Luisa Ortega, Personaje del Año para la Revista Zeta de Venezuela

Ser designado por el Consejo Editorial de Zeta como el Personaje del Año no es explícitamente un reconocimiento. Eso queda a juicio de cada lector. En los últimos años, han encabezado la lista personajes tan variados como el entonces dirigente universitario Yon Goicoechea en el 2007 al ser la cabeza visible del Movimiento Estudiantil, el alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma en el 2008, el director de orquesta Gustavo Dudamel en el 2009, el entonces secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática Ramón Guillermo Aveledo en el 2010, la rectora de la Universidad Central de Venezuela Cecilia García Arocha en el 2011, el entonces vicepresidente de la República Nicolás Maduro en el 2012, nuevamente el alcalde Ledezma en el 2013, nuevamente el Movimiento Estudiantil en el 2014, el entonces presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos en el 2015 y el cardenal Baltazar Porras en el 2016.

Este año, le ha tocado a Luisa Ortega, la Fiscal General que se alzó contra el régimen. Aunque parezca que sólo se rebeló contra la dictadura hace pocos meses, lo cierto es que lleva años deslindándose del proceso autodenominado como revolucionario y hoy no tiene reparos en aceptar que debió alzar su voz antes.

Asegura ser una mujer estrictamente de leyes y ésa sería la razón por la cual se mantuvo alejada de los micrófonos, dejando que la Justicia siguiera su curso independientemente del tinte político. Podemos estar o no de acuerdo con eso, pero lo cierto es que tiene al madurismo temblando con su posición actual.

Tras escapar de las garras del Sebin, fue a dar en Bogotá, pero no está sola. Con ella está buena parte de su equipo en el Ministerio Público, un grupo de funcionarios leales y preparados. Otra buena parte permanece en Caracas, agazapados para que la gestión fraudulenta de Tarek William Saab no los descabece, pero informando a la legítima Fiscal General de las andanzas del régimen en cuanto a la justicia.

Ortega movió los cimientos del régimen cuando se alzó públicamente el 31 de marzo ante el intento del Tribunal Supremo de Justicia de tomar por decreto las funciones de la Asamblea Nacional (AN). Su posición dio fuerza y legitimidad a las protestas que sacudieron al país durante casi cuatro meses. Fue una de las principales opositoras a la celebración de unas elecciones para elegir constituyentistas sin preguntarle primero al pueblo si, en efecto, quería una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Su oposición a ese fraude no fue perdonado por las fuerzas oficialistas, que nada más instalarse en el ilegítimo parlamento paralelo procedieron a destituirla y a nombrar en su lugar al ex Defensor del Pueblo, Saab.

El problema para el régimen es que la mayoría de la comunidad internacional no reconoce a la ANC, por lo que las facultades parlamentarias siguen estando en la AN y la Fiscalía General en manos de Luisa Ortega. De esa manera, no procede la ansiada reestructuración de la deuda sin que el legítimo Poder Legislativo lo apruebe y Ortega es recibida por sus colegas de distintos países para articular investigaciones en materia de corrupción, lavado de dinero, crímenes de lesa humanidad, violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) y demás yerbas con las cuales experimenta el régimen.

Lejos de las tenazas maduristas, la Fiscal General tiene en sus manos casos de corrupción de grandes dimensiones como los de Odebrecht, el Arco Minero, PDVSA, el Banco de Andorra, entre otros. Además, denunció ante la Corte Penal Internacional de La Haya a Nicolás Maduro y a seis generales por crímenes de lesa humanidad y violación a los DDHH. Es decir, contribuye decisiva y determinantemente al cerco internacional efectivo contra el poder de facto venezolano.

Sin desmerecer el trabajo de dirigentes demócratas que han creado conciencia política mundial sobre la crisis venezolana, son las pruebas del quebrantamiento de la legalidad, evidenciadas a nivel mundial, las que harán efectiva esa preocupación mundial por la crisis del país sudamericano.

Los orígenes de Ortega

Ortega Díaz nació en Valle de la Pascua, estado de Guárico, el corazón agrícola venezolano ubicado en los llanos de la región central, el 11 de enero de 1958. Es abogada de la Universidad de Carabobo, con especialización en derecho penal en la Universidad Santa María y en derecho procesal en la Universidad Católica Andrés Bellos. Antes de ingresar al Ministerio Público en 2002, fue consultora jurídica de Venezolana de Televisión, el canal del Estado venezolano.   

El 13 de diciembre de 2007, fue designada como Fiscal General por la Asamblea Nacional, en ese entonces con mayoría chavista. Fue ratificada en su cargo para otro período de siete años el 22 de diciembre del 2014, también por un parlamento oficialista. Sin embargo, el mismo régimen la destituyó el 05 de agosto de 2017 a través de un decreto promulgado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.

Su última gran investigación desde la sede del Ministerio Público en Caracas fue la de todos los crímenes de lesa humanidad y violaciones de los Derechos Humanos perpetrados por el Estado venezolano durante el lapso 1958-1998 por razones políticas. Lo hizo desde su posición como presidente de la Comisión por la Justicia y la Verdad, cargo en el que fue juramentada el 27 de febrero del 2013.

Su cercanía al chavismo es innegable, pero su simpatía con el Palacio de Miraflores se termina cuando fallece Hugo Chávez y es sustituido por Nicolás Maduro, quien intentó por todas las vías maniobrar para sustituirla al frente del MP.

Entonces, tampoco se puede negar que Ortega Díaz es un personaje de la izquierda democrática que acompañó a Chávez porque genuinamente creía en esos principios. Ese grupo fue perdiendo influencia en la administración gubernamental a medida que la corrupción fue pervirtiendo los ideales y que aventureros sin convicciones se adueñaron de las sillas alrededor de un presidente sin formación ni equipo cuya psique estaba controlada desde La Habana.