la inmunidad de jefe de Estado se requiere ser jefe de Estado y ponen un ejemplo internacional: el general Noriega reclamó su condición de jefe de Estado cuando fue detenido y solicitó su inmunidad como jefe de Estado de Panamá, pero los tribunales norteamericanos rechazaron su reclamación porque no era el jefe de Estado constitucional.

“Desde que abdicó en 2014 y se retiró de la vida pública en 2019 no es jefe de Estado y por tanto no es soberano, ya que España sólo tiene un soberano. Por tanto, no existe ninguna base para que pueda reclamar su inmunidad”, insisten.

La defensa de la ex compañera sentimental de Juan Carlos hace ver que, aunque forma parte de la familia del Rey Felipe VI y tiene el título de Rey Emérito, está sujeto al Tribunal Supremo de acuerdo con las leyes españolas, por tanto, habría perdido su inviolabilidad en España. Tal es así que la Fiscalía del alto tribunal español lo investiga en tres procedimientos por varios delitos fiscales y sus sociedades offshores.