El fiscal pide 6 meses más para investigar las subvenciones de Ximo Puig a su hermano por la red de sociedades

El fiscal ha pedido ya la prórroga de la instrucción en el caso de las millonarias subvenciones de Ximo Puig a las empresas de su hermano Francis. El Ministerio Público considera que, debido a la “complejidad de la causa, en la que se investiga la presunta comisión de varios delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental, debe ampliarse el periodo de instrucción otros 6 meses”.

La Fiscalía afirma que el caso reviste una clara complejidad por abarcar “varios ejercicios económicos, desde 2015 a 2018, y varias sociedades beneficiarias de las mismas”.

La Fiscalía señala, en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, que “hasta el momento se han recabado multitud de documentos en las Consejerías de la Generalitat Valenciana y de Cataluña, que deben ser analizados por la Guardia Civil, todavía pendiente de emitir el informe que les fue solicitado en funciones de auxilio judicial”.

Además, el Ministerio Fiscal recuerda que aún están “a la espera de recibir la documentación mercantil requerida a las representaciones procesales de los investigados y la información solicitada a la AEAT, cuyo resultado es posible que revele la necesidad de practicar otras diligencias de investigación”.

La instrucción debía terminar el próximo 29 de julio. Pero la Fiscalía, por todo lo expuesto, pide ampliar ese plazo en 6 meses adicionales.

Las facturas de 5 sociedades

El escándalo de las subvenciones millonarias de Ximo Puig a las empresas de su hermano sigue engordando y cuenta ya con todos los esfuerzos de la Guardia Civil. La Benemérita ha reclamado contabilidad y facturas de Comunicacions dels Ports, Canal Maestrat, Kriol Produccions, TV CS Retransmisiones y Mas Mut Produccions.

Lo más llamativo del oficio de solicitud de esta documentación es que el requerimiento se hace “debido a la imposibilidad de acceder al citado libro diario desde el Registro Mercantil, y resultando esta información necesaria para el esclarecimiento de los hechos”. Por todo ello, la Guardia Civil ha solicitado todo el material de primera mano.

No se trata del primer varapalo por ocultación de información en el escándalo de las subvenciones millonarias de la Generalitat Valenciana de Ximo Puig a las empresas de su propio hermano Francis. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha condenado ya a la Agencia Antifraude de la Comunidad Valenciana dependiente de la Generalitat de esta comunidad por obstaculizar la labor controladora del PP en este asunto: la Agencia pretendió impedir el recurso ante los Tribunales de la negación de los expedientes de las subvenciones que la propia Agencia está investigando ante la lluvia de subvenciones a los hermanos de Ximo Puig.

Desde el PP explican que «la Agencia no sólo no ha querido» darles «los papeles, sino que ha internado boicotear» sus «derechos a reclamarlos y eso implica vulnerar derechos fundamentales de los diputados».

En el banquillo

La historia de fondo es profunda. Y ha llevado ya a un alto cargo al banquillo de los acusados. Una providencia judicial ha anunciado el banderazo de salida para el juicio contra el hombre clave en este escándalo: Rubén Trenzano.
 La denuncia que ha llevado a este alto cargo de Ximo Puig al banquillo de los acusados en el juicio oral fue igualmente presentada por la diputada ‘popular’ Eva Ortiz. El Ministerio Fiscal pidió el sobreseimiento del caso. Pero el juez Miguel Ángel Casañ Llopis ordenó definitivamente la apertura de juicio oral contra uno de los grandes adjudicadores de subvenciones: el director general de Política Lingüística, el citado Rubén Trenzano.

El caso se centra en la concesión de subvenciones a las empresas del hermano del presidente valenciano Ximo Puig. El PP denunció en su momento que Trenzano había mentido en abril de 2018 al asegurar en una resolución que se había mantenido el debido control en las ayudas concedidas a Mas Mut Producciones y Comunicació dels Ports, empresas ligadas a los hermanos de Ximo Puig. Trenzano aseguró, igualmente, que no se había cometido ninguna irregularidad en la concesión de esas ayudas.
El juzgado desestimó inicialmente la querella presentada por los ‘populares’, pero la Audiencia Provincial de Valencia admitió el recurso y ordenó investigar si el director general de Política Lingüística cometió un delito de falsedad documental.

La Audiencia Provincial defiende que «la falta a la verdad en la narración de los hechos -en la que supuestamente incurrió Trenzano al defender que las citadas ayudas habían sido objeto de control- es cuestión que deberá debatirse y dilucidarse en juicio, pero es dato que resulta asimismo acreditado que Trenzano sostiene que no se detectan irregularidades tras la realización de las actuaciones de control exigidas por la legalidad».

Hay que recordar que el PP solicitó 6 años de cárcel e inhabilitación para el director de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por falsedad documental. El escrito de acusación de los populares señala, de hecho, el papel clave de este cargo del Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra en la concesión de las subvenciones al hermano de Ximo Puig.