Varapalo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a ERC y Junts: el 1-O era un golpe anticonstitucional

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha tumbado los recursos presentados por el independentismo contra las actuaciones del Tribunal Constitucional (TC) ante el referéndum secesionista del 1 de octubre de 2017. Según la institución ubicada en la localidad francesa de Estrasburgo, las medidas que tomó la Corte de Garantías española fueron «lícitas y previsibles» ante los intentos de materializar la independencia de la autonomía. Además, aseguran que los políticos secesionistas «buscaban expresamente eludir los cauces constitucionales», ante lo que reaccionó legalmente el TC.

El exvicepresidente del Parlament, Josep Costa; el secretario primero de la Mesa de la cámara autonómica, Eusebi Campdepadrós, y otras 30 personas habían presentado una demanda contra el Constitucional por la causa que este tribunal abrió contra los miembros de la Mesa del Parlament que, en ese momento, presidía el político de ERC, Roger Torrent.

La decisión de admisibilidad del TEDH sostiene que las medidas que tomó el TC eran «lícitas y previsibles» ante lo que estaba realizando el órgano de gobierno de la Cámara autonómica. Además, subraya que no fueron desproporcionadas, teniendo en cuenta el impacto legal que tendrían las medidas que estaban adoptando las instituciones catalanas. Las acciones puestas en marcha por el Tribunal Constitucional impidieron que la mesa del Parlament pusiera en marcha más medidas para acercar a Cataluña a la independencia ilegalmente.

A ojos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Constitución no puede alterarse por medios diferentes a los que están establecidos en la Carta Magna. Por tanto, consideran que las resoluciones que aprobó el Parlament «buscaban expresamente eludir los cauces constitucionales para la revisión de la Constitución de España con el fin de establecer un Estado catalán independiente y poner fin al estatus de España como monarquía constitucional».

Contra lo «previsto por la ley»

El tribunal de Estrasburgo ha argumentado que el Constitucional actuó conforme a la ley para frenar una serie de acciones que iban en contra de la Constitución española. Tal y como reza la decisión del TEDH, la Carta Magna «no podía modificarse por medios distintos a los previstos por la ley», tal y como estaba intentando hacer el independentismo con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rememora que el Parlament había aprobado una resolución en 2015 para dar el pistoletazo de salida al procés y establecer la «república catalana independiente». Recuerda la decisión del TEDH que la cámara autonómica había adoptado medidas para continuar con el proceso y que, entre ellas, estaba la desobediencia al Constitucional.

Esta era una de las decisiones que la Corte de Garantías declaró inconstitucional y que, por tanto, fueron anuladas. Sin embargo, esto no frenó la aprobación de otras resoluciones similares que contravenían la Carta Magna y que, a su vez, fueron anuladas. Concretamente, el TEDH ha señalado dos que se aprobaron en octubre de 2019 en relación con el referéndum ilegal del el 1 de octubre.

En noviembre de aquel año, el Parlament también aprobó una nueva versión de la resolución «de respuesta a la decisión del Tribunal Supremo sobre los hechos del primero de octubre». En ella, se omitían algunos de los apartados impugnados por el Constitucional, pero mantenía la voluntad del Parlament de ejercer de nuevo el derecho a la autodeterminación.

Después de tomar este tipo de medidas, Costa y Campdepadrós fueron advertidos de que tendría que evitar «ignorar o eludir las sentencias anteriores del Tribunal Constitucional». Por ello, en 2021 se les abrió un proceso penal del que fueron absueltos; aun así, está pendiente de apelación.

El TEDH reconoce que la actuación de la Corte de Garantías perseguía un «objetivo legítimo», que era la protección de la Constitución y rebate de ese modo los argumentos de los políticos catalanes. Los demandantes alegaban que la acción del TC era una limitación de sus derechos.