El cargo que cedió el censo para el 1-O se mofaba del juez: «¡Ya lo sabe hasta el Supremo, jiji!»

La Policía Nacional ya ha logrado acreditar que el director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Frederic Udina Abelló, fue el alto cargo de la Generalitat que cedió ilegalmente el censo de población para celebrar el referéndum de independencia del 1-O.

En el registro de la sede del Idescat realizado el pasado mes de diciembre, la Policía recabó pruebas que demuestran que Frederic Udina no sólo colaboró activamente para facilitar el referéndum ilegal del 1-O, sino también la consulta de independencia del 9-N organizada por Artur Mas en 2014.

Los correos electrónicos intervenidos demuestran que el director del Idescat era consciente de la gravedad de su actuación: «Asumo personalmente toda la responsabilidad», indicó en uno de ellos, dirigido a sus colaboradores. En otro mensaje, Udina se mofaba de la Justicia y bromeaba sobre la posibilidad de tener que responder de sus actos ante el juez: «¡Ya lo sabe hasta el Supremo, jiji!», escribió. Ahora puede acabar sentado en el banquillo, acusado de un delito de revelación de secretos, penado con hasta cinco años de cárcel.

En ambos casos (el 9-N y el 1-O), Udina facilitó a los organizadores de la consulta el censo de población que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remite a la Generalitat cada tres meses, tras actualizar los datos aportados por los Ayuntamientos. Para el 9-N, un colaborador de Udina entregó el censo en mano, en un pendrive encriptado. De este modo, se evitó que quedara cualquier rastro de la transferencia de datos.

Así lo explicó en un correo electrónico un técnico del Centro de Telecomunicaciones y tecnologías de la Información (CTTI) de la generalitat, Luis Anaya Torres: «Una vez estén firmados y publicados los documentos sobre la cesión de ficheros del Registro de Población, quieren la entrega y copia inmediata, se debe hacer de forma segura y con los menores elementos tecnológicos por medio (…) Si los de Idescat no quieren hacerlo en su sede, entonces una persona de ese centro hará la entrega en la sede de Gobernación. La entrega del fichero no puede hacerse mediante la red. Traerán una USB encriptada y se llevarán una doble copia de seguridad».

En cambio, para organizar el referéndum del 1-O el Idescat envió el censo de población mediante un sistema de valija electrónica, a través del servicio que la Generalitat tiene contratado con una empresa de Jaume Roures, Mediapro Cloud. La base de datos transferida, identificada como Registro de Población de Cataluña (RPC), incluía cinco elementos básicos de 5,3 millones de electores: nombre y apellidos, DNI, edad, sexo y dirección.

Frederic Udina dejó constancia de ello en un mensaje dirigido al hombre de confianza de Oriol Junqueras en la Vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové Lladó, encargado de la organización del referéndum: «Me complace comunicarte que el Idescat ha entregado a Daniel Gimeno, jefe del gabinete Técnico, la última versión del Registro de Población de Cataluña, con fecha de referencia 1 de abril de 2017. La entrega de estos datos se hace para el ejercicio de las competencias de vuestro Departamento, en relación al Registro de Participación en Consultas Populares».

A lo largo del mes de julio de 2017, un redactor del diario independentista Ara solicitó reiteradamente una entrevista con el director del Idescat, a través de su gabinete de prensa. Tras el encuentro, el redactor publicó una noticia titulada: «El Govern ya dispone de los datos para elaborar el censo del referéndum».

El mismo día que se publicó la noticia, el 3 de julio, el subdirector de Información del Idescat, Josep Sort Ticó, se la envió a Udina con el siguiente comentario: «Frederic, ¿este es el periodista que llamó tan insistentemente para hablar contigo sobre el tema? Veo que ha recogido bien la información, ¿no?». La respuesta de Udina intentaba aparentar total despreocupación hacia las consecuencias legales de sus actos: «Si, pero a estas alturas ya lo sabe todo el mundo, incluso el Supremo, ¡Ji ji! ¡Y por muchos años!»

También en el caso de la consulta del 9-N convocada por Artur Mas, varios empleados del Idescat se mostraron inquietos al conocer que Sociedad Civil Catalana había denunciado ante el juez la cesión ilegal del censo. Frederic Udina intentó tranquilizarles con un mensaje, en el que les aclaró que había pedido asesoramiento a los servicios jurídicos de la Generalitat y añadió: «Como no puede ser de otra manera, asumo personalmente toda la responsabilidad al respecto».