El alcalde de Galapagar negoció en el Salón de Plenos la compra del solar de su pelotazo

El alcalde de Galapagar, Daniel Pérez Muñoz, negoció en las dependencias del Ayuntamiento que preside las condiciones urbanísticas de la parcela que compró por 66.550 euros y revendió, cuatro años después, por el doble: de este modo, dio un pelotazo de 60.000 euros.

En una de las reuniones, Pérez utilizó a un cargo de confianza de su equipo de gobierno para presionar a la promotora que le había vendido el solar, con el fin de ganar 252 metros cuadrados de suelo urbanizable al eliminar las zonas comunes previstas en el proyecto.

OKDIARIO publicó ayer que el primer edil adquirió el solar directamente a los promotores de un proyecto urbanístico que sus técnicos del Consistorio debían supervisar y el propio primer edil aprobar. El terreno comprado adquirió un valor añadido tras obligar el Ayuntamiento a los promotores a una modificación del trazado de las 14 parcelas de la urbanización. El terreno pasó a tener una extensión de 866,96 metros cuadrados útiles, en lugar de los 615 de la opción de compra.

En varias reuniones celebradas en el Ayuntamiento, el regidor popular hizo prevalecer el cargo público que ocupa en el Consistorio para mejorar las condiciones del terreno que había comprado, lo que le permitió obtener una plusvalía del 50% al revenderlo cuatro años después. .

Tal era el interés personal del regidor en este asunto, que llegó a enviar a su entonces concejal de Hacienda, Fernando Arias Moral, a negociar el desarrollo de la parcela a la sede de la promotora que se la había vendido y que debía ejecutar el proyecto de urbanización. Algo que no es, en absoluto, habitual por parte de los responsables de un Ayuntamiento en la tramitación de un plan urbanístico.

Según consta en el Registro de la Propiedad, la promotora MBQ había comprado  a la inmobiliaria del BBVA, Anida, una porción de terreno urbano de 9.774 metros cuadrados situada en el camino de Navaltornera, en Galapagar, destinada a la construcción de 14 chalés.

Los terrenos habían pertenecido antes a la promotora Detinsa, que en 2006 obtuvo la licencia municipal para segregar la finca en 14 parcelas. Sin embargo, la crisis económica hizo que desistiera de ejecutar el proyecto y el banco se quedó con los terrenos.

A través de una persona interpuesta, el alcalde Daniel Pérez realizó el 21 de julio de 2014 la reserva para comprar una de estas 14 parcelas. Aunque no fue hasta dos meses después, el 25 de septiembre, cuando formalizó la compra en una notaría de Torrelodones. El regidor pagó por ella, mediante un cheque del Banco de Santander, 66.550 euros, según consta en el Registro Mercantil.

Apenas dos meses antes, entre mayo y  julio de 2014, la promotora había vendido a otros compradores 12 de las 14 parcelas, de acuerdo con el proyecto de urbanización que había diseñado: como zonas comunes, los terrenos incluían una pista de pádel y estaban atravesados por una calle interior en forma de Y, que permitían canalizar las redes de agua potable, saneamiento, electricidad y gas de todos los propietarios.

De acuerdo con este proyecto de urbanización, al alcalde de Galapagar le correspondía una porción de 615 metros cuadrados de suelo urbanizable, una vez descontada la servidumbre de las zonas comunes previstas.

Sin embargo, antes de formalizar la compra de la parcela que había reservado, el alcalde celebró en el Ayuntamiento una primera reunión con responsables de la promotora MBQ. En presencia del alcalde, la asesora jurídica del área de Urbanismo advirtió a la promotora que el Ayuntamiento sólo concedería la licencia si se eliminaban las zonas comunes previstas en el proyecto de urbanización.

La asesora del alcalde recalcó que el proyecto debía ejecutarse de acuerdo con la licencia de segregación aprobada ocho antes, en 2006, en la que no existían las zonas comunes. Gracias a este cambio, la parcela del alcalde pasaba de tener 615 metros de superficie útil a 867. Casi un 50% más. El regidor popular mejoraba de este modo la rentabilidad de su solar para venderlo, como hizo cuatro años después, por el doble de precio.

Con todo, el alcalde evitó pronunciar en la reunión cualquier palabra que pudiera interpretarse como una presión por su parte: dejó que lo hiciera en su lugar su asesora urbanística y se limitó a asentir y respaldar sus palabras. Pero el resultado fue el mismo, la promotora se vio obligada a aceptar la exigencia del Ayuntamiento, que le amenazaba con no aprobar el proyecto de urbanización, según han relatado a OKDIARIO fuentes municipales y el propietario de una de las parcelas afectadas.

Estos cambios impuestos por el Ayuntamiento obligaron a la promotora a rehacer por completo el proyecto: la empresa tuvo que asumir un coste adicional de 140.000 euros en las obras de urbanización al eliminar la calle interior, lo que obligaba a realizar desde las avenidas colindantes la acometida de todas las redes con tomas individuales para cada uno de los chalés.

Los cambios impuestos por el equipo de gobierno que preside el alcalde Daniel Pérez (con interés personal en el proyecto, como propietario de una de las parcelas) también llevaron a la promotora a firmar con el resto de propietarios un documento en el que aceptaban modificar las condiciones urbanísticas de las parcelas que habían comprado, sin que supusiera un sobrecoste para ellos (que tuvo que ser asumido por la promotora).

Una vez formalizada la compra de su solar, el alcalde Daniel Pérez celebró el 8 de enero de 2015 una segunda reunión con los responsables de la promotora, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, acompañado por su concejal de Hacienda Fernando Arias y, de nuevo, la abogada del área de Urbanismo.

Esta vez, el regidor popular exigió al responsable de la promotora que acreditara que había realizado toda la provisión de fondos para acometer las obras de urbanización, bajo la amenaza de paralizar la concesión de las licencias. El empresario pudo demostrar que había depositado ante notario los cheques abonados por todos los propietarios, para pagar estas obras, según confirman las mismas fuentes municipales.

Pero la reunión resultó especialmente tensa, cuando el promotor reprochó al alcalde que le hubiera citado en las dependencias del Ayuntamiento, para exigirle explicaciones sobre un asunto en el que tenía un interés absolutamente personal.

Tras aquella agria conversación, el Consistorio que preside Daniel Pérez ha puesto todo tipo de trabas a la hora de tramitar el proyecto y conceder las licencias para ejecutar las obras de urbanización –cuyos trabajos se desarrollan actualmente– del conjunto del 14 chalés.

Más aún, después de que el alcalde Daniel Pérez se desprendiera de su parcela el pasado 23 de noviembre de 2018, al venderla por el doble de lo que le había costado: cerró la operación por 126.000 euros, de modo que obtuvo un beneficio próximo a los 60.000 euros al modificar desde el propio Ayuntamiento la edificabilidad de los terrenos.