El Supremo llama a jueces suplentes para poder dictar sentencias por culpa de la nueva ley del Gobierno

El Tribunal Supremo llama a jueces suplentes para poder dictar sentencias ante la prohibición del Gobierno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para cubrir las vacantes con nuevos nombramientos de magistrados. En los próximos días, dos secciones de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo se quedarán sin el mínimo de cinco jueces exigido por la ley para deliberar y dictar sentencia. El presidente de la Sala tiene ya previsto llamar a togados suplentes de otra sección para resolver los expedientes, algo insólito en la historia del Alto Tribunal. En concreto, estos jueces suplentes serán llamados de la sección primera que decide qué asuntos se admiten a trámite.

Lejos de solucionar el problema, el Gobierno lo agrava. Las Cortes, por iniciativa del PSOE, aprobaron en 2021 una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que prohíbe que un CGPJ sin renovar haga nombramientos discrecionales con el objetivo de forzar al PP y al PSOE a negociar.

La numerosa Sala Tercera del Supremo es una de las más afectadas por la falta de jueces que existe en la cúspide del sistema judicial español. La Ley de Demarcación y Planta Judicial señala que esta sala ordinaria debe estar compuesta por un presidente y 32 magistrados. Sin embargo, actualmente está presidida en funciones y faltan 11 jueces que han causado baja por traslado, jubilación o fallecimiento y cuyo reemplazo no es viable ya que el CGPJ tiene prohibido por el Gobierno hacer nuevos nombramientos hasta que se renueve.

La situación se agrava en febrero con la jubilación de Celsa Pico, que dejará a la Sección Cuarta de la Sala sin el mínimo de cinco jueces necesario para deliberar. Lo mismo ocurre en la Sección Quinta –dedicada, entre otros asuntos, a resolver expedientes de responsabilidad patrimonial– en la que también faltan los jueces necesarios para emitir los fallos. A las jubilaciones también se suman las libranzas o las bajas por enfermedad, que también dificultan que se llegue al mínimo de magistrados para deliberar.

La jubilación de Celsa Pico no es la única que habrá en la Sala Tercera este año. Tras el verano, durante el mes de septiembre, está previsto que el catedrático de Derecho Constitucional y magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Espín cierre su despacho. También a final de año tendrá que jubilarse José María del Riego al cumplir los 71 años de edad. Tanto Espín como del Riego pertenecen a la Sección Tercera, donde se necesitarán a jueces suplentes para poder deliberar.

El déficit en estas secciones ha provocado que se tenga que recurrir a jueces suplentes para poder dictar sentencia. Fuentes consultadas señalan que estos jueces de remplazo son llamados desde la sección de admisiones que deben realizar sus ponencias y, en añadidura, tendrán que resolver los expedientes de otras secciones.

Jueces desbordados

Las nuevas exigencias organizativas han provocado que los togados tengan una mayor carga de trabajo por el mismo salario. Voces consultadas señalan que es habitual que muchos magistrados dediquen el fin de semana o periodos de libranza para adelantar sentencias. Mientras los jueces trabajan cada vez más, el número de expedientes a resolver no desciende. Además, se tratan de procedimientos de la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo cuyos asuntos son engorrosos de solventar.

«Están desbordados, parece que a nadie le importa que falten jueces en el Tribunal Supremo», señalan fuentes consultadas por este periódico, a la vez que lamentan que no exista voluntad de acuerdo entre el PSOE y el PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces y poder así nombrar a nuevos togados.

Vacantes en el Tribunal Supremo

La crisis de vacantes en el Supremo empeora con el paso del tiempo. Los fallecimientos, las jubilaciones y las bajas sin capacidad de recambio están provocando un profundo desánimo entre los magistrados. Las cifras les dan la razón: de los 79 magistrados que debería haber en activo, ya hay 24 vacantes y en los próximos cinco años serán 48.

Las salas donde el déficit es más acuciante son: la mencionada Sala Tercera en la que hay 11 vacantes, la de lo Social donde faltan seis jueces y la de lo Militar con una carencia de tres magistrados. En el caso de esta última sala, el CGPJ ha tenido que tomar cartas en el asunto y convocar comisiones de servicio entre miembros del Cuerpo Jurídico Militar para cubrir con suplentes profesionales las vacantes que ya alcanzan la mitad de las plazas.

El presidente de España, Pedro Sánchez, necesita imponer su mayoría política en el órgano de gobierno de los jueces porque así influiría en el nombramiento de más de la mitad de los magistrados. Si Sánchez consigue renovar el CGPJ podría controlar al Supremo porque elegiría a 48 de sus 79 jueces. Sin pruebas fehacientes de que vaya a hacerlo, los jueces del Supremo resisten sin un tercio de la plantilla mientras las casaciones no dejan de llegar a Salesas.