El juez manda al banquillo por falsedad documental al hombre clave en las subvenciones de Ximo Puig

El caso de las subvenciones del Gobierno de Ximo Puig a las empresas del hermano del propio presidente valenciano camina a pasos de gigante. Una providencia judicial acaba de anunciar el banderazo de salida para el juicio contra el hombre clave en este escándalo: Rubén Trenzano.

La denuncia que ha llevado a este alto cargo de Ximo Puig al banquillo de los acusados en el juicio oral ha sido la presentada por la diputada ‘popular’ Eva Ortiz. La respuesta ha sido tajante: elevar «la presente causa a la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, como órgano competente para su conocimiento y fallo».

El Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento del caso. Pero el juez Miguel Ángel Casañ Llopis ha ordenado la apertura de juicio oral contra uno de los grandes adjudicadores de subvenciones: el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano.

El caso se centra de plano en la concesión de subvenciones a las empresas del hermano del presidente valenciano Ximo Puig. Y es que los intentos de los equipos jurídicos por relajar el escándalo por las subvenciones a la familia de Ximo Puig no han triunfado: la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado todos los recursos presentados por el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano y ha ordenado su procesamiento por falsedad documental.

La causa contra Trenzano tiene su origen en una denuncia interpuesta por la portavoz adjunta del PP en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz. El PP denunció en su momento que Trenzano había mentido en abril de 2018 al asegurar en una resolución que se había mantenido el debido control en las ayudas concedidas a Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, empresas ligadas a los hermanos de Ximo Puig. Trenzano aseguró, igualmente, que no se había cometido ninguna irregularidad en la concesión de esas ayudas.
 El juzgado desestimó inicialmente la querella presentada por los populares, pero la Audiencia Provincial de Valencia admitió el recurso interpuesto por la portavoz adjunta del PP en la Cámara valenciana, Eva Ortiz, y ordenó investigar si el director general de Política Lingüística cometió un delito de falsedad documental.

La Audiencia Provincial defiende que «la falta a la verdad en la narración de los hechos -en la que supuestamente incurrió Trenzano al defender que las citadas ayudas habían sido objeto de control- es cuestión que deberá debatirse y dilucidarse en juicio, pero es dato que resulta asimismo acreditado que Trenzano sostiene que no se detectan irregularidades tras la realización de las actuaciones de control exigidas por la legalidad».

El auto inicial de procesamiento añadía ya que «esto no pudo ser así cuando el plan de control de las subvenciones se aprobó con posterioridad, el 16/7/2018 y es lógicamente después de esta fecha cuando se inician las actuaciones de comprobación y control. Se contiene no una exposición de opiniones o inferencias de la autoridad firmante, sino una narración de hechos como ciertos, cuando en realidad no parecen serlo».

Hay que recordar que el PP solicitó 6 años de cárcel e inhabilitación para el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por falsedad documental. El escrito de acusación de los populares señala, de hecho, el papel clave de este cargo del Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra en la concesión de las subvenciones al hermano de Ximo Puig.

El escrito subraya el papel decisivo de Trenzano en la trama y señala que «el acusado desestimó una solicitud formulada por D.ª Eva Ortiz (PP)» en la que le pedía «la fiscalización de las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016, para el fomento del valenciano en medios de comunicación social, a las sociedades mercantiles Comunicació dels Ports, S.A. y Mas Mut Produccions, S.L.U.». Ambas sociedades están controladas por el hermano del presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

«El acusado, mediante el acuerdo de 6 de abril de 2018, ordenó no atender la solicitud de la Sra. Ortiz mediante la que se instaba a la Generalitat Valenciana para que fiscalizara la concesión de subvenciones» a las dos empresas citadas, según el texto.

Dicho escrito de acusación contra el hermano de Ximo Puig destaca la tardanza del cargo público en actuar en el escándalo de las millonarias subvenciones recibidas por el hermano de Ximo Puig: «Es decir, en el mes de julio de 2018, meses después del dictado del acuerdo de 6 de abril de 2018, el acusado inició las actuaciones de comprobación de las subvenciones que la ley exigía con inmediata posterioridad al otorgamiento de la subvención (actuaciones de comprobación a las que también se refieren las Órdenes 22/2015, de 19 de noviembre y 48/2016, de 16 de agosto, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana».