«La constitución colombiana ha muerto», denuncia la oposición a Santos, que niega un nuevo plebiscito

En contra de lo que indica la lógica democrática, Colombia no será convocada a un nuevo plebiscito para refrendar el segundo acuerdo alcanzado por el Gobierno y las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Así lo ha confirmado este miércoles Juan Manuel Santos, de visita en España. El primer pacto fue rechazado por votación popular el pasado 2 de octubre y el actual sólo se ha votado de en las dos cámaras del Congreso colombiano.

Pero hay más, este martes la Corte Constitucional ha validado el proceso de urgencia, denominado ‘fast track’ en el país latinoamericano, que permitió a Santos reducir los tiempos y los debates para pasar la nueva versión de los textos que rechazan más de la mitad de los colombianos e incorporarlos al ordenamiento jurídico del país.

Así, este mismo miércoles, el flamante premio Nobel de la Paz, ha iniciado una ronda de entrevistas en España en las que está explicando su decisión no volver a someter al dictado de las urnas la salida que ha pactado con los narcoterroristas. Unos criminales que han causado más de 230.000 muertes en los 52 años de asesinatos, secuestros y extorsiones, además de la desaparición de no menos de 60.000 personas y el desplazamiento interno de seis millones de colombianos que tuvieron que abandonar sus tierras.

Santos ha mostrado su rechazo a hacer un nuevo plebiscito porque, según sostiene, esto sería «polarizar de nuevo a la población colombiana» y como jefe del Estado considera que tiene que evitarlo. En una entrevista realizada por Susanna Griso en el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, Santos ha reconocido que ha «aprendido la lección» de no hacer un referéndum «cuando es innecesario».

Sin embargo, una de las ‘víctimas’ de su proceso de paz, el destituido procurador general de Colombia Alejandro Ordóñez, ha denunciado públicamente que «la Constitución de 1991 ha muerto». Es más «los colombianos deben prepararse para defender la libertad y sus derechos», porque ni siquiera Hugo Chávez tuvo tanto poder para destruir Venezuela». Ordóñez ha acusado a la Corte Constitucional de haber tomado «una decisión política y no jurídica» al aprobar el ‘fast track’ «producto de la amenaza de las FARC».

Según Ordóñez, «la Corte ha reemplazado al pueblo, se ha invertido el principio democrático de que le pueblo es soberano y está por encima del Congreso». Apunta el prestigioso jurista que esta decisión «profundiza la polarización y dificulta la reconciliación nacional». Y cree que esta paz «es un camino disfrazado hacia la dictadura». 

Paz con prisas por la amenaza terrorista

No es un argumento desdeñable, pues el propio Santos ha admitido en numerosas ocasiones que «el alto el fuego con las FARC es muy endeble», y de hecho, tras ser prorrogado, éste expira el próximo 31 de diciembre. Las prisas por sacar este nuevo acuerdo, negociado en mes y medio –en contraste con los seis años que se demoró el primero–, han llevado a que el partido del ex presidente Álvaro Uribe, el Centro Democrático (CD), se ausentara de las votaciones «para no participar en una decisión que podía ser declarada ilegal», según fuentes del  CD.

Finalmente, la Corte Constitucional ha aprobado el procedimiento, causando –esto sí– la polarización en la sociedad colombiana que Santos decía tratar de evitar.

Y es que la mitad de los votantes –hay que recordar que el resultado del plebiscito fue muy ajustado, con un NO del 50,2%– ahora se sienten engañados porque no han visto demasiados avances en los nuevos acuerdos respecto a sus reivindicaciones. se mantiene la elegibilidad política y la práctica impunidad de los narcoterroristas con crímenes de lesa humanidad.

Además, el «diálogo nacional» que se abrió en los días posteriores al plebiscito fue «traicionado» por las conversaciones paralelas que los negociadores del Gobierno seguían manteniendo en La Habana con los líderes de las FARC.

Santos, de visita en España, después de recibir la semana pasada el premio Nobel de la Paz en Oslo, ha admitido que «es mucho más difícil hacer la paz que la guerra» porque es necesaria «más habilidad y perseverancia» e implica «aprender a perdonar y cambiar los corazones».

El mandatario colombiano también ha evitado retomar la discusión dialéctica Uribe: «No quiero polemizar con Uribe, sino implementar los acuerdos», ha destacado, al atribuir a razones políticas muchas de las críticas que ha recibido durante el proceso de diálogo con la guerrilla.

Ha añadido que, en su opinión, el nuevo acuerdo tiene el apoyo «de la inmensa mayoría» de los colombianos, aunque ha reconocido que hay un sector que son los del «nunca» estarán de acuerdo. «Hay que convivir con ellos», ha matizado al respecto.

Y sobre su constante caída de popularidad –Santos, pese a haber logrado este acuerdo es el presidente peor valorado de la historia democrática de Colombia y Uribe sigue pareciendo en todas las listas como el político con más apoyo–, considera que nunca ha gobernado «para estar bien en las encuestas» y que «si hubiera pensado en la popularidad no lo habría iniciado [el proceso de paz]».