El cultivo de coca en Colombia sube a niveles históricos y la paz se convierte en turbio negocio

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Plantadores de coca en Colombia, un negocio en alza. (Getty)

Colombia cree que se acerca la paz e imagina que con el fin de la narcoguerrilla de las FARC terminará la producción de cocaína, se ilusiona con que de este modo dejará de haber muertes, extorsiones, crímenes y ajustes de cuentas, corrupción, sobredosis y delincuencia organizada que capta a los jóvenes a cambio de dinero fácil. Eso cree Colombia. Pero no. Los cultivos de coca crecen a nivel exponencial según las cifras oficiales de la ONU y los informes de la Agencia de Drogas de Estados Unidos.

Y, es más, la paz se está convirtiendo en un negocio en Colombia. Un negocio turbio cruzado por acusaciones, contratos poco justificables, firmados para el beneficio de los mismos funcionarios o altos cargos que negocian o, como ya publicó OKDIARIO, a favor de empresas de los líderes de opinión del país.

Extracto del informe de la Oficina del Control de Drogas de la Casa Blanca.

En el momento en que todo el mensaje dominante es que se acaban las FARC y con ellas el conflicto de la narcoguerrilla en Colombia, en los meses en los que todos los días Juan Manuel Santos tuitea desde el Palacio de Nariño que cada vez queda menos para firmar con el terrorista Timochenko, cuando se cierra la semana en la que el comisionado para la paz Sergio Jaramillo ha visitado España para colocar los argumentos oficiales y todos entienden que eso significa el fin de Colombia como la mayor fábrica de cocaína del mundo, en ese momento, la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca ha advertido de que este año serán 159.000 las hectáreas cultivadas en el país andino, la cifra más alta desde 2001, un año en que las narcoguerrillas acabaron con 376 personasen masacres y asesinatos selectivos.

La ONU ya publicó en su informe sobre drogas de 2015 que el ritmo de decrecimiento de los cultivos de coca se frenó en los últimos años y que ya en 2014 subieron un 44% las hectáreas dedicadas a la planta precursora de esta droga en Colombia. En un solo año.

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Hectáreas dedicadas al cultivo de coca en Colombia, según la ONU.

Entretanto, Jaramillo ha insistido en que «la paz está cada vez más cerca» durante las últimas semanas de gira por Estados Unidos y Europa, y esta semana en sus reuniones con líderes políticos en España. Y que hay cesiones que son necesarias, como la «Justicia transicional» para que no se apliquen los parámetros penales normales a los narcoterroristas que dejen las armas. Se convierten en delitos políticos el narcotráfico y los secuestros; y los guerrilleros con delitos de sangre evitarán la cárcel con sólo confesar. Es precisamente ese punto el que más rechazo está provocando en los ciudadanos, que sólo apoyan en un 13% a su presidente Juan Manuel Santos.

Son sus conversaciones de paz, iniciadas en 2012 –justo el año en que se detuvo la reducción de cultivo de cocaína– las que deberían servirle como aval, y sin embargo cuanto más se acerca la paz peor opinión tienen los votantes de su presidente.

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Las FARC piden asignación directa de escaños en las cámaras de representación colombianas.

Quizá tenga algo que ver con eso los mensajes que insisten en que «es la impunidad que ofrece esa llamada Justicia transicional la que está animando a los narcoguerrilleros a hacerse fuertes y a ampliar los cultivos y la violencia». La oposición del político mejor valorado de Colombia, el ex presidente Uribe, a que su sucesor se siente a la mesa y estreche la mano de los terroristas genera una paradójica la situación: Santos fue reelegido hace sólo año y medio y nadie lo quiere. Uribe y su Centro Democrático (CD) no concitan mayorías en las urnas, pero llenan las calles de afines descontentos con la gestión de Santos.

En los últimos meses el enfrentamiento entre santistas y uribistas ha llegado al plano personal, implicando a las instituciones en la batalla. Santiago Uribehermano del ex presidente ha sido detenido acusado de haber fundado el grupo paramilitar ‘Los Doce Apóstoles’ y permanece bajo custodia desde hace más de un mes a cuenta de unas acusaciones antiguas de décadas y dos veces sobreseídas por falta de pruebas.

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Jaramillo (izqda.), en la delegación de Santos (centro) con las FARC en La Habana. (AFP)

Uribe ha contestado acusando al Gobierno de manipular a los jueces y fiscales y de comprar a la prensa con jugosos contratos para que apoyen el plan de paz. Así, hace dos semanas desveló contratos del columnista Daniel Coronell con el Ministerio de Defensa, y contactos de otro opinador, Yohir Akerman, con la guerrilla del ELN.

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Contratos del Gobierno colombiano con la Fundación Ideas para la Paz, de Jaramillo. (Click para ampliar)

Y ahora, a la ofensiva internacional de Jaramillo por Europa para vender el proceso de paz, ha contestado el CD con la publicación de contratos de su fundación ‘Ideas para la paz’ con el mismo Gobierno que le tiene encomendada esa paz. Son subvenciones y convenios de su fundación y suyos a nivel personal por valor de 11.500 millones de pesos (unos 3,5 millones de euros).

De hecho, Jaramillo sería el mayor contratista beneficiado por los fondos que el Gobierno Santos dedica a las instituciones que apoyan el proceso. En concreto, los millonarios contratos incluyen asesorías y la ejecución misma de las actividades del propio comisionado. Lo que correspondería a contratos que superan cada uno hasta más de 5.500 millones de pesos (1,7 millones de euros).

Además, Álvaro Uribe y sus partidarios denuncian que, como se aprecia en el documento, el objeto por el que se suscribe el contrato y a lo que se obliga el beneficiario es extremadamente ambiguo: «sistematización, procesamiento, análisis y socialización de las propuestas de la sociedad Colombiana respecto a los diálogos de paz que el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) adelantan en la Habana, Cuba, con el fin de fortalecer la posición de la delegación del Gobierno y lograr una mejor comprensión y un estímulo de la participación ciudadana en los diálogos».

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