La CUP se autoinculpó del 1-O ante el juez para poder espiar la investigación de la Guardia Civil

La CUP se autoinculpó ante el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer como «coautora y cooperadora necesaria» en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1-O, para poder personarse en la causa y conocer así los detalles de la investigación que estaba desarrollando la Guardia Civil.

El diputado de la CUP Benet Salellas registró el pasado 14 de julio un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, en el que solicitaba  la personación de su partido en la causa «en calidad de persona jurídica investigada, para poder ejercer plenamente el derecho fundamental a la defensa».

Al respecto, argumentó que «la Candidatura de Unidad Popular (CUP) está plenamente comprometida en la organización de este referéndum de autodeterminación. Todos sus militantes, simpatizantes y colaboradores (incluyendo sus diputados en el Parlament, sus 17 alcaldes y cerca de 400 concejales) están plenamente concertados para llevar a cabo la celebración de un referéndum de autodeterminación».

Salellas también recordó que la CUP apoyó la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2017 en el Parlament «únicamente como instrumento para que se pueda convocar y celebrar el referéndum de autodeterminación». En su escrito, Benet Salellas indicó por último que los diputados de la CUP habían participado activamente en la redacción de la Ley de convocatoria del referéndum, que finalmente se aprobó el 6 de septiembre en el Parlament.

Destrozaron 5 coches de la Guardia Civil

De acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el juez Ramírez denegó la petición de la CUP porque «de las investigaciones realizadas hasta el momento no aparece vinculado ningún miembro» de dicho partido. Personarse en la causa habría permitido a los antisistema de la CUP conocer todos los detalles de la investigación que la Guardia Civil estaba desarrollando sobre los preparativos del referéndum ilegal, para intentar boicotear sus actuaciones.

Basta recordar que la CUP jugó un papel determinante, junto a la ANC y Òmnium, en las movilizaciones convocadas el 20 de septiembre para intentar evitar los registros y detenciones que la Guardia Civil estaba ejecutando, bajo la dirección del juez Juan Antonio Ramírez Sunyer. En la concentración más numerosa, que reunió a varios miles de personas, los independentistas destrozaron cinco coches de la Guardia Civil y retuvieron durante varias horas a una comisión judicial en el interior de la Conselleria de Economía.

El objetivo de estas movilizaciones (por las que hoy cumplen prisión preventiva los presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart) era precisamente intentar impedir que el juez y la Guardia Civil obtuvieran pruebas sobre la organización del referéndum ilegal.

La causa que instruye el Juzgado número 13 de Barcelona se había abierto a raíz de una querella interpuesta por Vox y el abogado Miguel Durán contra el ex juez y entonces senador de ERC Santiago Vidal, quien en varias charlas públicas habría presumido de que la Generalitat había obtenido «ilegalmente» el censo fiscal de todos los contribuyentes de Cataluña y ocultaba 400 millones en partidas presupuestarias para organizar el referéndum del 1-O.

Ya a comienzos del mes de julio, el juez y la Guardia Civil habían solicitado abundante documentación a las compañías contratistas de dos empresas públicas de la Generalitat, el CESICAT y el CTTI, para comprobar si estaban realizando trabajos para la organización del referéndum, pagados con fondos públicos.

Abogado de cinco grupos terroristas

Fue entonces, el 14 de julio, cuando la CUP solicitó personarse en la causa como «investigada» y «coautora» de los delitos imputados, para conocer los movimientos y las indagaciones que estaba desarrollando la Guardia Civil.

El diputado de la CUP que presentó el escrito ante el juez, Benet Salellas, ha actuado como abogado de cinco grupos terroristas en distintas causas judiciales, tal como ha informado OKDIARIO. Salellas asumió la representación legal de los 11 paquistaníes detenidos en enero de 2008, cuando se disponían a cometer un atentado suicida en el Metro de Barcelona.

Del mismo modo, Benet Salellas defendió como abogado al imán de la mezquita de Vilanova i la Geltrú Mohammed Samadi, detenido en enero de 2006 en la Operación Chacal –en la que también fue investigado Abdelbaki es Satty, quien luego se convertiría en imán de Ripoll y cerebro de los atentados de Las Ramblas,– y a los cinco yihadistas detenidos en enero de 2003 en la Operación Lago, que Alfredo Pérez Rubalcaba bautizó como el comando Dixan.

El diputado de la CUP también ha actuado como abogado de una joven anarquista y de un miembro de Resistencia Galega, acusado de su suministrar explosivos para cometer un atentado contra una sede del PP. Por último, ha ejercido como abogado de varios acusados por quemar fotos del rey y de un grupo de antisistema detenidos por los disturbios registrados ante el Parlament en 2011.