Ximo Puig destina desde Presidencia 183.000 euros de publicidad institucional a las empresas de sus hermanos

El escándalo de las subvenciones de las empresas de la familia de Ximo Puig va en aumento. El PP acaba de denunciar que Ximo Puig ha destinado desde Presidencia un total de 183.000 euros en publicidad institucional a las empresas de sus hermanos y socios.

La portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Eva Ortiz Vilella, ha denunciado ya que el president de la Generalitat, incumple artículos de la Ley de Incompatibilidades, del Código de Buen Gobierno de la Generalitat y de la Ley de Transparencia en la concesión de subvenciones a las empresas de su hermano, Francis Puig, y sus socios.

Pero ha ido a más. Eva Ortiz subraya que el artículo 4 de la Ley de Incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat «señala que los altos cargos de la Generalitat no podrán desde su departamento adjudicar contratos a sus familiares».

«Puig ha incumplido sistemáticamente este artículo desde su nombramiento, y desde 2015 ha adjudicado desde Presidencia 65.000 euros en publicidad institucional a sus hermanos y 93.000 euros a sus socios», ha indicado. Asimismo, la ‘popular’ destaca que el artículo 17 del Código de Buen Gobierno de la Generalitat, «señala que los altos cargos no podrán participar desde su departamento en la resolución de trámites administrativos relacionados con su entorno familiar». «Puig tampoco cumple este artículo, ya que ha adjudicado desde Presidencia 158.000 euros a sus hermanos y a sus socios», ha indicado.

La portavoz adjunta del PP regional se refiere, por último, al artículo 9 de la Ley de Transparencia de la Generalitat, «que obliga a publicar los costes de las campañas de publicidad institucional desglosando importe, medio y coste». «Puig también incumple ese artículo desde abril de 2019, momento en que el Grupo Popular presenta una querella contra el hermano del president, que está imputado. Sigue siendo así y continúan sin estar publicadas las nuevas campañas de publicidad», ha explicado Eva Ortiz, quien ha trasladado ya preguntas directas a Ximo Puig por si cree «que las leyes no le afectan ni a él ni a sus hermanos».

Los textos trasladados por el PP a Presidencia de la Generalitat Valenciana recogen la siguiente argumentación:
«El artículo 4 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos señala que:
Los cargos públicos de la Generalitat no podrán, desde sus departamentos, adjudicar contratos a empresas de familiares. Usted ha incumplido sistemáticamente desde que fue nombrado este artículo y desde 2015 ha adjudicado desde Presidencia 65.000 euros en publicidad institucional a sus hermanos y 93.000 euros a sus socios».

Añade que «el artículo 17 del Código de Buen Gobierno de la Generalitat señala que: los altos cargos no podrán participar desde sus departamentos en la resolución de trámites administrativos relacionados con su entorno familiar. Usted tampoco cumple este artículo President y ha adjudicado desde Presidencia 158.000 euros a sus hermanos y a sus socios».

También sostiene que «el artículo 9 de la Ley de Transparencia de la Generalitat obliga a publicar el coste de las campañas de publicidad institucional desglosando importes, medios y coste. Usted también incumple este artículo desde abril de 2019, casualmente el mes que presentamos la querella contra las empresas de su hermano imputado. Usted ha seguido adjudicándoles campañas de publicidad, aquí las tenemos, pero no las publica incumpliendo la ley».

Hay que recordar que los intentos de los equipos jurídicos por relajar el escándalo por las subvenciones a la familia de Ximo Puig no fructifican: la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado los recursos presentados por el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, contra el auto en el que se ordena su procesamiento por falsedad documental en el asunto de las subvenciones concedidas a las empresas del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana.

Denuncia interpuesta

La causa contra Trenzano tiene su origen en una denuncia interpuesta por la portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas. El PP denunció en su momento que Trenzano había mentido en abril de 2018 al asegurar en una resolución que se había mantenido un el debido control en las ayudas concedidas a Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, empresas ligadas a los hermanos de Ximo Puig.

Trenzano aseguró, igualmente, que no se había cometido ninguna irregularidad en la concesión de esas ayudas. El juzgado desestimó inicialmente la querella presentada por los ‘populares’, pero la Audiencia Provincial de Valencia admitió el recurso interpuesto por Eva Ortiz y ordenó investigar si el director general de Política Lingüística cometió un delito de falsedad documental.

La Audiencia Provincial expone que «la falta a la verdad en la narración de los hechos -en la que supuestamente incurrió Trenzano al defender que las citadas ayudas habían sido objeto de control- es cuestión que deberá debatirse y dilucidarse en juicio, pero es dato que resulta asimismo acreditado que Trenzano sostiene que no se detectan irregularidades tras la realización de las actuaciones de control exigidas por la legalidad».