La Guardia Civil reclama al Sepblac la investigación por blanqueo de las subvenciones de Ximo Puig

El escándalo de las subvenciones de Ximo Puig a su hermano sigue creciendo. Ya ha sentado en el banquillo de los procesados a un alto cargo de la Generalitat. Y ahora la Guardia Civil reclama «el acceso al Fichero de Titularidades del Sepblac», el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales.

La Guardia Civil «está investigando tanto la posible duplicidad de facturas, como la facturación cruzada entre las diversas mercantiles para con ello, presuntamente, inflar los gastos requeridos para la obtención de subvenciones».

La Benemérita no se ha limitado a solicitar esta información del Sepblac. También ha reclamado más información a la Agencia Tributaria y a las propias empresas implicadas, para que aporten su contabilidad y las facturas que puedan estar implicadas en el caso.

La Guardia Civil explica en su documento trasladado al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que «el pasado 10 de febrero tuvo entrada en el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial un oficio judicial dimanante en el que se instaba que se investigara sobre los hechos de la querella y ampliaciones subsiguientes».

«Posible adjudicación fraudulenta»

En ella se investiga «la posible adjudicación fraudulenta a las mercantiles Comunicacions dels Ports S.A., Mas Mut Produccions S.L., Canal Maestrat S.L.; Nova C.B. y Kriol Produccions S.L. de varios tipos de subvenciones».
Se trata del listado de empresas ligadas al hermano de Ximo Puig o que mantienen alianzas con las sociedades de Francis Puig. Y entre esa lluvia de subvenciones con las que ha regado la Administración de Ximo Puig figuran «subvenciones para el fomento del valenciano destinadas a medios de comunicación social: empresas de televisión, radio y prensa; programa de fomento de empleo para la contratación de personas jóvenes cualificadas, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil; subvenciones estructurales para la edición de medios informativos digitales de titularidad privada en catalán o en aranés y ayudas Leader para la realización de operaciones conforme a la estrategia desarrollo local Leader», como narra la Guardia Civil.

Esas ayudas fueran adjudicadas a lo largo de los ejercicios «2015, 2016, 2017 y 2018», añade el informe de la Benemérita. Y se pagaron, no sólo por parte del Gobierno de Ximo Puig, sino también por orden de la separatista Generalitat Catalana y del Gobierno socialista de Aragón.

El escándalo de las subvenciones millonarias de Ximo Puig a las empresas de su hermano sigue, de este modo, avanzando judicialmente. Hay que recordar que uno de los últimos capítulos lo ha protagonizado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ha condenado ya a la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana -dependiente de la Generalitat de esta comunidad- por obstaculizar la labor de control lanzada por el PP: la Agencia pretendió impedir el recurso ante los tribunales de la negación de los expedientes de las subvenciones que la propia agencia valenciana está investigando ante la lluvia de subvenciones a los hermanos de Ximo Puig.

La historia de fondo es contundente. Y ha llevado ya a un alto cargo al banquillo de los acusados. Una providencia judicial ha anunciado el banderazo de salida para el juicio oral contra el hombre clave en este escándalo: Rubén Trenzano.
 El Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento del caso. Pero el juez Miguel Ángel Casañ Llopis ordenó la apertura de juicio oral contra uno de los grandes adjudicadores de subvenciones: el director general de Política Lingüística, el citado Rubén Trenzano.

El PP denunció en su momento que Trenzano había mentido en abril de 2018 al asegurar en una resolución que se había mantenido el debido control en las ayudas concedidas a Mas Mut Producciones y Comunicacions dels Ports, empresas ligadas a los hermanos de Ximo Puig. Trenzano aseguró, igualmente, que no se había cometido ninguna irregularidad en la concesión de esas ayudas.

El juzgado desestimó inicialmente la querella presentada por los ‘populares’, pero la Audiencia Provincial de Valencia admitió el recurso interpuesto por la portavoz adjunta del PP en la Cámara valenciana, Eva Ortiz, y ordenó investigar si el director general de Política Lingüística cometió un delito de falsedad documental.

Investigado Rubén Trenzano

La Audiencia Provincial defendió que «la falta a la verdad en la narración de los hechos -en la que supuestamente incurrió Trenzano al defender que las citadas ayudas habían sido objeto de control- es cuestión que deberá debatirse y dilucidarse en juicio, pero es dato que resulta asimismo acreditado que Trenzano sostiene que no se detectan irregularidades tras la realización de las actuaciones de control exigidas por la legalidad».

Hay que recordar que el PP solicitó 6 años de cárcel e inhabilitación para el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por falsedad documental. El escrito de acusación de los populares señala, de hecho, el papel clave de este cargo del Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra en la concesión de las subvenciones al hermano de Puig.