De Marey a la familia Bárcenas: fondos reservados para pagar secuestros

No es la primera vez que el Ministerio del Interior desvía fondos reservados para perpetrar operaciones criminales. Y no es la primera vez que el departamento gubernamental, que debería velar por la seguridad de todos los españoles, destina ese dinero opaco, aprobado por el Congreso para operaciones antiterroristas y contra el crimen organizado, para financiar la ejecución de un secuestro.

En el caso del falso cura, Interior pagó al mercenario 10.000 euros y le prometió, según resultados, otros 40.000 por el allanamiento de morada y la detención ilegal de la mujer, el hijo y la trabajadora doméstica del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Esa cantidad, sumada al soborno del chófer de Bárcenas con otros 50.000 euros, y el coste del operativo de seguimiento a sus familiares, que implicaba una dotación de más de setenta agente policiales, elevaba la malversación de caudales a varios cientos de miles de euros.

No era la primera vez que se dilapidaba todo ese dinero porque el Gobierno de Felipe González, tras su acceso a La Moncloa, destinó a partir de 1983 decenas de millones de las antiguas pesetas de los fondos reservados a la financiación de la guerra sucia contra ETA y a pagar sobresueldos a los altos cargos de Interior, como se demostró judicialmente en varias sentencias.

Si comparamos el dinero invertido en la misión contra Bárcenas con el destinado a financiar operaciones secretas de crimen de Estado, en las que estaban implicados todos los Cuerpos de Seguridad –Policía, Guardia Civil y el antiguo CESID–, resulta ridículo. Pero en el caso fondos reservados, relacionado con Bárcenas, no se trata del huevo, lo importante es el fuero.

Los sombríos antecedentes del felipismo

Casualmente, hace unos días –el 4 de diciembre–, se cumplían 35 años del secuestro en Hendaya en 1983 de Segundo Marey, un agente comercial francés que nada tenía que ver con ETA pero que un comando de los GAL confundió con un dirigente etarra. Los secuestradores, unos mercenarios galos del mundo del hampa, fueron contratados por la Policía española y pagados con fondos reservados del Ministerio del Interior.

El ciudadano francés permaneció diez días retenido contra su voluntad en una cabaña en el interior de Cantabria, alimentándose a base de latas de fabada Litoral. Tras su liberación, un comunicado de los GAL enviado a Radio Popular de San Sebastián destacaba, cínicamente, su “buena voluntad” para su puesta en libertad y afirmaba que había sido “arrestado” por la “organización” GAL por su “colaboración con los terroristas de ETA”. Algo que era totalmente falso, ya que Marey nunca había colaborado con la banda asesina.

En el asalto al domicilio de Bárcenas sus ideólogos de Interior también esgrimían razones de Estado para ejecutar el plan de la recuperación de tres pendrives por el bien de la estabilidad política de España.

El secuestro de Marey, que significaba la tercera acción de los GAL, tras una sinuosa y complicada instrucción sumarial, sentó en el banquillo a toda la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Felipe González. En 1998, el Tribunal Supremo condenó por secuestro a diez años de prisión al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo; al secretario de Estado, Rafael Vera; y al director de la Seguridad, Julián Sancristóbal, entre otros altos cargos policiales y políticos.

Barrionuevo, condenado por malversación

La condena contra el ex ministro Barrionuevo y sus subordinados también incluía el delito de malversación por el desvío de fondos reservados para la financiación de los GAL. El tribunal sentenciador pudo demostrar que Julián Sancristóbal recibió un maletín con un millón de francos –18 millones de pesetas de la época, unos 108.000 euros–, de los cuales entregó la mitad a José Amedo para su posterior entrega a un comisario francés y a los mercenarios que iban a perpetrar el secuestro. La sentencia daba por acreditado que todo ese dinero llegó al bolsillo de los hampones que secuestraron a Marey.

La sentencia también demostraba que “el enriquecimiento de esos mercenarios (….) estuvo en el propósito de quienes dispusieron indebidamente de los fondos reservados y de sus colaboradores: no se podía conseguir tal secuestro sin que se lucraran las personas que organizaron y realizaron en Francia la inicial acción de privar de libertad a una persona para su posterior traslado forzado a España”.

Los magistrados de la Sala Segunda convenían que la utilización de los fondos reservados para la realización de un delito tan grave como era la detención ilegal de una persona podía ser calificado como una infracción del artículo 432.1 del Código Penal “por concurrir todos sus requisitos”. El delito de malversación del patrimonio público, según el Código Penal, acarreaba una condena de dos a seis años de cárcel.

La gravedad del secuestro de Marey no es comparable al de la familia Bárcenas. El primero sufrió diez días de reclusión y sus captores, tras descubrir su error, sopesaron asesinarlo. Rosalía Iglesias, Guillermo Bárcenas y la criada dominicana sufrieron una hora de agonía, pero durante ese tiempo tampoco tuvieron claro qué podía pasar con sus vidas mientras el falso cura les apuntaba con su revólver modelo “british buldog”. Cuando Guillermo Bárcenas se abalanzó contra él desconocía que las balas de su tambor fueran de fogueo, aunque uno de los cartuchos llevaba pegado una bola de acero que, a corta distancia, podía provocarle la muerte.