Ximo Puig empieza el curso acorralado por dos causas judiciales por las subvenciones a su hermano

Las millonaria entrega de subvenciones por parte del Gobierno de Ximo Puig a su hermano Francis convertirá el próximo curso político en un calvario para el presidente socialista de la Comunidad Valenciana. Dos causas judiciales diferentes acorralan a Puig. Una en la Audiencia Provincial, otra en el Juzgado nº 9 de Valencia. Pero las dos cuestionan unas ayudas a las empresas de la familia de Ximo Puig que suman en total más de un millón de euros.

La Audiencia Provincial de Valencia sigue el juicio oral en el que se encuentra atrapado el Director General de Política Lingüística, Rubén Trenzano, a raíz de la instrucción del Juzgado nº 9 de Valencia, por delitos de falsedad en documento público cometidos al intentar encubrir que la Conselleria no había realizado las actuaciones de control frente a las subvenciones recibidas por la familia de Ximo Puig. El proceso entero se activó gracias a la solicitud del Grupo Parlamentario Popular de la información correspondiente a los necesarios controles.

El siguiente trámite procesal será la celebración del juicio, anunciado para el 28 de septiembre. En este procedimiento Rubén Trenzano tiene la condición de acusado.

Pero no es el único foco judicial. El Juzgado de Instrucción nº 4 de Valencia sigue una instrucción, por delito contra la Hacienda Pública debido al presunto fraude en la concesión de subvenciones, malversación y prevaricación. Y en esta segunda causa ostentan la condición de investigados (tradicionalmente denominados como imputados) Francis Puig -el hermano del presidente valenciano- y, de nuevo, Rubén Trenzano, además de los socios de los hermanos de Ximo Puig, de la familia Adell Bover. En ese procedimiento, el Grupo Parlamentario Popular ejercita la acusación popular y la Fiscalía Anticorrupción ejercita la acusación pública.

Investigación de la Guardia Civil

El Juzgado ha ordenado, entre otras diligencias, que la Policía Judicial de la Guardia Civil investigue las actividades de la empresa de Francis Puig, así como ha requerido documentación de la Agencia Tributaria, de la Agencia Valenciana Antifraude, de varias Administraciones Públicas y del Registro Mercantil.

En el momento actual, se está a la espera de que la Guardia Civil finalice su investigación para que Francis Puig, Rubén Trenzano y los demás investigados declaren. Y todo ello genera un panorama más que complejo para el Gobierno de Ximo Puig.

Los diputados del PP han lanzado, además, acciones judiciales para obtener la documentación relativa a distintas actuaciones por parte de los poderes públicos frente al conglomerado empresarial de Francis Puig y la familia Adell Bover.

Hay que recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana dictó sentencia, que ya es firme, condenando a la Conselleria de Economía a entregar el expediente de la investigación ante la Comisión de Defensa de la Competencia a las empresas del cártel. El mismo Tribunal ha condenado a la Agencia Antifraude a entregar la documentación relativa a las investigación seguida por las subvenciones de fomento del valenciano a Francis Puig. Esa sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo y, finalmente, ganó firmeza al confirmarla la Sala de Casación del TSJCV.

Adicionalmente, el Síndic de Greuges investigó a la Agencia Antifraude por vulnerar los derechos de la diputada que ha solicitado esa documentación, dictando recomendación en el sentido de que debía entregarse la documentación. También ante el Tribunal Superior se siguieron dos recursos contencioso-administrativos frente a la Agencia Antifraude por denegar la entrega de documentación relativa a otra investigación de la Agencia de las subvenciones de la Conselleria de Agricultura a las empresas de Francis Puig. La Agencia Antifraude entregó la documentación, siendo condenada en costas.

Además, el PP tuvo que interponer recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia para obtener de la Conselleria de Economía la relación de pagos efectuados por los entes del sector público a las empresas de Francis Puig y sus socios, reconociéndose finalmente el derecho a obtener esa documentación pese a la negativa inicial y declarándose así en un auto de satisfacción extraprocesal.

Para colmo, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana (CDC) ha sancionado ya a las empresas de Francis Puig y los Adell Bover por constituir un cártel para obtener fraudulentamente contratos de la CVMC. Asimismo, a instancia de la CDC, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado tiene incoado un expediente para imponer una prohibición de contratar a las empresas de Francis Puig y sus socios. Y, según el director de la Agencia Antifraude, la Administración de la Generalitat debería iniciar procedimientos para recuperar más de 500.000 euros en subvenciones obtenidas fraudulentamente por las empresas de Francis Puig y sus socios. Es más, si las respectivas consellerias no actuaran para recuperar dichos importes, podrían incurrir en responsabilidad contable.

Todas las investigaciones actualmente abiertas afectan directa o indirectamente a los hermanos de Ximo Puig -Francis y, también a Jorge-, pero también a su hijo -que se benefició de subvenciones del programa Labora-, a su exmujer -que es socia de las empresas investigadas- y a su padre, que percibía una renta con cargo a las subvenciones.