La UCO entrega a la juez un informe de mil folios contra Zaplana sin «datos nuevos y relevantes»

El último informe de mil folios, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de entregar en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, no aporta “ningún dato nuevo y relevante después de seis años de intensas investigaciones”, según Daniel Campos, el abogado de Eduardo Zaplana. La Justicia valenciana investiga al ex presidente de la Generalitat desde 2015 por los delitos de blanqueo de dinero y cohecho, entre otros.

La causa Erial, que se encamina a su cierre -al menos esa es la apariencia que se desprende del último informe de la UCO- fue abierta en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia en 2015 por un supuesto cobro de comisiones en los contratos públicos de las ITV valencianas y el Plan Eólico.

La defensa del ex ministro del Gobierno de José María Aznar se muestra contundente sobre el nuevo atestado de la Guardia Civil -que apenas difiere de los anteriores-, que imputa a Zaplana el blanqueo de 6,5 millones de euros y la posesión de una cuenta en Suiza: “Se trata del reciclado del mismo material ya reutilizado en anteriores informes, que se basa en sospechas, conjeturas y presunciones. Nos parece destacable que, después de seis años de intensa investigación por fuerza policial actuante, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de instrucción, no exista una evidencia directa de que el señor Zaplana participara en las transacciones objeto de investigación o fuera el titular de los activos localizados en extranjero”.

El abogado Daniel Campos se refiere a la cuenta bancaria de Ginebra, a nombre del intermediario uruguayo Fernando Belhot, que el Juzgado valenciano le atribuye al ex presidente autonómico, a pesar de que no se ha podido demostrar el uso y usufructo por parte de Zaplana, familiares o personas de su entorno.

La juez se ha negado de manera sistemática a realizar las diligencias judiciales solicitadas por la defensa de Zaplana para aclarar la titularidad y el estado de la cuenta, tales como un careo con Belhot, que se presenta como su testaferro, o el destino de las transferencias, que sólo benefician al propio Belhot.

Campos solicitó al Juzgado que declararan en la causa las personas que habían percibido dinero de la cuenta suiza para que aclararan si conocían a Zaplana, pero la juez de Valencia, entre otras peticiones, se opuso a cursar la diligencia.

Pruebas inexistentes

Según la defensa del ex ministro de Trabajo, el informe de la UCO “confirma la certeza de lo manifestado por el señor Zaplana desde el inicio de la instrucción acerca de su absoluta falta de participación en la adjudicación de proyectos del PECV o de concesiones de ITV”.

Daniel Campos también insiste en que el ex presidente autonómico “ni tiene, ni ha tenido, activos o fondos fuera de España”. Al menos, en el sumario, según fuentes de la investigación, no existe ninguna prueba que vincule a Zaplana con la cuenta de Suiza, en la que habrían depositados 6,5 millones de euros.

Todo queda sujeto al testimonio del supuesto testaferro uruguayo, Fernando Belhot, que fue imputado por la juez de Instrucción al comienzo de la causa, pero que pasó a la calidad de testigo tras llegar a un pacto con la Fiscalía y el Juzgado para declarar contra de Zaplana. El uruguayo en seis años de instrucción no ha pisado el Juzgado de Valencia, sólo ha declarado en una ocasión por videoconferencia desde Montevideo y nunca se ha sometido a las preguntas de las defensas de los acusados.

Zaplana no ha tenido la oportunidad en los seis años que dura la instrucción de enfrentarse en un cara a cara con la persona que lo llevó a la cárcel el 24 de mayo de 2018, en la que permaneció nueve meses tras haber recibido un trasplante de médula.

Para el letrado de Zaplana, su cliente “no pierde la confianza de que, en algún momento, se le permita acreditar esta realidad mediante la práctica de la prueba de descargo que hasta ahora se le ha negado”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia viene rechazando desde el inicio de la instrucción de manera sistemática las pruebas y los testimonios solicitados por el abogado de el ex presidente de la Comunidad Valenciana. La magistrada María Isabel Rodríguez, en un auto judicial firmado el pasado 30 de noviembre, se opuso a que declararan en la causa el comisario José Villarejo y el empresario Marcos Benavent, conocido popularmente como el ‘yonki del dinero’.

Villarejo manifestó en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la comisión Kitchen que los gobiernos socialistas para los que trabajó durante años espiaron a altos cargos del Partido Popular, entre quienes se encontraban José María Aznar y Eduardo Zaplana. Y añadió: “Había también un interés, no sé por qué, por destruir al señor Zaplana y se utilizó a un informador sirio, que era confidente del CNI”.

Incomparecencia de testigos

Villarejo se refería al empresario sirio Imad Ahmad Al Naddaf, otro de los testigos claves de la acusación contra el ex presidente de la Generalitat valenciana. Naddaf fue la persona que, supuestamente, encontró en la vivienda de Eduardo Zaplana unos documentos que supusieron los cimientos de la causa. Tras el supuesto hallazgo, el siguiente paso fue entregárselos a Marcos Benavent, que los depositó en el Juzgado.

Sobre la solicitud del testimonio de Marcos Benavent, la juez una vez más lo consideraba improcedente, según ella, porque ya había declarado en la causa y porque existían “otros indicios no basados precisamente en la declaración que el mismo prestó cuando la causa ya estaba iniciada”.

La postura de la juez, así mismo, ha sido siempre la de negar cualquier prueba relacionada con el uruguayo Belhot. Daniel Campos ha mantenido que la declaración del uruguayo fue “anómala” y que el supuesto testaferro es el “único que, en contra todas las evidencias documentales, ha servido para vincular a Zaplana con el dinero que transitó por las cuentas de Luxemburgo y Suiza”.

La declaración prestada por Belhot se realizó en fase de investigación y con la causa secreta, lo que imposibilitó a las defensas a presentar preguntas que sirvieran para aclararla naturaleza de su actividad en el caso Erial y su participación en los hechos investigados. El uruguayo declaró que los fondos que transfería a sus cuentas de Uruguay eran entregados a Zaplana en efectivo, pero se desconoce la identidad de las personas que supuestamente entregaron el dinero o la procedencia de los fondos.

Sobre ese asunto, ni la juez de Instrucción ni el Ministerio Fiscal preguntaron a Belhot por esas circunstancias, quizás porque quedaban suficientemente satisfechos con su testimonio de que el dinero era de Zaplana.

En uno de sus escritos, el letrado Daniel Campos se dirigía al Juzgado con las siguientes palabras: “La presente causa ha cercenado cualquier posibilidad de defensa frente a una versión oficial que se estableció hace más de un lustro sobre la base de unos papeles, la pretendida ‘hoja de ruta’. (…) A Zaplana se le viene presumiendo culpable, convirtiéndose esta instrucción en una mera cobertura formal de una imputación creada y decidida a priori. (…) Se trata de llegar a juicio, que avance la instrucción sin participación de los investigados y procurando no practicar ninguna diligencia para que no se llegue a estropear la historia preconstituida”.