La Agencia Catalana de Protección de Datos recibió 139 denuncias por el 1-O y las metió en un cajón

APDCAT
La directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT), Maria Àngels Barbarà.

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) recibió a lo largo de 2017 un total de 139 quejas de particulares que denunciaban el uso de sus datos personales en el censo del referéndum ilegal de independencia del 1-O.

En lugar de investigar estas denuncias, el organismo creado por el Parlament difundió, 48 horas antes de la consulta, un comunicado en el que animaba a colaborar con la organización del referéndum ilegal afirmando que quienes formaran parte de las mesas electorales no incurrirían en ninguna infracción ni responsabilidad penal.

Todo ello, a pesar de que la directora de la agencia, Maria Àngels Barbarà Fondevila, había recibido el 13 de septiembre el requerimiento del Tribunal Constitucional que le instaba a impedir cualquier actividad que hiciera posible la celebración del referéndum.  Ahora, Barbarà está imputada ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona como autora de un delito de desobediencia.

Sus abogados han remitido a la juez un escrito de alegaciones en el que intentan justificar que Barbarà no hiciera nada para impedir, como era su obligación, el uso del censo en el referéndum ilegal.

Santi Vidal presumió de robar los datos

Según explican, la APDCAT puso en marcha en enero de 2017 una "auditoría de los servicios de información" de la Agencia Tributaria Catalana, a raíz de las declaraciones realizadas por el juez y ex senador de ERC Santi Vidal, que había sido inhabilitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por participar en la redacción de la Constitución catalana.

En varias conferencias, Santi Vidal presumió de que la Generalitat ya había obtenido ilegalmente los datos protegidos de todos los catalanes, para recaudar sus impuestos a través de su Agencia Tributaria de Cataluña.

El resultado de la auditoría ordenada por Maria Àngels Barbarà fue bastante pobre: la ACPDCAT se limitó a instar a la Agencia Tributaria de la Generalitat a corregir dos pequeñas infracciones en el tratamiento de los datos personales, pero nunca logró aclarar si las declaraciones de Santi Vidal eran ciertas.

No obstante, las palabras del juez independentista provocaron que la Autoridad Catalana de Protección de Datos recibiera durante los meses de febrero y marzo de 2017 un total de 36 denuncias de particulares que advertían de que la Generalitat estaba utilizando ilegalmente sus datos personales. Estos expedientes nunca superaron la "fase de información previa": la APDCAT se limitó a remitir a los denunciantes un acuse de recibo.

El asedio a la comisión judicial

Y lo mismo ocurrió con las 103 denuncias de particulares recibidas, a partir del 18 de septiembre de 2017, por el uso ilegal del censo en el referéndum de independencia del 1-O. También en este caso, los 103 expedientes abiertos por la ACPDCAT nunca superaron el trámite de "información previa".

Los abogados de Maria Àngels Barbarà justifican su inacción alegando que el 20 de septiembre tuvo conocimiento, a través de los medios, de que la Guardia Civil estaba registrando las dependencias de los Departamentos de Economía y Exteriores de la Generalitat, así como las instalaciones del CTTI.

Hasta 40.000 independentistas convocados por la ANC llegaron a congregarse ante la sede de la Conselleria de Economía y mantuvieron retenidos a los miembros de la comisión judicial durante más de 18 horas.

Maria Àngels Barbarà tuvo la intuición de que estos registros ordenados por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer podían tener alguna relación con la organización del referéndum ilegal, así que decidió congelar la tramitación de todas las denuncias que había recibido en relación con el 1-O "para no interferir en una eventual investigación judicial".

Pidió al juez los informes de la Guardia Civil

A finales de aquel mes de octubre, la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos leyó otra noticia en los periódicos que llamó su atención: la Agencia de Ciberseguridad  de la Generalitat (Cesicat) habría llevado a cabo actividades ilegales de recopilación de información y seguimientos a personas opuestas al independentismo.

La directora de la ACPDCAT decidió entonces dirigir un escrito al Juzgado de Instrucción número 13 para pedir que le facilitara el informe de la Guardia Civil referido a las actividades ilegales del Cesicat. Por supuesto, el juez Ramírez Sunyer se negó a hacerlo.

Ahora, la situación procesal de Maria Àngels Barbarà no es fácil. No sólo mantuvo una absoluta pasividad tras recibir más de un centenar de denuncias que le instaban a investigar el uso ilegal del censo en el referéndum ilegal.

El organismo que dirige Barbarà emitió además un informe favorable al convenio firmado el 28 de febrero de 2017, que permitió a la Vicepresidencia de la Generalitat utilizar el registro de población del Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT) como censo del referéndum ilegal.

1-O
Fragmento del comunicado que la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) emitió para eximir de responsabilidad a quienes colaboraran con el referéndum ilegal.

Y pese al requerimiento del Tribunal Constitucional, Maria Àngels Barbarà animó veladamente a colaborar con la consulta al difundir una nota de prensa que eximía de cualquier responsabilidad penal o administrativa a quienes participaran como miembros de las mesas electorales el 1-O.

El director del IDESCAT, Frederic Udina Abelló, también ha quedado imputado ante el Juzgado número 13 de Barcelona por revelación de secretos y desobediencia, por facilitar el uso del censo de población para el referéndum ilegal.

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