La UDEF encontró a funcionarios de la Generalitat destruyendo documentos en los registros por malversación

La UDEF encontró a funcionarios de la Generalitat destruyendo documentos en los registros por malversación. La sorpresa de los agentes policiales fue mayúscula al llegar a dependencias de la Generalitat y detectar que había grupos de empleados públicos destruyendo material desde, al menos, minutos antes, de su llegada. La operación buscaba pruebas de movimientos de malversación por un volumen de al menos 10 millones de euros. Una malversación que habría acabado en el 1-O y todo el proceso separatista.

Efectivamente, el material probatorio incautado demostrará la malversación en el caso. Pero los agentes temen que se podría haber encontrado más material probatorio de no ser por la destrucción detectada al entrar en las dependencias oficiales.

La UDEF coordinó desde primeras horas de la mañana del pasado jueves un dispositivo policial de más de 300 policías que efectuó sus registros en Barcelona, Gerona, Falset, Reus, Mataró, Manresa, San Cugat del Vallés y Arenas de Mar. La operación sumó 19 registros en despachos de sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, en la sede de fundaciones y asociaciones (CATmon e IGMAN), en diversas empresas, así como en los domicilios de los principales miembros de la organización, procediéndose a la detención de más de 30 personas, entre ellos Jordi Castells Masanés, entre otros investigados.

La investigación se centra en el posible desvío de dinero público en subvenciones para ayudas en supuestos proyectos en países en desarrollo y presuntamente revelaría que los fondos de tales subvenciones transitaban de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN, CAtmon y la sociedad mercantil Discatimar S.L, para finalmente ser reintegrados en efectivo, destinados a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o a nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama.

En las actuaciones se ha procedido a la detención de Castells Masanés, quien en el momento de la concesión de las subvenciones era director de Relaciones Institucionales de la Diputación de Barcelona y actualmente ocupa el cargo de subdirector general de Cooperación Local de la Generalitat; a la del entonces presidente de la Diputación, Salvador Esteve Figueras; al actual alcalde de Tordera y Diputado Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información de la Diputación, Joan Carles García Cañizares; a Víctor Terradellas Maré, quien fue Secretario de Relaciones Internacionales de CDC, a responsables de PIMEC, así como a otros directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas.

A los detenidos se les atribuye, en principio, la presunta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.