Tribunales

La Audiencia Nacional abre una pieza secreta en el ‘caso Tsunami’ tras la filtración a ‘El País’

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Manuel García-Castellón, juez que instruye la causa contra los independentistas de 'Tsunami'.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha abierto una pieza separada que se tramitará con carácter reservado con el fin de esclarecer la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por parte de las autoridades o funcionarios que hayan podido tener conocimiento de la respuesta de las autoridades suizas a la comisión rogatoria que cursó en el marco de Tsunami. Esta comunicación fue filtrada a El País, que este martes publicó la respuesta del país helvético antes de que la recibiera el juez. El documento pasó previamente por el ministerio de Justicia que preside Félix Bolaños.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también acuerda encargar la investigación a la Guardia Civil en funciones de policía judicial. García-Castellón insta a la unidad investigadora a «eludir cualquier información sobre el curso de la investigación a sus superiores, debiendo reportar directamente de los avances de los de la investigación a este magistrado instructor».

Cabe recordar que el documento firmado por las autoridades suizas está fechado a 29 de diciembre pero el juzgado no recibió el texto hasta ayer martes después de que el diario sanchista publicara su contenido. En la resolución en cuestión, la Oficina Federal de Justicia de Suiza se niega a auxiliar al juez de la Audiencia Nacional para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y para obtener información bancaria relativa a la plataforma porque entiende que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición. El juez pidió colaboración a Suiza para seguir investigando la causa.

La apertura de la pieza separada llega tras el escrito presentado a primera hora de la mañana por la Fundación Dignidad y Justicia que proponía investigar la filtración. «Dada la gravedad de los hechos y las consecuencias que tienen para el buen fin de la presente instrucción, así como porque los hechos puestos de manifiesto pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de secretos, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, esta parte solicita que por parte del Juzgado se proceda a abrir una investigación para determinar de qué manera han ocurrido los hechos», señala en el escrito de súplica al que ha tenido acceso este periódico.

El juez responde a Suiza

Al margen de la investigación de la filtración, Manuel García-Castellón ha respondido a las autoridades suizas que se niegan por el momento a colaborar en la instrucción llevada a cabo en la Audiencia Nacional. El juez ha dictado un auto en el que responde a las autoridades suizas que los tratados internacionales suscritos por ambos países prohíben rechazar la solicitud de asistencia judicial en base a motivos políticos en causas en las que se investigan delitos de terrorismo.

Además, el juez de la Audiencia Nacional considera que es «llamativa» la solicitud de explicación que figura en la comunicación suiza en relación con las posibles consecuencias de una Ley de Amnistía en relación con la petición del juez. Indica que en la comunicación recibida por las autoridades de la Confederación Helvética se insta a este instructor a dar «explicaciones» sobre una ley que «se está preparando» de la que la autoridad de ejecución ha tenido conocimiento «por la prensa».

Manuel García-Castellón también ha mostrado su disconformidad sobre que su petición para seguir investigando Tsunami tenga un trasfondo político, tal y como señala el país helvético en su respuesta. El juez de la Audiencia Nacional ha calificado de «incoherente» dicho planteamiento.

«Debe subrayarse en la respuesta a Suiza la incongruencia que se advierte en la redacción de la petición, pues, de un lado el remitente refiere un pretendido trasfondo político de la solicitud de cooperación judicial y simultáneamente el remitente se interesa llamativamente sobre una cuestión de naturaleza eminente política ajena al estricto marco jurisdiccional en que debe ventilarse esta clase de solicitudes», advierte García-Castellón en el auto consultado por este periódico.

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