Las víctimas amplían la querella contra Simón por sus «mortales maniobras informativas»

El director del Centro de Alertas Sanitarias en España, Fernando Simón, vertió «informaciones contrapuestas a su conocimiento del virus y sus consecuencias». Para los miembros de la Asociación Española de Damnificados y Víctimas por el Covid-19 (ADAVIC-19) es «patente el engaño, al que fue sometida la población española en las comparecencias públicas informativas» de Simón.  En un nuevo escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, los cinco abogados de la plataforma de afectados y familiares han ampliado la querella presentada contra el máximo responsable técnico de la crisis sanitaria en nuestro país, por sus «penosas maniobras informativas que han resultado mortales y perjudiciales para la salud de cientos de miles de ciudadanos».

La «gravísima actuación» de Simón en las «comparecencias públicas» para informar «a la sociedad española sobre el escaso riesgo de contagio» del COVID-19, y su «poco impacto socio-sanitario» en España, ponen de manifiesto «ya no sólo la despreciable dejadez en las funciones de prevención» sino, directamente, que «se puso en peligro la salud pública desde las instituciones», asegura la letrada Carolina Mata.

Un comportamiento que «necesariamente concluyó en la propagación descontrolada provocando la masiva infección y transmisión del virus, con el resultado de epidemia, ocasionando cientos de miles de muertes y contagios que pudieron ser evitados junto con el mayor colapso sanitario de la historia de España», apuntan la víctimas en el escrito complementario registrado este martes.

Para ello, se basan en hasta tres informes técnicos -de 4 de enero, 10 de febrero y 6 de marzo- del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que lidera el propio Simón, donde se acreditan «los amplios conocimientos» que éste tenía sobre el impacto y la gravedad del coronavirus, desde el pasado mes de enero.

«De confirmarse dicho extremo», instan desde ADAVIC-19 a la juez para que investigue a Simón, «no sólo ocultó información, sino que expuso de manera pública datos e informaciones contrarias a sus propias conclusiones técnicas». Y todo ello, «con aval del Ministerio de Sanidad», que mantuvo publicados los documentos durante días, en su página web, «si bien, han sido eliminados de la misma sin motivación alguna», aseguran.

Maniobras opacas

«Se han detectado maniobras para hacer desaparecer esos tres informes de la página oficial del Ministerio de Sanidad en donde estaban publicados», sostiene ADAVIC-19 en su nueva exposición de los hechos.

Por su parte, la Guardia Civil ha realizado «un informe tendente a esclarecer la actuación del querellado», Fernando Simón, «con respecto a la gestión de la crisis sanitaria y más en concreto con los actos multitudinarios convocados» entorno al 8-M. El director del Centro de Alertas Sanitarias negó públicamente el peligro de asistir a la convocatoria de las marchas feministas, en contra de los datos de que disponía tal y como «consta en las investigaciones previas» ordenadas por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitirlas.

«Lo que cada vez resulta más palpable es la poca transparencia, el descontrol y las contradicciones que se están poniendo de relieve entre los documentos que salen a la luz pública, que se publican en la página web y después desaparecen y en las manifestaciones vertidas» por Simón en sus «sucesivas comparecencias públicas informativas», denuncian las víctimas.

Instrucción número 34 de Madrid

El Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid ya ha asignado número de diligencias a la querella inicial presentada por la Asociación Española de Damnificados y Víctimas por el COVID-19 (ADAVIC-19) contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, por varios delitos de homicidio, lesiones, prevaricación administrativa y denegación de auxilio.

La magistrada María del Coro Martínez será la encargada de decidir en los próximos días, una vez recibido el preceptivo informe de la Fiscalía, si admite a trámite la causa e investiga la presunta negligencia de Simón al «negar la propagación de la epidemia», con el «propósito político» de alcanzar la fecha del 8-M y que se celebrasen las manifestaciones feministas «del Gobierno del que depende» su cargo.