La Audiencia Nacional frena la expulsión de 180 guardias civiles en Roquetas de Mar que pretendía Interior

La Audiencia Nacional ha anulado la creación de la Comisaría Local de Policía Nacional de Roquetas de Mar (Almería) al considerar que la decisión carece de motivación y se adoptó sin ningún informe o estudio previo que justificara su implantación. La sentencia considera arbitraria la decisión del Ministerio del Interior y abre un nuevo escenario en el proceso de reorganización de las fuerzas de seguridad en el municipio almeriense.

El fallo responde al recurso presentado por la Unión de Oficiales contra la Orden INT/859/2023, que establecía la creación de esta nueva comisaría. La resolución judicial constata que no existía documentación que acreditase la necesidad de modificar el actual modelo policial en Roquetas de Mar ni que explicase las razones concretas para impulsar el cambio.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha celebrado el pronunciamiento judicial y ha vuelto a denunciar la falta de transparencia que, a su juicio, ha rodeado todo el procedimiento. La organización sostiene que el desmantelamiento del Puesto Principal de la Guardia Civil se ha iniciado sin que la Administración haya presentado un análisis que explique por qué resulta necesario sustituir el modelo existente.

La controversia afecta a una unidad con más de un siglo de presencia en Roquetas de Mar y una importante actividad operativa. Según los datos aportados por AUGC, el puesto instruye más de 12.000 diligencias anuales y registra más de 1.000 detenidos, unas cifras que, para la asociación, evidencian el peso que tiene esta unidad dentro del dispositivo de seguridad de la provincia.

«Se está echando a la Guardia Civil por la puerta de atrás, y no es una forma de acabar cien años de servicio en una localidad; el problema de fondo es la opacidad: no se está explicando, ni motivando, ni razonando por qué se cierra, y esta sentencia da fe de ello», ha señalado Víctor Vega Romero, secretario provincial de AUGC en Almería.

La asociación también ha puesto el foco en la situación de los más de 160 guardias civiles afectados por la reorganización y sus familias. AUGC denuncia que los agentes están afrontando incertidumbre sobre sus futuros destinos, con traslados y cambios organizativos que, según sostiene, se han comunicado sin ofrecer un calendario claro.

AUGC pide cancelar el convenio

Tras conocerse la sentencia, la organización ha reclamado al Ayuntamiento de Roquetas de Mar que cancele el convenio de colaboración suscrito con el Ministerio del Interior para facilitar la implantación de la nueva comisaría. AUGC recuerda que se trata de un acuerdo voluntario y considera que el consistorio tiene margen para dejarlo sin efecto mientras se resuelve definitivamente la situación judicial.

La segunda petición se dirige al Gobierno. La asociación exige que se paralice el despliegue de la Policía Nacional previsto en la localidad hasta que exista una resolución judicial firme. El Ministerio del Interior todavía puede recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, por lo que la anulación no es definitiva.

En este sentido, AUGC introduce una precisión jurídica: la sentencia anula el apartado de la orden ministerial que establece la creación de la Comisaría Local, pero no deja automáticamente sin efecto el convenio municipal ni supone por sí misma la supresión de otras decisiones relacionadas con el cuartel y la reorganización de la Guardia Civil.

El precedente del Tribunal Supremo

AUGC sostiene que la resolución de la Audiencia Nacional se suma a otros pronunciamientos judiciales favorables a sus reivindicaciones. En marzo de 2019, el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto 848/2017, que aprobaba el Reglamento de destinos del personal de la Guardia Civil, al apreciar la omisión de un informe preceptivo.

Posteriormente, en diciembre de 2020, el alto tribunal estimó parcialmente otro recurso de la asociación y anuló determinados preceptos que permitían asignar destinos extraordinarios alegando genéricamente necesidades del servicio y sin publicar previamente las vacantes.

A partir de estos antecedentes, AUGC advierte de que también podrían recurrirse los ceses, las supresiones de plazas y las asignaciones de destino que se ejecuten al amparo de la reorganización de Roquetas. Por ello, reclama que se publiquen todas las vacantes disponibles en la provincia y que se evite el bloqueo de plazas en las unidades cercanas, con el objetivo de garantizar que los agentes afectados puedan ejercer efectivamente sus derechos de preferencia.

La asociación insiste en que, mientras no se resuelva el procedimiento judicial, no deberían ejecutarse nuevos traslados ni ceses vinculados a esta reorganización. También reclama que los representantes de los guardias civiles participen en las decisiones que afectan directamente a sus condiciones profesionales y familiares.