La Justicia obliga a Ximo Puig a dar la documentación de las concesiones a su hermano en la tele pública

Nuevo varapalo judicial a Ximo Puig. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acaba de exigir a la Generalitat que entregue al PP la documentación relativa a las concesiones de la televisión pública de esta región. En concreto, la información relativa a las concesiones a las que acudieron las empresas relacionadas con el hermano del presidente Ximo Puig.

El tribunal recuerda que «mediante escrito de la portavoz adjunta del Grupo Popular en les Corts Sra. Ortiz Vilella dirigido al presidente de la Cámara, (registrado de entrada el 17 de enero de 2020)» se reclamó «copia íntegra del expediente administrativo en relación con la denuncia formulada por concertación de precios por la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación ( CVMC) contra las sociedades Comunicacions dels Ports SA, Kriol Produccions SL y Canal Maestrat SL».

La referencia a esas empresas es obvia. La primera de ellas es una de las sociedades de Francis Puig, el hermano del presidente. Y las otras dos han sido analizadas por Competencia por un posible caso de amaño en la presentación de las ofertas. De hecho, el Tribunal recuerda que el PP reclamó los expedientes «incluyendo toda la documentación que obre en cualesquiera actuaciones practicadas así como toda la documentación remitida como consecuencia de la asignación por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en fecha de 29 de marzo de 2019, al Servicio de Defensa de la Competencia dependiente de la Administración de la Generalitat 2) El 23 de enero de 2020 el President de Les Corts da traslado de la solicitud al de la Generalitat ( salida el 28-1-2020)».

La sentencia del Superior Valenciano destaca que «el artículo 45 de la Ley 5/1983, de 30 de dic, del Consell, impone proporcionar a Les Corts los datos, informes o documentos que estas precisen, en concreto facilitar la información y documentación en plazo no superior a 30 días, o manifestar las razones fundadas en derecho que lo impidan». Recuerda que, en este caso, además, lo que analizaba Competencia era precisamente «la naturaleza del procedimiento sancionador especial por conductas prohibidas conforme se extrae de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia».

Que entregue la documentación

El Tribunal exige ahora que se entregue esa documentación tras subrayar el PP que bajo «la excusa de proteger la confidencialidad de la documentación, y a la posibilidad de declararla secreta -lo que no ha sucedido- lo pretendido realmente era evitar el control parlamentario, incurriendo en desviación de poder».

Hay que recordar que ya en el mes de febrero la Fiscalía ordenó destapar todo lo relativo al enorme escándalo de 1,2 millones de euros en subvenciones que habían recibido las empresas del hermano de Ximo Puig.

El documento de la Fiscalía ordenaba a la Agencia Antifraude de la propia Generalitat Valenciana entregar ya toda la documentación disponible sobre estas subvenciones y empresas y colaborar activamente en la investigación del entramado de cobro de dinero público percibido por la familia del presidente de esta comunidad, Ximo Puig.

La Fiscalía, ya por aquel entonces, dio la razón a la exigencia de transparencia del PP y señaló que debía entregarse «el expediente de investigación incoado por la Agencia Antifraude incluyendo todas las actuaciones practicadas hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa, con motivo de la presentación de una denuncia sobre supuesto falseamiento de contenidos en la justificación de ayudas públicas para la promoción del valenciano».

Pero lo más relevante es que la solicitud de información afectaba ya, no sólo a las empresas de Francis Puig, sino también a las sociedades Kriol y Canal Maestrat, participadas por los socios del hermano de Ximo Puig, Francis Puig. Hay que recordar igualmente que el juez, Miguel Ángel Casañ Llopis, ha ordenado ya la apertura de juicio oral contra uno de los grandes adjudicadores de subvenciones a las empresas del hermano de Ximo Puig: el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.

El auto de apertura del juicio oral señalaba que «el Ministerio Fiscal, evacuando el traslado conferido de las actuaciones, ha solicitado el sobreseimiento provisional de la causa». Pero, pese a ello, “la acusación particular, en igual trámite, ha solicitado la apertura de Juicio Oral, formulando escrito de acusación contra Rubén Trenzano Juan».

El juez ha decidido proceder «con arreglo a lo dispuesto en el artículo 783.1 de la L.E.Criminal, en su segundo párrafo, a acordar la apertura del Juicio Oral solicitada por la acusación particular, toda vez que, revistiendo -indiciariamente- los hechos caracteres de delito comprendido en el artículo 757, y desprendiéndose de lo actuado méritos suficientes para atribuir tales hechos a persona determinada, que ha sido objeto de acusación, no resulta aplicable el supuesto de sobreseimiento alegado por el Ministerio Fiscal».

Y todo ello se concentra en la concesión de subvenciones a las empresa del hermano del presidente valenciano Ximo Puig.