Dolores Delgado desmantela la Abogacía del Estado: la nº 2 deja el ‘caso Nicolás’ y el ‘caso Botín’

La número 2 de la Abogacía del Estado en la Sección Penal, Lucía Pedreño, ha obtenido, a petición propia, el traslado a la Sección Civil, tras verse marginada en su labor durante los últimos meses por la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

La consecuencia inmediata de esta decisión es que Pedreño deberá ser sustituida, por otros letrados menos experimentados, en las causas en las que ejercía hasta ahora la acusación en representación del Estado. Algunas tan importantes como el caso Pequeño Nicolás, el caso Botín, el caso Acuamed o el caso Mercasa.

Lucía Pedreño era la mano derecha del anterior abogado general del Estado, Edmundo Bal, que fue destituido del cargo por la ministra Lola Delgado por negarse a retirar la acusación de rebelión contra Oriol Junqueras y el resto de golpistas procesados por el Tribunal Supremo en el juicio del 1-O.

Pedreño había trabajado estrechamente junto a Edmundo Bal en la preparación del juicio del procés. Ambos firmaron el escrito dirigido el pasado 6 de agosto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el que apreciaban evidentes indicios del delito de rebelión en la actuación de los acusados.

La tragedia de la curva de Angrois

Tras la destitución de Edmundo Bal, la ministra de Justicia también decidió apartar a su número 2 de la causa del 1-O. Decidió asignar esta responsabilidad a Rosa Seoane, quien había ocupado con anterioridad el cargo de secretaria general de Adif (la empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias) y carece por completo de experiencia en el terreno de lo penal. En la sesión del juicio celebrada el pasado miércoles, Seoane hizo auténticos malabarismos para sostener que la actuación de los golpistas no encaja en el delito de rebelión.

Tras la marcha de Edmundo Bal (que ha sido elegido diputado de Ciudadanos por Madrid), Lucía Pedreño solicitó ocupar su puesto como número 1 de la Abogacía General del Estado. También en este caso se vio marginada por la ministra Lola Delgado, quien optó por colocar al frente de la institución a Consuelo Castro.

Como ha informado OKDIARIO, Castro dirigió la acusación del Estado en la causa sobre el accidente de Angrois y centró su actuación en intentar tapar la responsabilidad política de altos cargos del Ministerio de Fomento y Adif en el siniestro que se saldó con 80 muertos.

Tras estos reveses, Lucía Pedreño ha recibido varias ofertas para incorporarse al sector privado como abogada, señalan las fuentes consultadas por OKDIARIO. Sin embargo, ha optado por solicitar el traslado a la Sección Civil de la Abogacía del Estado.

El ‘culebrón’ del Pequeño Nicolás

Las mismas fuentes indican que continuará su labor como acusación en el juicio del caso Bankia, que celebra actualmente la Audiencia Nacional con Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella, Ángel Acebes y Javier López Madrid sentados en el banquillo, entre varias decenas de acusados.

Sin embargo, deberá ser sustituida por otro abogado del Estado en el resto de causas en las que ha trabajado en los últimos meses durante la fase de instrucción, como las distintas piezas del caso del Pequeño Nicolás, el caso Botín o el caso Mercasa.

Pedreño ejerció la acusación del Estado en el juicio celebrado el pasado mes de abril contra Francisco Nicolás por presuntas injurias contra el CNI, el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El Pequeño Nicolás quedó finalmente absuelto, tras alegar trastorno de personalidad y pedir disculpas al Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Pero todavía están pendiente de juicio varias piezas del caso Nicolás, en las que Lucía Pedreño ha trabajado durante los últimos como representante de la Abogacía del Estado. El juicio contra Francisco Nicolás por hacerse pasar por representante del Estado en un viaje a Ribadeo debía celebrarse el pasado mes de mayo, pero quedó suspendido y aplazado hasta 2020 después de que le abandonara su abogada en el último momento.

El ‘Picasso’ de Jaime Botín

Pedreño también deberá ser sustituida por otra abogada del Estado en el juicio contra el banquero Jaime Botín, que se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel por sacar de España sin permiso en su yate Adix un cuadro de Picasso, Cabeza de mujer joven, valorado en más de 26 millones de euros.

Del mismo modo, la ex número 2 de Edmundo Bal ha trabajado durante los últimos años en la preparación del juicio contra el empresario vasco del sector siderúrgico José María Aristrain, acusado de fraude fiscal por 210 millones de euros.

Un último ejemplo. Lucía Pedreño también ha ejercido la acusación en representación del Estado en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata contra el altos cargos de la empresa pública Mercasa, por pagar 20 millones de euros en comisiones ilegales en Angola.

Entre los imputados se encuentran Pablo González (hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González), el ex presidente de Mercasa Eduardo Ameijide y los ex presidentes del consorcio Mercasa Incatema Miguel Ramírez, Álvaro Curiel (que aún ocupa un cargo directivo en Mercamadrid) y María Jesús Prieto.

Lucía Pedreño es vocal de la Comisión General de Codificación, dependiente del Ministerio de Justicia, cuyo más reciente cometido ha sido elaborar una propuesta para revisar las penas de los delitos sexuales en el Código Penal, a raíz de casos tan polémicos como el de La Manada.