La Fiscalía Europea ya investiga el ‘caso Koldo’: primera reunión con García-Castellón ayer en Madrid

De esta forma, los fiscales Olga Muñoz y Juan José Navas empiezan a planear las diligencias a practicar para saber si puede haber responsabilidades de cualquier tipo en los contratos firmados por los gobiernos socialistas de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, actualmente presidenta del Congreso y ministro de Política territorial, respectivamente.

Al tratarse de compra de mascarillas defectuosas pagadas con fondos de la Comisión Europea, debe ser el Ministerio público comunitario, cuya sede central está en Luxemburgo, el encargado de investigar. Se abre por tanto una instrucción separada a la que lidera el magistrado y antiguo policía Ismael Moreno desde el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Europea empezó a trabajar en 2021 y sigue el modelo de muchos países de la UE, donde son los fiscales los que dirigen las investigaciones judiciales. No obstante, en aras de preservar los derechos fundamentales, corresponde nombrar un juez de garantías que tutela las diligencias a practicar. En este caso le ha tocado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. Se trata de un avezado juez que, además de conocer ahora del caso Koldo, ha trabajo en casos claves en la actualidad española como los casos Tsunami, CDR, Villarejo, Kitchen, Púnica, Lezo, Dina, BBVA y Banesto, entre otros. Se trata de un magistrado inflexible que no ha tenido miramientos a la hora de juzgar a políticos y empresarios de todo signo.

El magistrado deberá ser quien autorice las diligencias que quiera practicar la Fiscalía Europea en el marco de esta investigación. En todo caso, al ser un organismo de nueva creación, todavía no está clara cómo tiene que desarrollarse esa relación entre Ministerio público y juez.

Precisamente, el juzgado de García-Castellón, a través del juez de apoyo Joaquín Gadea, presentó en mayo de 2023 ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que este órgano comunitario determine si como juez de garantías puede o no decidir, en concreto, sobre una citación de testigos en una investigación de la Fiscalía Europea que puede producir efectos jurídicos en terceras personas.

En el caso Koldo, si los fiscales encuentran indicios delictivos en los contratos por el que la Audiencia Nacional ha hecho 20 detenciones, es muy posible que quieran llamar a declarar a investigados y testigos. García-Castellón podría entrar a resolver futuribles recursos de los citados por la Fiscalía comunitaria.

El caso del juez Gadea guarda relación con un procedimiento que dirige la Fiscalía Europea contra dos acusados por delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental. Se trata de dos investigadores que percibieron una subvención europea de 110.000 euros para costes de personal y costes indirectos en un proyecto europeo. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) detectó irregularidades.

Uno de los trabajadores sólo dedicó al proyecto un 10% de lo recibido. Un juzgado de Getafe (Madrid) abrió diligencias e interrogó a uno de los investigados. El caso pasó a la Fiscalía Europea, al ser dinero de la UE, y los fiscales han pedido de nuevo preguntar al beneficiario. Las defensas de los acusados recurrieron ante Gadea esa citación, recurso que los fiscales impugnaron por vía de informe de alegaciones, esgrimiendo que el juez no era competente para abortar esa testifical. Gadea acudió al TJUE constatada la dificultad que supone resolver la impugnación por «la falta de sustento legal». A la espera de respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial, el procedimiento quedó parado.

El juez de apoyo de Castellón consulta a Europa al entender que el decreto del fiscal «podría tener la consideración de un acto procesal que, sin embargo, quedaría exento de la posibilidad de control judicial por recursos». Ante el primer asunto de esa naturaleza que se plantea en España, Gadea aprecia que la citación de testigos por la Fiscalía Europea no puede ser objeto de impugnación, pero a la vez el reglamento del Consejo de Europa establece una cooperación reforzada para ese cuerpo de fiscales europeos que «habilita el control jurisdiccional de los actos procesales de la Fiscalía Europea destinados a surtir efectos jurídicos frente a terceros».

Por su parte, la semana pasada el juez Moreno decidió enviar documentación del caso Koldo a la Fiscalía Europea. En una providencia apunta que, a la vista de la información requerida el 29 de febrero y con el objetivo de que «puedan formar criterio suficiente para determinar el ámbito de sus competencias», da visto bueno a facilitar la documentación requerida. El magistrado entrega los autos de la situación de los investigados, un informe de Hacienda y un atestado policial.