Uribe denuncia un “montaje” tras ser citado por “fraude” y por llamar “terrorista” a un terrorista

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Juan Manuel Santos, en su toma de posesión como presidente, el 7 de agosto de 2010, con Uribe al fondo.

El Tribunal Supremo de Colombia ha citado este martes 31 de julio al ex presidente Álvaro Uribe a declarar en el marco de una audiencia de conciliación tras la denuncia que presentó Manuel Garzón, abogado y ex candidato de la FARC —el partido nacido de las autodenominadas Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC)—, por haberse referido a él como “terrorista” en el marco de una investigación contra su hermano, Santiago Uribe.

Desde que comenzó la investigación contra Santiago Uribe, el ex mandatario ha insistido en que se trata de un “montaje judicial” y una “persecución política”, según ha informado el diario local ‘El Espectador’.

De hecho, Uribe se vio obligado el pasado martes a renunciar a su acta de senador —después de haber sido el más votado de toda Colombia en las legislativas del pasado mes de marzo— dado que se había abierto otra investigación contra él, en este caso por “fraude procesal”. El caso por el que se le citaba era una supuesta “manipulación de testigos” en un caso en el que el ex mandatario pasaba de acusador a acusado.

Seguidores de Uribe —quien presidió Colombia desde 2002 hasta 2010 y aun hoy es el político mejor valorado del país— han convocado movilizaciones por todo el país bajo el lema de ‘Lo que es con Uribe es conmigo’. El propio presidente electo, Iván Duque, que tomará posesión de su cargo el próximo 7 de agosto, ha defendido la “rectitud” de su líder en el Centro Democrático (CD) y mentor, para el que trabajó como jefe de gabinete durante varios años.

Precisamente, es en los últimos estertores de la Presidencia de Juan Manuel Santos en los que se ponen en marcha estos procesos contra su predecesor y archienemigo. Fuentes del CD han declarado a OKDIARIO que “no es casualidad” que esto esté ocurriendo y que ya se temían que “éste fuera el último ‘regalo’ de Santos al presidente Uribe, a quien ha perseguido después de traicionar” durante sus ocho años en la Casa de Nariño, sede de la Presidencia colombiana.

Con la renuncia de Uribe, máximo dirigente del CD que apoyó la candidatura de Duque, la organización política pierde a su principal líder en la Cámara en donde el nuevo mandatario buscará impulsar decisivas reformas económicas, sociales y al acuerdo  de Santos con los narcoterroristas de las FARC.

Ésa ha sido precisamente la batalla ideológica principal entre Santos y Uribe. Los acuerdos, auspiciados por la dictadura cubana de los Castro y apoyados por la tiranía venezolana de Nicolás Maduro, fueron rechazados en plebiscito por los colombianos el 2 de octubre de 2016 y, sin embargo, Santos los hizo refrendar en el Congreso colombiano sin apenas debate público.

Duque, un abogado experto en economía de 41 años, respaldado por su partido, busca —entre otros cambios anunciados a los textos— que los ex guerrilleros desmovilizados de las FARC, acusados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, respondan primero ante la Justicia antes de ocupar cargos políticos.

Este último proceso, el que acusa a Uribe de llamar terrorista al abogado de  los terroristas de las FARC nace de una publicación en Twitter —donde el ex presidente es muy activo— del pasado enero. Entonces, Uribe colgó una imagen en la que aparecía Garzón, quien era entonces candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá de la FARC, con el siguiente texto: “Parte de participación de terroristas en falaces acusaciones contra mi hermano”.

Por su parte, Garzón respondió: “Esperemos que la JEP, la CEV y la justicia ordinaria desvelen lo ocurrido en tantos años de violencia y establezcan responsabilidades. No caeremos en sus provocaciones ni su odio. La guerra terminó“, refiriéndose a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sin embargo, Garzón sí cayó en la ‘provocación’, pues ha abierto un proceso contra Uribe, que se añade al caso por el que investiga a Uribe y al congresista Álvaro Hernán Prada. Los hechos, según describe el auto, son posteriores al 16 de febrero de este año, cuando ordenó investigar al expresidente por falsa denuncia y presunta manipulación de testigos.

El tribunal cerraba entonces una investigación contra Iván Cepeda, senador del izquierdista Polo Democrático, a quien Uribe había denunciado por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha, y ordenó investigar por los mismos hechos al ex mandatario.

“Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al ex presidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos”, ha señalado el Tribunal en un comunicado.

El Tribunal afirmó en febrero que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos escuadrones no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Uribe y algunos de sus familiares —incluso sus hijos— han sido acusados por sus opositores políticos de supuestos vínculos con paramilitares, en medio de la ‘guerra política’ de quien ocupa aún la Casa de Nariño, que seguía a la que hacía la narcoguerrilla, interesada en las prebendas que le otorgaba la negociación con Santos. En todo caso, hasta ahora nunca ha prosperado ninguna investigación por esos cargos contra el ex mandatario.

Los escuadrones paramilitares de ultraderecha fueron grupos armados ilegales que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla izquierdista.

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