El ‘caso Noriega’: los aterradadores precedentes que teme Maduro y la gran diferencia

La detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero hace recordar, inevitablemente, la histórica captura del general panameño Manuel Antonio Noriega, ocurrida hace más de 36 años. Ambos casos se refieren a líderes acusados de orquestar redes masivas de narcotráfico hacia Estados Unidos. Ambos han sido capturados mediante acciones militares en su territorio nacional.

Estos hechos plantean paralelismos inquietantes en el proceso judicial al que ahora se enfrenta el narcodictador Maduro. Sus abogados miran con lupa el devenir judicial del panameño Noriega, según se pudo ver en la vista de este lunes en Nueva York por dos frases de Maduro:

• «Todavía soy el presidente de Venezuela»
• «Soy un prisionero de guerra»

Maduro, al igual que Noriega en su momento, ha sido acusado por fiscales federales de encabezar una organización criminal que utilizaba el aparato estatal para inundar el mercado estadounidense con toneladas de cocaína. La operación que sacó a Maduro de Caracas fue un operativo militar preciso y quirúrgico, poco similar a cómo Noriega fue extraído tras la invasión estadounidense conocida como «Causa Justa» en 1989.

Los defensores de Noriega argumentaron vigorosamente que la intervención violaba normas internacionales, atentaba contra el debido proceso y que su cliente gozaba de inmunidad como jefe de Estado. Es previsible que el equipo legal de Maduro recurra a tácticas parecidas, cuestionando la legitimidad de su traslado forzado a suelo estadounidense y alegando protecciones soberanas.

En el precedente de Noriega, tales objeciones fueron desestimadas: fue procesado en Miami, declarado culpable en 1992 y sentenciado a cuatro décadas de cárcel. Un elemento decisivo fue que los jueces estadounidenses evitaron pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de la captura de Noriega en Panamá; es decir, el tribunal ni siquiera entró a valorar si se había violado el derecho internacional.

Éste fue un factor clave, ya que el tribunal estadounidense se negó a considerar la legalidad de la invasión en sí. «Los tribunales federales sostuvieron que la forma en que un acusado es llevado ante un tribunal estadounidense —incluso por la fuerza, incluso desde suelo extranjero— no anula la jurisdicción penal», recuerda Clark Neily, del think-tank Cato Institute, citado por la CNN.

Los fiscales podrían apoyarse en opiniones legales pasadas, como el memorando de 1989 de William Barr, que defendía la autoridad presidencial para ordenar detenciones fuera de las fronteras de EEUU, aun contraviniendo normas internacionales.

Lo más complejo para la acusación girará en torno a la posible inmunidad de Maduro, ya sea por su estatus como líder extranjero o porque los actos imputados podrían interpretarse como funciones oficiales. En el fallo contra Noriega, los tribunales decidieron de que no merecía tal protección, dada la ilegalidad manifiesta de sus liderazgo y la falta de reconocimiento pleno a su gobierno.

Hay otra clave paralela es la posible consideración de prisionero de guerra. Tras la condena de Noriega en 1992, un juez federal dictaminó que el dictador era un prisionero de guerra, por lo que debía gozar de ciertos derechos en prisión. Es quizá por esta razón que Maduro esgrimió esa consideración este lunes ante el juez, con la esperanza quizá de gozar de ciertos beneficios penitenciarios.

Sin embargo, surge al menos una diferencia relevante con respecto al caso Maduro. Su estatus jurídico: mientras Noriega era un caudillo militar sin legitimidad plena, Maduro llegó al poder tras los comicios de 2013 inicialmente aceptados por EEUU, y su régimen ha mantenido cierto reconocimiento parcial. Esto podría abrir vías para reclamar una inmunidad forzando reinterpretaciones del derecho consuetudinario.